Caso Koldo: El Supremo imputa al exministro Ábalos por su presunto papel en la trama
El extitular del Ministerio de Transportes será investigado por cuatro supuestos delitos en este caso de corrupción
El Tribunal Supremo ha decidido investigar al exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por su presunta implicación en el "caso Koldo". Esta decisión se basa en la existencia de indicios de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
La investigación se centrará en el papel de Ábalos en la supuesta adjudicación irregular de contratos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
El "caso Koldo" se originó a principios de 2024 con la detención de Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos. Acusado de recibir comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas en plena crisis sanitaria.
Las investigaciones revelaron una presunta trama de corrupción que involucraba a altos cargos del Ministerio de Transportes y a empresarios como Víctor de Aldama, expresidente del Zamora CF.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Aldama se habría beneficiado de su relación con Koldo y Ábalos. Todo para obtener contratos públicos valorados en más de 53 millones de euros.
El informe de la UCO, como ya avanzó elcierredigital.com, señala que Ábalos desempeñó un "papel relevante y de responsabilidad" en la trama. Concretamente facilitando la adjudicación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a De Aldama.
Además, se le atribuye haber influido en la contratación de una persona con la que mantenía una relación personal en empresas públicas como Ineco y Tragsatec.
Como contraprestación, Ábalos habría recibido beneficios, incluyendo el uso de una vivienda en La Línea de la Concepción (Cádiz). Además del pago del alquiler de un piso en Madrid para su pareja, por un valor de 88.101,43 euros, abonados por De Aldama a través de sociedades bajo su control.
Dada la condición de aforado de Ábalos como diputado del Congreso, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando su imputación.
La Sala de lo Penal del Supremo ha aceptado la petición, designando al magistrado Leopoldo Puente como instructor del caso.
La investigación se centrará exclusivamente en la participación de Ábalos. Mientras que el resto de la causa continuará en la Audiencia Nacional, salvo que se identifiquen conexiones "inescindibles" con otros imputados.
La exposición razonada remitida por la Audiencia Nacional es contundente. Detalla cómo los acusados, entre ellos el exasesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, habrían aprovechado su posición y conexiones en el Ministerio para adjudicar contratos públicos sin competencia. Lo que resultó en una ganancia considerable para la empresa Soluciones de Gestión.
Los documentos judiciales revelan que Ábalos habría facilitado el acceso a contratos millonarios con la administración pública, en colaboración con su asesor y otros empresarios.
Entre los detalles específicos, se menciona el uso de un apartamento en el edificio Torre de Madrid, ocupado por Jessica R., vinculada sentimentalmente a Ábalos. Quien también habría sido favorecida con un empleo en las empresas públicas dependientes de su ministerio antes mencionadas.
La investigación evidencia hasta 16 vuelos en los que Jessica acompañó al ministro en sus desplazamientos nacionales e internacionales, financiados con recursos públicos.
Por otra parte, existe cierta indignación popular ante la decisión del Supremo de únicamente investigar a Ábalos por su relación con las comisiones del material sanitario. Dejando a un lado numerosos indicios de su participación en el rescate a Air Europa, recopilados por la UCO.
Próximos pasos en el proceso judicial
El magistrado Leopoldo Puente Segura, designado como instructor de esta causa especial, coordinará las nuevas diligencias. Estas incluirán la posible declaración de José Luis Ábalos como investigado y la recopilación de pruebas que permitan esclarecer su grado de responsabilidad en los hechos.
La Sala del Tribunal Supremo ha dictaminado que, salvo que existan conexiones inescindibles con otros acusados, el resto de la investigación continuará en la Audiencia Nacional.
La investigación sobre Ábalosde ha generado gran repercusión política. Esta nueva imputación se suma a una serie de investigaciones y polémicas que han afectado al PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez. Incluyendo casos que involucran a su mujer y a su hermano.
La situación ha llevado a la oposición a demandar mayor transparencia y a cuestionar la integridad del gobierno. Mientras que el PSOE asegura que se debe respetar la presunción de inocencia hasta que finalice la investigación judicial.
