Denuncian 'espionaje' contra el Guardia Civil que destapó la base de datos 'Hegeno'

El 'caso Hegeno' investiga una base de datos no oficial utilizada por la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. Esta base, supuestamente, operaba "a espaldas del Ministerio del Interior". Tras las denuncias interpuestas en 2023 ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se han conocido más datos.

Una resolución de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) destapa que "el agente denunciante de esta base de datos clandestina, Cosme Brito, fue objeto de una 'investigación paralela' por parte de los Servicios de Información y Policía Judicial de la Benemérita". Así lo manifiestan fuentes cercanas a la defensa del agente afectado ante elcierredigital.com y lo corroboran documentos oficiales a los que ha accedido este diario.

Según estas fuentes,  los "seguimientos" se han producido "sin mediar autorización judicial" y sin que "conste orden oficial emitida por el ministerio del Interior para esta operación". Por lo que "Brito nunca ha sido citado ni requerido bajo estas actuaciones", aclaran.

En el documento de la DGGC se recogen estos seguimientos, que, según afirman estas fuentes, "se originan a raíz de denunciar irregularidades acaecidas en la Comandancia grancanaria", como el caso Hegeno.

Tras una resolución de la AEDP, "la DGGC ha tenido que facilitar a Brito todas las averiguaciones que se han realizado sobre él mismo consultando la base de datos oficial SIGO de la Benemérita'". Fue entonces "cuando esta información clave acerca de las consultas 'sin justificación' sobre este agente se quedaron al descubierto".

Estas fuentes sospechan, además, que desde que este guardia civil interpuso diversas denuncias contra sus superiores "podría estar siendo objeto de escuchas telefónicas, sin mandamiento  judicial hasta la fecha y sin que haya cometido ningún ilícito penal".

Estas fuentes afirman que han sido "unidades de élite de la Guardia Civil, entre las que destaca el Servicio de Información" las que han ejecutado estos "seguimientos policiales". Este "es un órgano que se encarga de obtener información sobre organizaciones criminales, terrorismo y delincuencia organizada".

De probarse, estas fuentes subrayan que "se podrían estar utilizando de forma 'ilegal' medios del Estado para ejercer represalias contra Brito, por haber denunciado el caso Hegeno y otros asuntos sobre los que pesan en la actualidad causas judiciales contra algunos mandos de la Guardia Civil".

Y les parece esencial hacer constar que "los máximos responsables de la Guardia Civil cuando se produjeron algunos de estos accesos 'irregulares' en la base SIGO para 'espiar' a Brito —por personal no autorizado— eran los generales de División, Valentín Díaz Blanco, en la Jefatura de Información, y Ángel Alonso Miranda, al frente de Policía Judicial. Sobre los que recae la posibilidad de abrir diligencias de investigación por estos seguimientos a nivel extra judicial".

"La DGGC no investiga el seguimiento ilegal"

En la información facilitada a Brito por la DGGC a instancias de la AEPD constan "consultas de sus datos personales por miembros de la Benemérita ajenos a sus funciones y cometidos", revelan estas fuentes de la defensa del agente.

Es decir, "la intromisión en la base de datos SIGO sin ningún fin justificado viene a vulnerar los derechos fundamentales de este guardia, siendo motivo suficiente para que desde la propia DGGC se hubiera iniciado un expediente disciplinario contra los agentes descubiertos en estas irregularidades a la luz de este informe clave'.

Sin embargo, hasta el momento "no se ha dado trámite de audiencia al guardia Brito para que pueda defenderse". 

Brito denuncia 'represalias'

Después de que el guardia civil Cosme Brito interpusiera una denuncia ante la AEPD contra la base clandestina Hegeno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó el cese de este agente a propuesta del actual general jefe de la Zona de Canarias, Juan Hernández Mosquera. Se alegó pérdida de confianza en el destino que entonces ocupaba en el Centro Operativo de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, como ya publicó Elcierredigital.com.

Esta resolución de cese está recurrida. En estos momentos Brito se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva sobre la decisión del ministro.      

Además de este cese en el destino, según su defensa, el guardia Brito "fue sometido a seis expedientes disciplinarios. Dos por faltas muy graves y cuatro por faltas graves, que llevan aparejados sanciones que pueden suponer la expulsión del Cuerpo".

Pues bien, la defensa del agente explica que "todos estos expedientes disciplinarios han quedado archivados en fase de instrucción sin ningún tipo de responsabilidad para el agente Brito".

"No es normal, ni existe precedente alguno en la Guardia Civil en el que, en un escaso plazo de tan solo 15 días, un agente sea sometido a un cese en el destino y a seis expedientes disciplinarios. Y menos aún, tras denunciar presuntas irregularidades y conductas supuestamente delictivas en la Comandancia de Las Palmas", argumentan estas fuentes.

E incluso sostienen que el agente "ha solicitado medidas hasta en veinte ocasiones. Pero ni el Ministerio del Interior ni la DGGC le han brindado ninguna protección frente a las represalias tras denunciar el caso Hegeno".