Europa Press La cara B del apagón: La Policía evita colapsos en Cataluña mientras pierde presencia
La labor voluntaria de las Fuerzas del Estado en el apagón tumba el plan del independentismo de reducir sus competencias
El pasado 28 de abril se produjo el histórico apagón que dejó durante horas sin luz a la Península Ibérica. Miles de policías nacionales ayudaron voluntariamente a sus compañeros en servicio para evitar el caos en las calles, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Esta labor consolida la legitimidad del cuerpo frente a las pretensiones de los partidos independentistas catalanes, que abogan por su reducción de competencias.
Debido a la actuación de estos policías fuera de su jornada laboral, el SUP ha pedido al director adjunto operativo (DAO) su reconocimiento. Nadia Pajarón, portavoz del SUP, ha conversado con elcierredigital.com sobre esta solicitud.
La labor de los policías en el apagón
Durante el apagón hubo miles de policías nacionales que acudieron “de forma voluntaria e inmediata” a ayudar a sus compañeros, según SUP. “Muchos otros prolongaron sus jornadas cuantas horas fueron necesarias”, añade el sindicato en la solicitud presentada ante el DAO.
El SUP afirma que la labor de estos efectivos sirvió para evitar el caos y garantizar el orden público, evitando altercados y saqueos de establecimientos. “En muchas ciudades hubo presencia preventiva en las calles, incluso con patrullas en los barrios sin iluminación”, explica Nadia Pajarón.
La portavoz señala que también asistieron a personas vulnerables y reforzaron la presencia en infraestructuras críticas, como aeropuertos o estaciones de tren. Fruto de esta “actuación excepcional”, el SUP ha solicitado al DAO “un reconocimiento institucional y formal”.
Pajarón señala que dentro de este reconocimiento están las felicitaciones oficiales, “como establece el reglamento”. La portavoz también ha hecho hincapié en que “se retribuyan las horas extraordinarias trabajadas o, en su defecto, se compensen en tiempo de descanso”.
La petición que ha presentado el sindicato destaca que en estas conductas “primó el deber frente al bienestar personal y familiar”. Para el sindicato, "estas acciones chocan con la postura de los partidos independentistas catalanes, que buscan fortalecer el cuerpo de los Mossos d’Esquadra en detrimento de Policía Nacional".
Policía Nacional en Cataluña
En la actualidad, Policía Nacional en Cataluña posee funciones en materia de extranjería, fronteras, documentación y seguridad en edificios oficiales. “Además, actúa como garante de los derechos fundamentales en contextos de alta tensión social o política, como ya ocurrió en 2017”, cuenta Pajarón.
Desde hace años se han cedido de manera paulatina competencias a los Mossos d’Esquadra. El traspaso de la competencia en materia de inmigración a Cataluña ha sido la medida más reciente. Sin embargo, la ley lleva paralizada casi dos meses desde su registro en el Congreso.
Pajarón afirma que el SUP estudiará acciones legales en el caso de que se concrete este traspaso. “Supondría debilitar un cuerpo policial estatal y consolidar un pago político más a los sectores independentistas”, sostiene.
No es la única medida que afecta al cuerpo nacional. El pasado febrero la Generalitat y el Gobierno acordaron aumentar hasta 25.000 efectivos para 2030. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, explicó que este incremento serviría para asumir las competencias de puertos y aeropuertos.
Con el traspaso de la competencia, el número de policías nacionales se reduce en el territorio. “Supone una pérdida de presencia del Estado en una comunidad autónoma donde precisamente es esencial reforzarla”, defiende Pajarón. La portavoz asegura que el cuerpo nacional “arrastra un catálogo obsoleto, sin actualizar, que no cubre ni siquiera las necesidades mínimas”.
Pajarón afirma que faltan efectivos en las brigadas de Extranjería, Policía Judicial, Información y Policía Científica. En esta última, la portavoz del SUP añade que “hay vacantes estructurales que no se cubren desde hace años”. “También hay déficit en los grupos de investigación, lo que genera sobrecarga de trabajo e impide desarrollar con normalidad tareas esenciales”, prosigue.
La representante destaca que: “Esta descompensación afecta a la seguridad de todos los ciudadanos y debilita la respuesta ante grandes amenazas”. Lo califica como “un claro gesto de cesión política, no de eficacia operativa”.
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