Caso PCR Canarias: Torres no cesa al director del SCS pese a 'actuar por su cuenta' en la concesión de 4 millones

Continúa la 'marejada' en el Gobierno de Canarias a consecuencia de las imputaciones del director del SCS, Conrado Domínguez y la ex directora de Recursos Económicos de esta entidad, Ana María Pérez. Se les acusa de prevaricación y tráfico de influencias en el caso ‘PCR Canarias’.

Sin embargo, según fuentes gubernamentales consultadas por elcierredigital.com, "el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tiene la intención de mantener en su cargo a Conrado Domínguez, a pesar de que un informe emitido por la Secretaría General de Presidencia confirma que ‘Domínguez no informó al Comité de Gestión de Emergencias Sanitaria de Canarias de la adjudicación del contrato para la adquisición de un millón de mascarillas 3M N95 1860 licitado por cuatro millones, concedido de manera directa a RR7 UNITED SL, durante la pandemia".

Mientras este informe "demoledor" hace estragos en el ejecutivo regional de Torres al tambalearse los cimientos de esta licitación pública aprobada por el director del SCS para contratar a la empresa RR7, esta mercantil continúa sin devolver los cuatro millones. Por otra parte, el administrador único de la empresa, Rayco Rubén González, imputado por estafa agravada y blanqueo de capitales por incumplir este contrato millonario, no entrará en prisión provisional, pero podría sufrir la retirada del pasaporte y comparecer en sede judicial una vez al mes si el magistrado aceptara la petición del fiscal. Esta decisión ha sido adoptada este viernes 14 de octubre por el magistrado instructor de la causa penal, Javier García García-Sotoca, según señalan fuentes del entorno de Rayco.

Rayco Rubén González.

Además, el citado informe de Presidencia de Gobierno –con fecha de 7 de octubre, al que ha tenido acceso elcierredigital.com– remitido a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la UDEF a instancias del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas, reconoce "la demora en la emisión del documento, debido a la necesidad de recabar información, habida cuenta de que no hay constancia mediante acta de la información solicitada".

"El director del SCS contrató a RR7 de manera autónoma"

No obstante, del contenido de este informe redactado por el Jefe de Servicio de Asuntos Administrativos de Presidencia, se desprenden diversas cuestiones fundamentales tras ser preguntados los miembros científicos que formaron parte del Comité de Gestión de Emergencias Sanitaria de Canarias, así como el propio director del SCS, Conrado Domínguez, quien también participó en este órgano: Los expertos dijeron que "no tuvieron conocimiento del contrato de suministro de mascarillas 3M adjudicado a RR7", ni tampoco "fueron informados por el director del SCS de esta adjudicación pública, ni sabían si otros miembros del Comité fueron notificados sobre esta licitación".

Respuestas de Conrado Domínguez.

En el turno de preguntas a Conrado Domínguez, bajo la elaboración de este informe para el juzgado, respondió que "no informó a los asistentes al Comité del contrato público con RR7, ni del mensaje enviado a la ex directora de Recursos Económicos del SCS sobre la adjudicación a esta mercantil". Domínguez reconoció que "fue una decisión autónoma mandar la oferta que me habían hecho llegar –de la empresa RR7– como hice en otros casos al SCS". "No negocié condiciones, ya que la oferta –de cuatro millones– era cerrada, en consecuencia no comuniqué nada a los asistentes del Comité". 

"Los miembros del Comité sin habitación legal"

De igual forma, en el informe se pone de manifiesto que "en el Comité de Gestión de Emergencias Sanitaria de Canarias, no existió nombramiento de miembros, funciones y ámbito competencial, no estaba la capacidad de decisión dentro de las facultades de los miembros del Comité, ni se contaba con habilitación legal por el mero hecho de ser miembro del Comité".

También apunta, a que "no existía un reparto por áreas, no había sometimiento a revisión, autorización previa, votación o cualquier otra forma de visto bueno". Como dato relevante, sostiene que "estas reuniones del Comité no tienen relación con el Comité Ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta frente a situaciones de emergencias sanitarias", además, de "no existir actas que recojan el contenido de las sesiones celebradas por este Comité de Gestión de Emergencias, por lo que se tuvo que acudir a formular preguntas a sus miembros", para responder ante el juzgado. 

Reacción de la acusación popular

La ‘Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias’ –colectivo que ejercita la acción penal mediante la actuación de la acción popular en este procedimiento– explica a elcierredigital.com, que "si se había solicitado prisión provisional para Rayco Rubén González por parte de la Fiscalía, quizá sea porque exista algún tipo de ‘recelo’ en el sentido de que no aparecen todavía los cuatro millones de euros cobrados por su empresa RR7, a pesar del incumplimiento en la encomienda del SCS para surtir de mascarillas 3M".

El presidente de esta asociación, el médico, Guillermo de la Barreda, aún así, "avala la decisión judicial de retirada del pasaporte a Rayco", pero sospecha sobre "una serie de indicios que podrían apuntar a que la trama puede ser mucho más amplia a los tres imputados por el momento en este proceso judicial, sin descartar otros testigos que podrían aportar nuevas informaciones relevantes".

Igualmente, De la Barreda matiza, "nos llama la atención que el Comité de Gestión de Emergencias no supiera nada, no se levantaran actas, ni existan documentos gráficos de sus reuniones. Resulta un poco extraño que no haya documentos acerca de una crisis sanitaria como esta. Da la sensación de un "sálvese quien pueda, como si Conrado Domínguez fuera el único responsable de todo", o quizá, "parece un partido de fútbol dónde tiran balones fuera, ni sacan a algunos que tendrían que haber sido cesados".

En relación al reportaje de elcierredigital.com sobre las conexiones masónico-políticas en el gobierno canario del socialista Torres, expresa que "no creo que la masonería esté mezclada en este escándalo, es una institución como cualquier otras, sino que, si alguno de sus miembros –de la logia– está implicado –en el caso PCR Canarias– tendrá que responder de sus acciones".