Crisis en Ferrovial para alegría de Moncloa: Del Pino, carbonizado por el caso Montoro

El fuego cruzado que envuelve a Ferrovial y a su presidente, Rafael del Pino, ha encontrado en la Moncloa un inesperado motivo de satisfacción. El empresario, que en 2023 'desafió' abiertamente al Gobierno al trasladar la sede fiscal de su compañía a Países Bajos, está atravesando ahora una de sus peores crisis de imagen.

Mientras tanto, en los despachos del Ejecutivo, algunos no ocultan una cierta euforia contenida: Ferrovial. Este símbolo de un poder económico que quiso erigirse en alternativa política está siendo devorado por sus propias contradicciones.

Los últimos días han sido especialmente delicados para Del Pino. La Agencia Tributaria ha iniciado una auditoría fiscal general a Ferrovial por el impuesto de sociedades, el IVA y las retenciones del periodo 2017-2020. 

En medio de este escenario, Rafael del Pino ha activado un plan de sucesión que venía madurando en silencio. Su hijo Ignacio, incorporado a la multinacional en 2017 y convertido el año pasado en director financiero, ha sido promocionado a director de Inversiones, relevando a María Teresa Pulido. Un cambio de timón con valor simbólico y estratégico: Del Pino se replega, modera el enfrentamiento político y entrega responsabilidades clave a su heredero.

Del pulso al repliegue

"Si usted gana las próximas elecciones, estamos seguros de que contaremos con un buen plan inversor", llegó a decir Rafael del Pino en el Foro ABC de 2023. Lo hizo dirigiéndose a un Núñez Feijóo aún aspirante a la presidencia del Gobierno. "Todos los partidos podrán encontrar siempre en Ferrovial un sólido aliado para seguir avanzando", añadió.

Ferrovial creía entonces que el ciclo político de Pedro Sánchez tocaba a su fin. Por eso, se atrevió con una maniobra que muchos leyeron como abiertamente política: abandonar España para instalarse en un paraíso fiscal controlado y más estable, según su visión. La respuesta del Ejecutivo fue dura y tajante. "Son empresas que le deben todo a España", afirmó entonces Nadia Calviño.  "Esto no es ser español", le recriminó Yolanda Díaz.

La batalla mediática fue dura. Y Del Pino (que se embolsó un sueldo de 6,5 millones de euros en 2024) no dudó en agitar el fantasma de la "inseguridad jurídica", a pesar de que la inversión extranjera se encuentra en máximos históricos, para justificar una decisión que nadie en el Gobierno compró. 

Pese a las tensiones, Del Pino intentó recoser puentes. No pasó desapercibida su presencia en la delegación empresarial que acompañó a Sánchez en Davos en 2024. Ni su tono mucho más comedido en las últimas apariciones públicas. Ferrovial incluso ha instruido a sus equipos de comunicación para hablar de una situación 'de normalidad' con Hacienda. Pero puertas adentro saben que el horizonte judicial es incierto y que los tiempos de la impunidad han terminado.

Las sombras del pasado: Montoro y el Palau

Como si el presente no fuera ya suficientemente incómodo, el pasado ha vuelto para ajustar cuentas. Se ha podido saber que Ferrovial pagó entre 2012 y 2014 un total de 583.824 euros al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. En esos años, Ferrovial firmó importantes contratos con la administración pública, muchos de ellos bajo gobiernos del PP. La relación con el entorno de Montoro, por tanto, vuelve a levantar suspicacias sobre la mezcla de intereses públicos y privados.

Tampoco han desaparecido las huellas de los escándalos históricos. La Agencia Tributaria ya desveló que Ferrovial pagó casi seis millones de euros en comisiones ilegales a CiU. Lo hizo a través de la Fundación Palau de la Música. Se trataba de una operativa fraudulenta en la que la constructora financiaba indirectamente al partido de Jordi Pujol a cambio de adjudicaciones públicas.  Aquella investigación fue demoledora y evidenció, como se dijo en su momento, "la financiación ilegal de Convergència".

Como si fuera poco, Ferrovial aparece salpicada por los lazos familiares de alto voltaje. La constructora mantiene en nómina a dos hijos de César Pascual, actual consejero de Sanidad del PP en Cantabria. Uno de ellos fue contratado en 2013, justo después de que Pascual, entonces gerente del Hospital Valdecilla, adjudicara un contrato millonario al grupo. No solo eso: blindó el acuerdo durante dos años para evitar penalizaciones por incumplimientos. 

Ferrovial, entre los privilegios y las multas

No hay que olvidar que Ferrovial fue una de las seis grandes constructoras sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por manipular licitaciones entre 1992 y 2017. Junto a ACS, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA, la compañía de los Del Pino formó parte de una especie de cártel. Este grupo amañaba concursos públicos de obra civil. La multa, aunque significativa, no alteró el rumbo de ninguna de estas empresas.

Con ese historial a cuestas, la decisión de trasladar su sede a Países Bajos no solo fue interpretada como una traición fiscal. El Gobierno se lo tomó como una muestra de arrogancia empresarial. Lo paradójico es que el argumento de la inseguridad jurídica chocaba frontalmente con los datos oficiales: la inversión extranjera en España creció más de un 50% en 2022. La macroeconomía española, lejos de desplomarse, ofrecía una imagen robusta que dejaba en evidencia a Ferrovial.

Un legado incómodo

Ferrovial cerró 2023 con unos beneficios superiores a los 3.200 millones de euros. Pero el precio reputacional ha sido alto. El relato de una empresa emblemática que creció al calor de contratos públicos y  que ahora busca pagar menos impuestos fuera de su país ha calado entre la opinión pública. Del Pino hijo tendrá ahora la tarea de gestionar esa herencia. 

En la Moncloa, mientras tanto, se asiste al espectáculo con una mezcla de alivio y satisfacción. El intento de golpear al Gobierno desde el Ibex ha fracasado. Y ahora es la propia Ferrovial la que lidia con inspecciones fiscales, escándalos pasados y una marca desgastada. La política no olvida. Y Hacienda, incluso sin Montoro, tampoco.