Policías denuncian la transferencia a Cataluña de competencias de inmigración

El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en la Policía Nacional, ha remitido este jueves una carta urgente al ministro Fernando Grande-Marlaska tras confirmarse un hecho que califican de "grave" como el anunciado este miércoles: "Esperamos que el ministro del Interior, no falte a sus obligaciones y se muestre en contra y defienda a la Policía Nacional sobre la que ejerce el mando y especialmente preserve las competencias del Cuerpo".

Al mismo tiempo, el sindicato ha solicitado el amparo de la Unión Europea frente a "lo que consideramos un riesgo extremo para nuestras fronteras". A juicio del SUP este traspaso de competencias en materia de inmigración a la comunidad autónoma catalana supone la "casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña".

En el comunicado al que ha accedido elcierredigital.com advierten al ministro que "se va a encontrar enfrente con el SUP y nuestra posición será firme y contundente. Nunca permitiremos el desmantelamiento de la Policía Nacional, y nunca daremos amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos. Nos debemos a todos los ciudadanos, incluidos los catalanes y no les dejaremos desamparados ante esta posible venta de sus derechos".

Tal y como defienden en su escrito, "no podemos ir en contra de la dinámica de la Unión Europea, que trata de asumir y de centralizar mayor competencia en materia de extranjería y fronteras y es ahí a donde debemos dirigir nuestros ojos, con las acciones coordinadas desde los países miembros. Para una mayor salvaguarda de los intereses. Por eso una disgregación interna en España, corrompe el espíritu europeo".

Para el SUP, "ceder las competencias de inmigración en Cataluña es un retroceso, ceder no es progresar".

Carta del SUP a la Comisaria Europea de Asuntos de Interior 

Además de denunciar públicamente esta situación, el SUP ha ido un paso más allá redactando una carta dirigida a la Comisaria Europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson. En ella expone la situación a raíz de los dos reales decretos aprobados esta semana por el Gobierno de España con el respaldo de partidos políticos nacionalistas e independentistas. "Para conseguir estos apoyos, entre otras muchas cesiones, está la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña", redactan.

"Cabe recordar que las competencias en materia de inmigración son, según el artículo 149 de la Constitución Española, exclusivas del Estado y que a través de la Ley Orgánica 2/86, que regula las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, articula que la inmigración y extranjería son competencias de la Policía Nacional.

Concretamente esta atribución es exclusiva para la Policía Nacional y en particular para la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que entre otras facultades tiene encomendado por ley “el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración.

No podemos ocultar nuestro miedo e incertidumbre con respecto al futuro más inmediato de la Policía Nacional ahora condicionado y en peligro en base a los pactos alcanzados entre el Gobierno y los partidos nacionalistas e independentistas. Por lo que este Sindicato, decano y mayoritario de la Policía Nacional, considera que de materializarse dicho traspaso se estarían vulnerando los derechos y la dignidad de nuestros policías, algo que no vamos a tolerar, y que supondrá que realicemos todo tipo de actuaciones, tanto jurídicas como sociales, para defender aquello que consideramos un bien ciudadano como es la seguridad.

No existe ningún país de la Unión Europea que fragmente la seguridad en diferentes policías dentro de un mismo estado. Además, las consecuencias de esta disolución redundarían en la seguridad y perjudicaría gravemente las políticas europeas en materia de inmigración que tan buenos resultados están teniendo. Consecuencia de ello, Europa ha sabido filtrar y discernir la estancia de inmigrantes irregulares sin ser detectados, haciendo más eficaz el sistema de asilo, cooperando en las crisis humanitarias y poniendo en marcha medidas contra la radicalización proveniente de terceros países que chocan frontalmente con nuestros estados de derecho.

Por ello solicitamos a la Unión Europea que atienda nuestra petición de fiscalizar estas actuaciones del Gobierno de España e impida, dentro del marco legal, que se transfieran las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña", concluye el SUP en su escrito.