
Giro en el caso mascarillas: Políticos y empresarios podrían ser llamados a declarar
Los contratos del Gobierno canario de Torres revelados por ElCierreDigital pueden llevar ante el juez a los investigados
La Mesa del Parlamento de Canarias abordó el pasado 5 de junio una pregunta de interés público planteada por elcierredigital.com sobre el 'caso mascarillas'. Ahora, ha remitido nuestra solicitud de Transparencia a la Mesa de la Comisión de Investigación para analizar adjudicaciones de material Covid-19 en Canarias.
En el marco de nuestra investigación periodística, la cuestión de elcierredigital.com abordaba las posibles comparecencias de autoridades políticas. En concreto, de ex cargos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, empresarios y comisionistas investigados en el 'caso Damco' y 'Derbah' por la compra de mascarillas.
Tanto la empresa Damco Trading Services SA, como el Apartahotel La Ponderosa, -vinculado al empresario libanés investigado en una operación antidroga, Mohamed Derbah-, fueron adjudicatarios de licitaciones millonarias. Todas fueron aprobadas bajo el mandato del entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Este ministro socialista del Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que comparecer el próximo 23 de junio ante la Comisión de Investigación. Deberá responder sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia siendo presidente autonómico de Canarias.
Las licitaciones de Torres están siendo investigadas por la UDEF de la Policía Nacional y la Fiscalía Europea. Las que implican a las empresas Damco y Tanoja, fueron por 20 millones de euros, y las que señalan a RR7, por 4 millones.
El Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas investiga un presunto delito fiscal en relación a las comisiones obtenidas en el caso Damco. Entre los investigados está el administrador único de la empresa, Noel Jammal. También el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, el político Lucas Bravo de Laguna, y el comisionista Christian Cerpa.

Además, la Audiencia Nacional mantiene la investigación a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Esta también fue adjudicataria del suministro de mascarillas durante el gobierno de Torres (Caso Koldo).
De igual forma, se suma el reciente registro del Apartahotel La Ponderosa por la Policía Nacional en una operación de Asuntos Internos contra el narcotráfico. Este establecimiento hotelero fue utilizado por el gobierno de Torres para alojar migrantes en cuarentena Covid-19. Lo hizo mediante una contratación del proyecto Arcas de Noé del Servicio Canario de Salud (SCS), con un coste aproximado de un millón de euros.
Tras la decisión de la Mesa del Parlamento de Canarias, la Comisión de Investigación comunicará si los casos Damco y Derbah serán analizados por sus propios miembros -diputados del PSOE, CC, PP, VOX, NC, ASG y AHI-. Además informará si se citan o no a los responsables políticos e investigados en estos procedimientos judiciales. Cabe recordar, que en su día, ya comparecieron los implicados en el caso RR7, y otros adjudicatarios de contratos de material sanitario aprobados por el SCS.
Los casos judiciales que cercan al ministro Torres
Cabe recordar que la Audiencia Nacional mantiene como investigado en el caso Koldo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. También a su exasesor, Koldo García, y a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Ábalos y Koldo también fueron citados por el 'caso mascarillas' ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias.
La mercantil Soluciones también fue adjudicataria de unos 10 millones de euros en contratos de mascarillas durante la presidencia de Torres en Canarias. Tal como avanzó elcierredigital.com, la acusación popular en el 'caso Koldo', Hazte Oír, solicitó en 2024 que "la UCO de la Guardia Civil investigue al ministro Torres". El alto tribunal aún no se ha pronunciado.
Por su parte, la empresa investigada por la Fiscalía Europea, Damco Trading SA, obtuvo 17 millones de euros por suministrar material sanitario al SCS. El administrador único de Damco, Noel Jammal, está siendo investigado por presunto cohecho y malversación. Al igual que el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, y la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez. Por otro lado, la mercantil Tanoja Services SL recibió 3 millones en licitaciones del SCS.

Además, la Fiscalía Europea investiga la licitación de 4 millones por un millón de mascarillas 3M, obtenida por la empresa RR7 United SL. La causa mantiene imputado a su administrador único, Rayco Rubén González. El caso RR7 también pesa sobre el exdirector del SCS, y la ex directora de Recursos Económicos del SCS. Ambos permanecen como investigados en estos casos, y realizaron estas contrataciones durante el mandato de Torres.
Volviendo al caso Damco, la Fiscalía Europea ha señalado recientemente en un informe -como avanzó elcierredigital.com- que ha encontrado indicios de 'comisiones corruptas'.
Además, la UDEF de la Policía Nacional analiza en estos momentos 25.000 correos electrónicos incautados a los investigados del caso Damco. Respecto a las comisiones obtenidas de sus contratos, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas investiga un supuesto delito fiscal.
El investigado Derbah ofreció su hotel al Gobierno de Torres
Según el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento canario, Gustavo Matos, "el empresario Mohamed Derbah ofreció su Apartahotel La Ponderosa al Gobierno de Canarias. Lo hizo para alojar migrantes en cuarentena Covid-19.
Tal como reveló elcierredigital.com, el gobierno de Torres adjudicó al Apartahotel La Ponderosa varios contratos con un coste de un millón de euros. Según los contratos, constan 2.151 usuarios en este alojamiento y 162 manutenciones repartidas por la ONG Cruz Roja en este mismo hotel.
Estas licitaciones se efectuaron por el SCS con dos empresas distintas, ambas gestoras de este establecimiento hotelero. Las adjudicatarias fueron la mercantil Bares y Restaurantes Sur SL y Viajes al Paraiso Canarias SL. Esta última facturó 464.000 euros del SCS por alojar migrantes entre octubre de 2021 a marzo de 2022.
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