La imputación de Ábalos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. El Partido Popular ha exigido explicaciones al Gobierno y ha solicitado la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Concretamente por su supuesta relación con Koldo García.
Por su parte, el Gobierno ha manifestado "absoluta tranquilidad" y "preocupación cero" respecto a las implicaciones del caso para el Ejecutivo.
El rescate de Air Europa y los mensajes interceptados
Como ya explicamos en elcierredigital.com, uno de los puntos claves en la exposición razonada presentada por Ismael Moreno es el rescate de Air Europa en 2020, valorado en 475 millones. Aunque finalmente el Tribunal Supremo sólo investigará a Ábalos por su participación en las comisiones por la venta de material sanitario durante el Covid.
En las comunicaciones interceptadas, Aldama felicitaba a Javi Hidalgo, presidente de la aerolínea, por el éxito de la operación.
Según los mensajes, el entonces ministro Ábalos fue una pieza clave para que el gobierno aprobara el rescate económico de la compañía.
Las conversaciones sugieren que Ábalos intervino personalmente para que la ayuda financiera fuera aprobada. Coordinando los esfuerzos con Nadia Calviño, ministra de Economía en ese momento, y Pedro Sánchez.
Durante las negociaciones para obtener esta financiación, Víctor de Aldama, señalado como el "conseguidor" de la trama, actuaba como consejero en Air Europa, cobrando 12.100 euros mensuales de la empresa.
En ellas, Aldama menciona reuniones entre Ábalos, Nadia Calviño, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A quien se referían como "el 1", lo que refuerza la importancia de estas conexiones en el proceso.
Estas reuniones tenían como objetivo obtener préstamos adicionales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y asegurar que el rescate fuera finalmente otorgado por la SEPI, debido a la situación crítica de la aerolínea.
Uno de los momentos clave en las conversaciones fue la reunión del 16 de julio de 2020. En ella participaron Ábalos, Calviño y Sánchez. En este encuentro, según los mensajes de WhatsApp, se acordó el avance del rescate. Este finalmente se oficializó en noviembre de ese año.
Posteriormente, Aldama mantuvo varias reuniones con Hidalgo y Koldo García para seguir coordinando los detalles del rescate.
Las conversaciones intervenidas muestran cómo Aldama transmitía en tiempo real los avances a Hidalgo y Koldo, quienes parecían estar al tanto de cada paso de las negociaciones. Uno de los mensajes más significativos es del 8 de agosto de 2020. Aldama escribe a Hidalgo que el rescate estaba casi cerrado y subraya el apoyo que había recibido de Ábalos en todo el proceso.
La participación activa de Ábalos en el rescate de Air Europa se suma a su papel central en la red de favores de la trama liderada por Aldama. Algo que fue clave para que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su imputación formal.
La UCO sostiene que esta operación no fue una simple gestión política. En concreto, formaría parte de una serie de favores y contratos adjudicados de manera irregular por el Ministerio de Transportes.
Además del rescate de Air Europa, la trama también se benefició de contratos vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia. Donde las comisiones ilegales ascendieron a 16,5 millones de euros según la UCO.
El chalet de lujo y las transferencias bancarias
Como ya repasamos en elcierredigital.com, el chalet de lujo en La Alcaidesa, Cádiz, es otro de los puntos polémicos de la investigación. La trama facilitó la adquisición de esta propiedad, valorada en más de 500.000 euros, y Ábalos ocupó la vivienda durante al menos seis meses.
Aunque el exministro realizó dos transferencias bancarias en julio de 2021 -una de 5.000 euros en concepto de fianza y otra de 2.500 euros como alquiler-, la UCO sostiene que gran parte de los gastos fueron cubiertos por Aldama y Rivas, utilizando sociedades pantalla.
En octubre de 2021, Have Got Time SL envió un burofax a Ábalos exigiendo el pago de varias mensualidades impagadas. Correspondían a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.
En dicho burofax, la empresa ofrecía condonar la deuda si el exministro devolvía la posesión del inmueble en un plazo de 20 días.
Según fuentes cercanas a Ábalos, la deuda fue finalmente perdonada.
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