Caso ‘PCR Canarias’: Denuncian tráfico de influencias en el Servicio de Salud y embargos de coches lujosos y cuentas

El Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón –en el marco de las Diligencias de Investigación 9/22-, con relación a la denuncia interpuesta sobre presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario anti Covid-19 entre 2020-2021 por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias (DGRE), ha expuesto que "en el desarrollo de la investigación pre-procesal sobre los hechos denunciados, estos actos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y delito de blanqueo de capitales".

En base a las investigaciones practicadas, Luzón, "a la vista del exhaustivo informe elaborado por el Fiscal, Javier Ródenas -en la Delegación de esta Fiscalía en Las Palmas de Gran Canaria-", ha decretado el cese de las Diligencias 9/22 y su archivo por "interposición de querella ante el Juzgado de Instrucción de Las Palmas que por turno corresponda", documento emitido el 12 de julio de 2022, al que ha accedido en exclusiva elcierredigital.com.

En la querella presentada por el fiscal Ródenas -en relación con una de las 23 adjudicaciones públicas presuntamente irregulares señaladas en la denuncia contra el Gobierno de Canarias-,  figuran como querellados, la ex directora general de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias (DGRE), Ana María Pérez, por prevaricación administrativa; el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y, de igual forma, el administrador de las empresas investigadas RR7 UNITED SL y Yimbo 7 Inversiones SL, Rayco Rubén González, por estafa agravada y blanqueo de capitales. 

Esta querella se basa en el incumplimiento de contrato por parte de la empresa RR7 respecto a la licitación de cuatro millones de euros adjudicada a esta mercantil para surtir un millón de mascarillas 3M 1860 KN95 al SCS, material sanitario que nunca fue entregado ni reintegrados los fondos públicos. En este documento, se detallan las comunicaciones vía WhatsApp entre los querellados y un comisionista -entre el 5 al 25 de mayo de 2020- durante los días previos a la formalización del contrato.

Documento por el que Alejandro Luzón delega en el Fiscal de Las Palmas la investigación.

Además, la fiscalía apunta a un enriquecimiento ilícito de 1.350.000 euros por parte de RR7 y Yimbo 7, señalando que con estos mismos fondos públicos se adquirieron diversos coches de alta gama, que han sido incautados por la Policía Nacional en el marco de esta operación junto a la UDEF.

Además, se hace constar que "el SCS rechazó la licitación a otros proveedores más competentes y solventes que RR7", y destaca "el notorio sobreprecio abonado por las mascarillas 3M a esta empresa", un hecho calificado por el fiscal como "el timo de Rayco".

A pesar de la acuciante necesidad esgrimida por el SCS para adquirir las mascarillas 3M, la Audiencia de Cuentas puso de manifiesto en un informe que la necesidad de reponer el stock de material sanitario no era tan extrema, señalando dos periodos más críticos pero en los que había material sanitario en las islas.

El Ministerio Público también solicita ante el órgano instructor, que se tome declaración a los querellados en calidad de "investigados", así como a algunos testigos-peritos pertenecientes al SCS y al testigo, Samuel Machín -comisionista en la adjudicación pública objeto de la denuncia al que nunca pagó RR7 UNITED SL por sus servicios-, tal como avanzó elcierredigital.com.

No obstante, se solicita un requerimiento urgente al Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias para "emitir una certificación nominal de la totalidad de los miembros que compusieron el Comité -grupo de expertos Covid-19 del Gobierno de Canarias desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021-, al formar parte de este equipo Conrado Domínguez -tras ser nombrado por el presidente del ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres-.

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.

La fiscalía pretende averiguar si este Comité tenía conocimiento del contrato con RR7 UNITED SL, si Domínguez informó con carácter previo a esta adjudicación, si fue una decisión autónoma o dentro del comité, si contaba con la habilitación legal por el mero hecho de ser miembro del comité, si los miembros del comité estaban al corriente de las negociaciones con RR7 y si existía votación o aprobación de la mayoría, u otra forma de visto bueno, a las contrataciones de este director del SCS.

Compra de coches lujosos con dinero público

En su investigación, el Ministerio Público indica "un lucro ilícito de 1.350.000 euros de los fondos públicos, obtenidos por parte de estas mercantiles denunciadas a través de la licitación de un contrato de 4 millones de euros para adquirir un millón de mascarillas 3M 1860 KN95, suscrito con el SCS en mayo de 2020".

