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Un hombre con gafas y traje está frente a imágenes de estaciones de servicio de DISA y Repsol.
INVESTIGACIÓN

Caso hidrocarburos: Así es la denuncia de Repsol y Disa que salpica a Aldama

Las petroleras reportaron 'irregularidades' en los precios en 2024 ante la CNMV que 'comprometen' a Villafuel de Aldama

El nerviosismo se apoderó de los presuntos implicados en la trama del 'caso hidrocarburos' cuando las petroleras Repsol SA y Disa SL denunciaron. Lo hicieron en 2024 por presunta competencia desleal y fraude ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este fraude del IVA (el IGIC en Canarias) de los hidrocarburos se ha cifrado en 182 millones de euros.

Esta denuncia ante la dirección de la CNMC no afectaba, en principio, directamente a la operadora petrolera investigada Villafuel SL. Pero sí a otras empresas que supuestamente "podría controlar el investigado Claudio Rivas". Por ello, esta denuncia captó enseguida la atención de los presuntos defraudadores del caso: Claudio Rivas, Víctor de Aldama y la operadora Villafuel. 

Cuando saltó el caso, Repsol presentó una denuncia por "competencia desleal" ante la CNMC contra diferentes empresas del mercado de los hidrocarburos. Por su parte, Disa denunció "un presunto fraude que se estaría cometiendo en el mercado de la distribución de carburantes en España". 

Un hombre con barba y gafas está sentado en una mesa de conferencias, hablando frente a un micrófono y una placa con su nombre.
Víctor de Aldama. | Europapress

La CNMC se dio cuenta de que Repsol y Disa coincidían en sus denuncias. "Señalaban una supuesta operativa fraudulenta cometida por entramados societarios. Que aunque repercutan el IVA en las operaciones de venta de carburantes (...) no ingresan este mismo IVA al Estado. Y posteriormente desaparecen dejando abultadas deudas pendientes de pago". 

La cuestión radica, según la CNMC, en que, "al no ingresar el IVA, cuando las empresas (implicadas) venden el producto a distribuidoras finales, comparten parte del IVA defraudado. Pudiendo ofertar a precios muy por debajo del mercado". 

Repsol afirmó que en enero de 2024 "había unas 1.222 distribuidores finales con el precio del Gasóleo A por debajo del precio del mercado". Esto significaba que "estas mismas distribuidoras habrían vendido por debajo del coste de un operador mayorista que cumple con la legalidad en su distribución al por mayor".

Disa presentó unas cifras aproximadas a los datos de Repsol. 

La investigación de la UCO

En paralelo a estas denuncias, la UCO de la Guardia Civil también estaba investigando el 'caso Hidrocarburos'. Lo hacía por presunta organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, estableciendo conexiones con Aldama, Rivas y Villafuel.

Descubrieron que no solo se habían defraudado 182 millones, según calcula la Agencia Tributaria, sino que se habrían mandado cantidades a otros países. De mayo de 2022 a febrero de 2024 se habría enviado dinero de origen delictivo a Portugal, Colombia y China. Por un total de 73 millones. 

Pero la investigación también apunta a que la presunta trama de hidrocarburos es pieza fundamental en la defraudación de impuestos desde Canarias en noviembre de 2022. Y del desvío de 555.000 euros a la mercantil Atmosferaudaz de Aldama en Portugal.

Un grupo de personas en un evento al aire libre frente a un cartel de CEPSA sobre la transición energética y la desinstalación de la refinería en Tenerife.
Teresa Ribera y Ángel Víctor Torres en Tenerife en 2022. | Europa Press

Se haría a través de la empresa suministradora Canary Islands Fuel Company SL, ubicada en el sur de Tenerife. Su administradora es la investigada Oriana Elisset Aciego.

Estos presuntos delitos ocurrieron cuando Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, señalado por Aldama, era presidente del Gobierno de Canarias. La entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, concedía la licencia como operadora  a Villafuel en septiembre de 2022. Después, Villafuel comenzaría a operar con Canary Islands. 

La trama canaria de hidrocarburos

Canary Islands fue la primera suministradora de la operadora Villafuel, es decir, una de las piezas clave para la defraudación de impuestos. Posteriormente, se unirían seis suministradoras más a la trama.

Canary Islands está sujeta al impuesto canario del IGIC. Por lo que la trama de hidrocarburos podría haber defraudado, presuntamente, este impuesto a la Hacienda Canaria, tal como ha avanzado El Cierre Digital

Según los investigadores, Canary Islands habría llegado a defraudar 5.567.825 euros en noviembre de 2022 y 4.096.558 euros en marzo de 2023. Es decir, alrededor de "diez millones de euros que podrían corresponder a la Hacienda de Canarias", al tener que tributar en el archipiélago.

Por otro lado, esta entidad facturó 46 millones con Villafuel. 

Una estación de servicio Villafuel con una tienda y una bomba de gasolina en un día soleado.
Villafuel. | Linkedin

Según se desprende de la investigación, Canary Islands firmó contratos de asesoramiento con la mercantil Global Stratos Investments SL. A su vez constituida por Fertinvest Consulting SL y MTW 180 Capital SL al 50%. Por lo que, "no intervienen en una relación comercial, sino que controlan a estas empresas a través de sus acciones". Cabe destacar que MTW 180 es una mercantil controlada por Víctor de Aldama.

Villafuel, que actuaba como operadora, interpuso en calidad de suministradora a Canary Islands, para cometer la citada defraudación de impuestos. Pero también para "simular la transmisión de productos petrolíferos, de Villafuel a Canary Islands, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente".

"Los precios del carburante no eran baratos"

Según la investigación, Villafuel —siendo los cabecillas Víctor de Aldama y Claudio Rivas—  fue diseñada y financiada como operadora junto a las siete empresas suministradoras para incrementar sus ingresos. 

Villafuel se dedicó a comprar en régimen suspensivo este tipo de productos a otros operadores para, posteriormente, simular la transmisión de los hidrocarburos a otra mercantil interpuesta en calidad de suministradora. Como era Canary Islands. Por lo que esta operadora "se sitúa en una simulada legalidad, porque la responsabilidad del impago del impuesto cae sobre las suministradoras".

La función de las suministradoras sería bajar el precio del hidrocarburo —con cargo al IVA que no se va a abonar—. Así, la operadora podría vender el producto petrolífero del mercado más barato a través de las suministradoras. 

Sin embargo, un testigo trabajador de Villafuel declaró que "resultaba extraño que grandes clientes compraran a comercializadoras independientes en lugar de acudir a las proveedoras habituales como CEPSA y BP", deduciendo que se debía a la "diferencia de precios"

Este testimonio puso en valor que, sin embargo, "los precios de Villafuel eran muy altos, por lo que los clientes acudían a sus suministradoras, sin cargo de IVA". Y así se funcionaba entre las mercantiles citadas de la propia trama de los hidrocarburos.

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