Ana Botín indigna a los afectados del Banco Popular al no responder por la quiebra

El Banco Santander se aferra a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con ella pretende desentenderse de los afectados por la quiebra del Banco Popular. La entidad de los Botín le ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional para evitar pagar parte del agujero, ya que aparece como posible responsable civil subsidiario.

"El régimen de resolución bancaria proscribe el ejercicio frente a la entidad resuelta (el Popular) o su sucesor (el Santander) de cualquier remedio que tenga la finalidad de indemnizar a los titulares de instrumentos financieros afectados por el proceso de resolución", afirma en su escrito el Santander. 

Todo a 1€

La intervención estatal del Banco Popular en 2017 provocó que alrededor de 300.000 accionistas perdiesen más de 2.000 millones de euros. El Banco Santander aprovechó la situación y por apenas un euro digirió la entidad de crédito. Este bocado le proporcionó una apetitosa red de oficinas y 500 millones de euros en créditos fiscales. 

El banco de Ana Patricia Botín jugó una estrategia de pan o palos. A los accionistas que renunciaron a emprender acciones legales los premió con un bono de fidelización. Y al resto, que se defendió en los tribunales, los condenó a la intemperie. 

Los Botín preparan ahora el pago de 981 millones de euros a los primeros. Y se enfrenta a un juicio, junto al auditor PwC, contra los segundos. Estos, entre los que se encuentran los fondos de inversión Pimco, Anchorage y Algebris, reclaman 1.400 millones de euros. 

A cuenta de esta exigencia, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió al Banco Santander y a PwC que aportasen las pólizas de seguro que tuvieran contratadas. El fin es asegurar la posible responsabilidad civil en la causa abierta.

El Fondo de Garantía (financiado por los bancos) tan solo garantizó los depósitos que no superasen los 100.000 euros a los clientes del Popular, tal y como marca la ley. Y el resto del agujero lo están pagando los accionistas que acudieron a juicio. 

"Los fondos quienes, inducidos a engaño por tales artificios, adquirieron, en distintos momentos, instrumentos financieros AT1 y AT2 emitidos por Banco Popular manteniendo su inversión durante varios años hasta que, de manera sorpresiva, fueron amortizados en la decisión de resolución de la entidad (al igual que ocurrió con los accionistas y resto de bonistas del banco)", dice el escrito de denuncia.

El escrito de acusación dice sobre la cúpula del Popular que "los acusados lograron, con sus prácticas de maquillaje contable, que Banco Popular presentara una imagen totalmente irreal de su situación económica y financiera, de modo que se sobrestimaban los ingresos y beneficios, se infraestimaban los riesgos de crédito y la mora, se aumentaba artificialmente la solvencia y el capital regulatorio, etc.". 

Encausados

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha sentado en el banquillo de los acusados al expresidente del Banco Popular Ángel Ron. También a 12 exdirectivos de la entidad de crédito y la consultora PwC. 

Este gigante de los servicios profesionales vive horas bajas después de ser sancionada en China. Se le ha multado con 56,1 millones de dólares por sus deficiencias a la hora de auditar a la inmobiliaria Evergrande, que acabó quebrando. 

PwC no puede operar en el país asiático durante seis meses. Y ahora podría volver a sufrir problemas reputacionales (y una cornada económica). 

Esta no sería la primera sanción que tiene que pagar la Big Four. En 2019 fue multada con 10,49 millones de euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas(ICAC). Este organismo le sancionó por tres "infracciones muy graves" en una auditoría a Aena.

PwC, según ratificó el Tribunal Supremo, incurrió en "incumplimiento del deber de independencia en relación con los trabajos de auditoría en las cuentas de Aena".

La ampliación del Popular en 2016

Presentar cuentas que no reflejaban la salud económica de la empresa en 2015 y 2016 es la principal acusación que se cierne sobre Ángel Ron. El auto llevado a cabo por el juez José Luis Calama compromete al expresidente del Popular.

El banco quebró poco después de recaudar más de 2.500 millones de euros en una ampliación de capital que arruinó a muchos. Y que sirvió para sanear en parte el banco, comprado en 2017 por el Santander por apenas un euro. 

Ron, según el auto,  "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe. Y no por más o por menos. La intervención verbal de los letrados de Linklaters fue meramente jurídica. Y por lo que consta en el acta, no muy exhaustiva, más bien lo contrario. Ese consejo fue una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate".

El texto también deja claro que Ron tenía una grandísima responsabilidad en el Popular en el momento de la ampliación. Y es que era, ni más ni menos, que "presidente de su consejo de administración", "presidente ejecutivo" y "presidía también la comisión delegada del consejo".

El banquero, según el auto judicial, "impulsó la ampliación de capital del año 2016. Permitió que se aprobara dicha ampliación, con un déficit de gobernanza notable. Y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de la ampliación. El sr. Ron estaba al tanto del déficit de provisiones que afectaba al balance del banco durante los años 2015 y 2016".

Algunas voces señalan que las autoridades estatales y europeas miraron por otro lado sobre la situación del Popular. Pero el auto deja claro que sus responsables desoyeron todo tipo de consejos. "Resulta sumamente peligroso despreciar y prescindir de las opiniones e instrucciones que contemporáneamente recibía Banco Popular por parte de Banco de España y BCE".

De la sombra del delito se escapa el sucesor de Ron en la presidencia, Emilio Saracho. El directivo tomó posesión efectiva el 20 febrero de 2017. Y, según el auto, no tuvo "ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable a que hemos hecho referencia". 

El texto añade: "Por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco". Saracho también se libró de la principal acusación que pesaba sobre él. La de realizar filtraciones a la prensa que provocaron una fuga de depósitos que facilitaron el final definitivo del Popular.