
La Fiscalía Europea acorrala a Torres: Señala 'comisiones' en contratos de mascarillas
La Fiscalía apunta a los contratos millonarios de mascarillas a DAMCO bajo la presidencia canaria del hoy ministro Torres
La Fiscalía Europea (FE) confirma "comisiones corruptas", "recepción dolosa de dinero público" y "simulación de contratos de prestación de servicios". También "pagos de cuantiosas cifras en favor de sociedades y personas" o "servicios que nunca se llevaron a cabo". Se refiere a los contratos del Servicio Canario de Salud (SCS), por cuantías millonarias, adjudicados a Damco Trading Services SA para la provisión de mascarillas durante la pandemia.
Así lo recoge un auto —enero de 2025— de la Audiencia Nacional sobre el caso Damco que investiga la FE, al que ha tenido acceso elcierredigital.com.
Esta mercantil fue adjudicataria, entre 2020 a 2021, de diez contratos públicos por una cuantía total de 17 millones de euros. El Gobierno canario lo presidía entonces el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Estas contrataciones efectuadas por el SCS para material sanitario constan en el Portal de Contratación del Sector Público, consultado por nuestro diario. También las adjudicadas a la mercantil investigada en este caso, Tanoja Services SL. Estas entidades se convirtieron en proveedoras de mascarillas FPP2, KN95, guantes de nitrilo, rapid test, y jeringuillas para vacunas Covid-19.

Esta investigación sobre los millones adjudicados a Damco y Tanoja mantiene como investigado por presunto cohecho y malversación de caudales públicos al administrador único de Damco, al empresario de origen libanés, Noel Jammal.
Sobre el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, y la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, pesa una investigación sobre sus bienes y cuentas económicas. Por otro lado, están imputados en el caso de mascarillas RR7 United SL, por prevaricación y malversación de caudales públicos, como reveló nuestro diario.
La FE inició los procedimientos a raíz de las investigaciones de Elcierredigital.com publicadas en marzo de 2022. Sacamos a la luz una macrodenuncia por diferentes irregularidades contra 23 licitaciones públicas de material Covid-19 que se adjudicaron durante el gobierno autonómico de Torres. Entre las adjudicatarias denunciadas ante la FE se encontraban desde el principio Damco y RR7. Hoy en día, en fase de investigación con varios imputados y dimisiones de altos cargos de Sanidad del Gobierno de Torres.

El caso Damco se inició cuando las denuncias y los reportajes de investigación de elcierredigital.com llegaron a los fiscales europeos. También tuvieron conocimiento la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas en 2022.
El caso DAMCO, 'clave'
El caso Damco se considera "clave" en una supuesta "caída política del expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres". Para estas voces, ello podría también suponer "el hundimiento político del Gobierno de Pedro Sánchez". Así lo manifiestan fuentes cercanas al Presidente consultadas por este diario.
En cuanto al ministro Torres, este no se presentó en el Parlamento de Canarias ante la Comisión de investigación de material sanitario Covid-19 el pasado 21 de abril. Alegó "motivos de salud".
Tampoco acudió a esta cita Koldo García Izaguirre, denunciado por su incomparecencia ante la Policía. Ni el exministro José Luís Ábalos —adjujo temas domésticos y médicos—. Ábalos ya se ha excusado ante el parlamento canario en dos ocasiones en relación con el caso Koldo.

Ángel Víctor Torres figura como denunciado en tres casos de mascarillas: Damco, Trading Services SA, Koldo —Soluciones y Gestión de Apoyo a Empresas SL— y RR7 United SL, tal como viene informando nuestro diario desde 2022.
En todos estos casos se investiga malversación de caudales públicos. Los contratos fueron aprobados por el SCS con cargo a fondos europeos FEDER. El consejero de Fondos Europeos del ejecutivo canario era Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, también denunciado en este caso.
El administrador único de Damco, Noel Jammal, figura como investigado y sus propios dispositivos electrónicos están siendo analizados. Aunque ha recurrido este procedimiento en repetidas ocasiones no ha logrado el archivo de la causa. La Audiencia Nacional, hasta la fecha, avala todas las investigaciones de la FE.
Jammal también es investigado en el caso de un supuesto 'fraude fiscal' sobre las comisiones de los contratos sanitarios. Con él, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, el político Lucas Bravo de Laguna y el comisionista Cristian Cerpa. Lo lleva el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas.
Irregularidades detectadas por la FE
La FE ha localizado "irregularidades" en algunos expedientes de las diez licitaciones, por una cuantía de 17 millones, adjudicadas a Damco Trading Services SA y Tanoja Services SL.
Tal como recoge el citado auto de la Audiencia Nacional, la FE afirma que "concurren indicios de que la empresa Damco Trading Services, a través de su administrador único, Noel Jammal, pudiera haber pagado comisiones para conseguir contratos del Gobierno de Canarias". Y continúa diciendo que Jammal se encargaría "de organizar y proveer el material médico con sus empresas, o a través de terceros. Y que ello dio lugar a un incremento del precio de los productos vendidos".
Así mismo, la FE expresa que "concurren indicios de que desde las sociedades Damco Trading Services SA y Tanoja Services SL llevaron a cabo pagos de cuantiosas cifras en favor de sociedades y personas con los que se simularon contratos de prestación de servicios, siendo así que, por tales sociedades y servicios no se llevó a cabo actividad alguna de prestación de servicios relacionada con las ventas de material sanitario al SCS".
La FE revela que existen indicios para considerar que "el pago de estas cantidades se corresponde con comisiones corruptas, que las sociedades Damco y Tanoja, y otras personas, recibieron beneficiándose dolosamente de dinero público sin llevar a cabo ningún tipo de prestación de servicios a cambio".
Todo ello habría dado lugar a un sobreprecio del producto vendido al SCS, sostiene la Fiscalía Europea.
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