Qué compañías facturan los medios antiincendios en España: De Eulen a Profuego

España arde. Miles de hectáreas se reducen a cenizas, comunidades rurales son desalojadas y el patrimonio natural se consume. Mientras tanto, un grupo reducido de empresas son la respuesta para frenar los fuegos. La tragedia climática y social de los incendios forestales ha dejado de ser solo un problema ecológico, que paralelamente significa un beneficio para ciertos sectores.

En solo 12 días, más de 340.000 hectáreas han sido calcinadas en distintas regiones. Sumando los fuegos previos, el total llega a casi 400.000 hectáreas quemadas. Para entenderlo mejor, es como si toda la isla de Mallorca hubiera desaparecido bajo las llamas. Esta oleada de incendios sin precedentes ha hecho saltar todas las alarmas por su magnitud y frecuencia.

El Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnico (CAMS) confirma que las emisiones de carbono por incendios forestales en España durante la primera quincena de agosto superaron el total anual más alto en 23 años. Aunque a principios de mes las emisiones estaban por debajo de la media, en pocos días se dispararon hasta niveles récord.

Mientras el drama arde en los montes, otro 'fuego' crece detrás de escena: la privatización del negocio contra los incendios. 

El 'negocio' del fuego: la privatización de la emergencia

En comunidades como Castilla y León, Galicia o Madrid, la lucha contra los incendios está cada vez más en manos privadas. Lo que antes manejaba el Estado ahora se externaliza. Se contratan cuadrillas privadas, se subcontratan medios aéreos y se tercerizan servicios de mantenimiento y formación.

"El coste económico es alto, pero también la ambición empresarial", señalan fuentes del sector. Muchas de las empresas beneficiadas tienen vínculos con el poder político. Esto ha generado denuncias sobre contratos millonarios para limpieza de montes, vigilancia y despliegue aéreo bajo condiciones "poco claras".

La urgencia justifica muchas de estas adjudicaciones, que a menudo escapan a una supervisión rigurosa. Esto permite sobrecostes y falta de transparencia.

Las empresas antiincendios que dominan en España

Hay empresas que proveen desde vehículos de extinción hasta trajes ignífugos. Iturri, Global Projects & Supplies, LEADER, Rosenbauer y Protec Solana son algunos ejemplos. También VEICAR adapta vehículos de emergencia, mientras que la empresa Eulen de la familia Álvarez gestiona brigadas de bomberos privatizados.

En Galicia, la empresa Afocelca, ligada al sector de la celulosa, tiene un papel clave en la lucha contra incendios. Por otra parte, Matinsa, junto a Seganosa y Celta Prix, gestionan parques comarcales con plantillas de bomberos privados.

Otros nombres que aparecen en este mercado son  Pimexa, Nioextin, Grupo SICE, Grupo Profuego, Johnson Controls, Firext, Extisal, Cottes Group, Grupo Lasser y Exyp. Estas empresas, operando dentro de la legalidad, se reparten una gran parte de los fondos públicos destinados a combatir incendios.

Consecuencias sociales y ecológicas

Esta privatización tiene impactos negativos. Los bomberos forestales suelen trabajar en "condiciones precarias, con contratos temporales y sin estabilidad", según denuncian. Además, la prevención se ve afectada. Los presupuestos se destinan más a reaccionar cuando el fuego ya está activo que a limpiar bosques o vigilar el territorio.

Esta falta de prevención favorece que los incendios sean más frecuentes e intensos. "Así se crea un ciclo peligroso: menos prevención significa más incendios, lo que genera más contratos de emergencia y más beneficios para las empresas", señalan fuentes del sector.

La sociedad rural comienza a perder confianza en l as instituciones. La percepción de que los incendios benefician a determinados intereses genera descontento y sensación de abandono.

Fuego amigo

Lo que debería ser un sistema público de protección se ha convertido en un negocio recurrente para empresas con buena posición y, en algunos casos, con conexiones políticas. Mientras el bosque se queme, ellos ganan. Con él se pierden biodiversidad, medios de vida y el aire que respiramos.

Según algunas voces forestales, "España necesita un cambio urgente en la gestión de incendios. Y es que la emergencia climática exige más prevención, mayor inversión pública y control democrático".

Además de la privatización, otro problema grave es la "falta de planificación a largo plazo en la gestión forestal". Muchas veces, la respuesta a los incendios es reactiva y no preventiva.  Esto significa que se invierte mucho dinero cuando el fuego ya está activo, pero poco en labores de mantenimiento y restauración del bosque, que podrían reducir el riesgo. La acumulación de material inflamable, la falta de cortafuegos efectivos y el abandono rural contribuyen a que el terreno sea altamente combustible.

"También hay un vacío importante en la participación ciudadana y en la implicación de las comunidades locales", explican estas fuentes. Son ellas las que más sufren los efectos directos de los incendios. Sin embargo, no siempre cuentan con voz ni espacio para proponer soluciones o participar en la vigilancia y el cuidado del territorio. "Iniciativas de prevención comunitaria, educación ambiental y gestión colaborativa han demostrado ser eficaces, pero reciben poco apoyo institucional y económico", aseguran.

Por otro lado, el cambio climático agrava aún más la situación. Las temperaturas extremas, la sequía prolongada y los vientos fuertes facilitan la propagación rápida y destructiva de los incendios.  Esto convierte a España en un territorio cada vez más vulnerable, donde la gestión tradicional ya no es suficiente.