Golpe al Santander: Ana Patricia Botín podría indemnizar a las 'víctimas' del Popular

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tomado una decisión clave para miles de inversores. Ha determinado que el  Banco Santander  debe hacerse cargo de las demandas judiciales contra el Banco Popular si estas fueron presentadas antes de su resolución en junio de 2017.

Este fallo beneficia a personas que, como un inversor que compró bonos convertibles en 2009, demandaron al Popular en 2016 por "mala comercialización". Como la demanda fue previa al colapso, el TJUE considera que el Santander sí debe responder. El banco tenía que haber previsto estos litigios en su contabilidad antes de comprar el Popular.

No contradice fallos anteriores

Este fallo no se opone a decisiones anteriores del TJUE. En el pasado, el tribunal limitó el derecho a reclamar a quienes presentaron demandas después de la resolución del banco. Entonces se priorizó la estabilidad del sistema financiero.

Pero este nuevo caso es distinto. Habla de demandas que ya estaban en marcha. Ignorarlas sería una violación al derecho a la tutela judicial efectiva. Además, según el TJUE, las entidades cotizadas deben reflejar estos riesgos judiciales en sus cuentas. No se trata de sorpresas ni cargas nuevas. Son responsabilidades que ya existían y eran medibles.

Una operación controvertida

En junio de 2017, el Banco Popular fue intervenido. Más de 300.000 pequeños accionistas y bonistas perdieron cerca de 2.000 millones de euros. El Santander compró el banco por solo 1 euro. A cambio, ganó una gran red de oficinas y beneficios fiscales.

Desde entonces, el Santander ha intentado evitar pagar a los inversores afectados. Ha alegado que el régimen de resolución le exime de cualquier responsabilidad. Sin embargo, la sentencia del TJUE deja claro que no puede ignorar demandas ya iniciadas.

El tribunal sostiene que permitir esto enviaría un mensaje peligroso. Sería como decir que los inversores no tienen derecho a defenderse frente a los grandes bancos. Y eso dañaría la confianza en el sistema financiero y en la justicia europea.

Un trato 'desigual' a los afectados

El Banco Santander ha tratado de forma distinta a los inversores. A los que no presentaron demandas les ofreció un bono de fidelización. Pagó 981 millones de euros en febrero de este año. A cambio, esos inversores renunciaron a pleitear.

Pero a los que sí acudieron a los tribunales, el banco 'los dejó en la intemperie'. Se niega a pagarles alegando que "no tiene obligación legal". Esa estrategia ha provocado el enfado de muchos afectados.

Ahora, con el fallo del TJUE, esta actitud podría tener consecuencias. El tribunal reconoce que quienes demandaron a tiempo sí tienen derecho a ser compensados por la entidad de Ana Patricia Botín.

PwC también se defiende

La auditora PwC también está siendo investigada. Avaló las cuentas del Popular en los años previos a su quiebra. Ahora se enfrenta a un juicio junto a 13 exdirectivos del banco, incluido su expresidente, Ángel Ron.

Se les acusa de presentar una imagen falsa del banco. Según el juez, "maquillaron las cuentas". "Ocultaron riesgos, inflaron beneficios y simularon una solvencia que no existía". Todo para lanzar una ampliación de capital en 2016 que recaudó 2.500 millones. Poco después, el banco quebró.

PwC ha intentado invalidar algunas acusaciones. Dice que ciertos denunciantes no tienen relación directa con los hechos. Esta postura ha molestado a varios grupos de afectados.

El juicio del Popular

El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha identificado graves fallos de gobernanza. Señala que la ampliación de capital se aprobó sin informes sólidos. El consejo de administración ignoró alertas del Banco de España y del BCE.

El expresidente Ángel Ron, dice el juez, conocía el déficit de provisiones del banco. Aun así, impulsó la ampliación sin explicar bien sus motivos.  Además, concentraba demasiado poder: presidía el consejo, la comisión delegada y era el máximo ejecutivo.

Su sucesor, Emilio Saracho, no ha sido acusado. Tomó el cargo en febrero de 2017 y trató de revisar el balance del banco. El juez considera que no participó en las malas prácticas contables.

Lecciones e implicaciones

La sentencia del TJUE envía un mensaje claro. No se puede borrar la responsabilidad de una entidad porque haya sido adquirida. Las compras de bancos en crisis deben incluir los riesgos legales ya existentes. Ignorar esto debilita los derechos de los ciudadanos y rompe la confianza en el sistema.

También alerta a los inversores: hay que actuar rápido. El momento de presentar una demanda marca la diferencia. Quienes lo hicieron antes de la resolución ahora están protegidos.

Según fuentes jurídicas consultadas, este fallo puede marcar un antes y un después. Y es que refuerza la necesidad de transparencia, responsabilidad y previsión contable en el sector financiero.