Caso 'PCR Canarias': Terremoto en el Gobierno de Ángel Víctor Torres tras su citación para declarar ante el juez

El gran alcance de las publicaciones de elcierredigital.com sobre el caso 'PCR Canarias', "ha provocado un terremoto en el equipo presidencial" a raíz de la citación judicial al jefe del ejecutivo regional para que comparezca el próximo 2 de noviembre como testigo en este proceso, que ha sentado en el banquillo a varios miembros de su propio gobierno", señalan fuentes cercanas al presidente Ángel Víctor Torres ante elcierredigital.com.

"Los nervios se han apoderado del entorno político del PSOE vinculado a Torres", subrayan, en relación a este caso que investiga supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, instruido por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas. Este Juzgado ha requerido la presencia de Torres, quien tiene la potestad de responder por escrito a los interrogatorios.

En esta línea, estas mismas fuentes destacan "la crisis gubernamental que ha desatado la imagen del presidente canario -revelada por elcierredigital.com- durante un almuerzo con algunas personas relacionadas con la empresa investigada RR7 UNITED SL, cuyo dueño –Rayco Rubén González– se encuentra imputado". 

Rayco Rubén González, administrador único de RR7 United.

El caso ‘PCR Canarias' -destapado por elcierredigital.com- es la causa procesal, en fase de diligencias previas, en la que permanecen en calidad de investigados el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, la exdirectora de Recursos Económicos de esta entidad, Ana María Pérez, y el administrador único de la empresa RR7 UNITED SL, Rayco Rubén González, debido el incumplimiento de un contrato suscrito por el SCS con RR7 por cuatro millones de euros durante la pandemia. 

Consultada la acusación popular ejercida por la ‘Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias’ -tras adherirse a la querella de la Fiscalía Anticorrupción-, manifiestan a este diario que "respetan la presunción de inocencia de los imputados, pero a medida que se va desarrollando este caso, van perdiendo enteros". 

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.

En relación a la inminente comparecencia judicial del presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, quien fue fotografiado durante un almuerzo en un restaurante con el cuñado de Rayco junto al asesor fiscal de RR7 en julio de 2021 -instantánea en poder de elcierredigital.com-, el representante de esta asociación para la defensa de la sanidad canaria, Guillermo de la Barreda, subraya que "estamos abiertos y apoyaremos cualquier información que aclare esta situación, por lo que sería muy positivo que Torres explicara qué ha ocurrido con esta reunión en la que aparece en la foto con individuos relacionados con la empresa investigada deudora de los cuatro millones". 

La polémica imagen de Torres junto a los vinculados con la mercantil RR7 fue remitida ante la Fiscalía General del Estado por el empresario grancanario, Juan Manuel Pérez -denunciante del caso PCR Canarias-, para "averiguar los detalles de esta comida del presidente en relación a este asunto". Esta Fiscalía abrió diligencias de investigación semanas atrás, según confirmó Pérez a elcierredigital.com. 

El Comité de Emergencias Covid, cuestionado

Según ha sabido elcierredigital.com a través de estas mismas fuentes presidenciales, "el gabinete de Torres, se encuentra muy preocupado en base a las responsabilidades que se podrían derivar de las actuaciones del Comité de Gestión y Emergencia Sanitaria de Canarias, como órgano de consulta y asesoramiento al presidente regional en el marco de las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno para combatir el Covid-19, entre las que podrían figurar la licitación pública adjudicada a RR7 para la adquisición de un millón de mascarillas 3M que, tras el pago de cuatro millones, nunca fueron entregadas al SCS, lo que ha desembocado en el caso PCR Canarias". 

No obstante, "el equipo de Torres, en función de la asistencia letrada de la Administración, contaba con que, en algún momento, los acuerdos de este Comité de Emergencias Covid-19 fueran puestos en entredicho por el escándalo de la contratación de RR7 de venta de coches de alta gama, que cobró una comisión de 1.350.000 euros de estos fondos públicos adjudicados", explican. 

Además, desde este Comité, conformado por dieciséis miembros -entre los que se encuentran Ángel Víctor Torres, Conrado Domínguez, consejeros del Gobierno y algunos miembros científicos-, aclaran que "no se creó como un órgano colegiado, según los términos del Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que no constan actas que hayan recogido los acuerdos de las reuniones que se celebraron durante el confinamiento".

Conrado Domínguez.

Por su parte, el presidente de la ‘Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias’, Guillermo de la Barreda, hace hincapié en que "si no hay actas sobre las decisiones tomadas por este órgano bajo la presencia de miembros del gobierno canario, no se puede saber la verdad". Y sostiene que "es la primera vez que tengo conocimiento de que en unas sesiones tan relevantes, no se levanten actas, además de la importancia de conocer a fondo las decisiones tomadas bajo este órgano para poder elaborar en base a hechos tangibles la estrategia de la acusación popular".