El entramado societario de Rayco Rubén González accedió a esta adjudicación pública a través de la entidad investigada RR7 UNITED SL pero, posteriormente, tras el ingreso de los 4 millones de euros por el SCS -en dos pagos fraccionados al 50 por ciento-, realizó transferencias a otras empresas filiales y adquirió, para su posterior comercialización, vehículos de alta gama a través de Yimbo 7 Inversiones SL, usando estos mismos fondos públicos, tal como subraya la fiscalía, un hecho también destapado por elcierredigital.com.

Además, según indican fuentes cercanas a la investigación en exclusiva a El Cierre Digital, "en el marco de las pesquisas policiales, se habrían producido más citaciones días atrás para tomar declaración a Rayco Rubén González, quien fue detenido y puesto en libertad posteriormente tras la incautación de diversos coches de alta gama, bajo sospecha de su origen ilícito -algunos de estos automóviles lujosos vendidos por Yimbo 7 Inversiones SL a diversos clientes-. También, se habría solicitado la declaración del individuo M.T. al operar con una cuenta bancaria, externa a esta mercantil, a través de la cual recibía los pagos de los coches de lujo por parte de los clientes -según indican estas fuentes-, que, por otra parte, eran vendidos por la propia empresa Yimbo, gestionada por González". 

Bloqueo inmediato y embargo preventivo de coches lujosos y empresas

En base a este lucro ilícito de 1.350.000 euros por parte del administrador único de estas entidades dedicadas a la venta de coches -ajenas al sector sanitario-, en su querella la Fiscalía ha solicitado como medidas cautelares "el embargo preventivo y el bloqueo inmediato de los automóviles de alta gama adquiridos con estos fondos públicos procedentes del SCS. Así como del resto de activos financieros existentes y de las cuentas bancarias vinculadas al entramado societario del querellado, Rayco Rubén González, titular de estas mercantiles implicadas –RR7 UNITED SL y Yimbo 7 Inversiones SL–. A su vez, Rayco es deudor de los cuatro millones de euros al erario público por incumplimiento de contrato con el SCS, a pesar de los diez requerimientos efectuados por parte de la DGRE para recuperar, sin éxito, el coste de esta licitación frustrada".

Rayco Rubén González junto a un coche de lujo.

La Fiscalía solicita al órgano instructor este embargo "por tener directo origen en el dinero público ilícitamente incorporado al patrimonio del querellado Rayco". En la lista de estos coches lujosos aparecen dos modelos Lamborghini Urus, junto a otro Lamborghini Aventador S, un Bentley Bentayga y un Mercedes Benz AMG GT C, que habrían sido comprados a través de una transferencia de 811.841 euros ejecutada por Rayco utilizando la empresa Yimbo 7, tal como avanzó elcierredigital.com cuando fueron incautados por la Policía Nacional.

Además, se ha requerido el embargo y bloqueo inmediato de la mercantil Berabemar 2017 SL –cuya administradora única es Adoración Sánchez Bonilla, madre de Rayco, y la apoderada, Belén Arencibia, madre de los hijos de Rayco–,  así como de los saldos de las cuentas bancarias y de los vehículos –modelos Porsche 911 GT3 y Audi RS6 Avant–. Estos fueron adquiridos por Berabemar en septiembre de 2020, "por tener directo origen en el dinero público", ha manifestado la Fiscalía, al existir unos traspasos económicos de 252.000 euros que derivaron en la posterior compra de estos coches de alta gama.

Además, la empresa Yimbo 7 –según este informe– no presenta movimientos económicos anteriores a la fecha del ingreso de los cuatro millones de euros de la licitación por parte del SCS. Sin embargo, a posteriori, en diciembre de 2020, Rayco transfirió 300.000 euros a esta entidad. En febrero de 2021, iniciado ya el proceso de rescisión de este contrato público, el querellado ordenó un traspaso de 300.000 euros y otro posterior de 211.841, un total de 811.841 euros bajo préstamos a esta mercantil.

Ocultación de 1.083.841 euros

En la querella ejercida por la fiscalía, se apunta "la ocultación de 1.083.841 euros del dinero obtenido de manera ilícita en el entramado societario de Rayco Rubén González". En esta línea estima que "Rayco, bajo el contrato público adjudicado para adquirir las mascarillas 3M, se valió de un entramado societario radicado en Las Palmas de Gran Canaria, constituido con familiares directos para canalizar los ilícitos flujos de dinero obtenido del SCS por la previa comisión de una estafa, con el marcado propósito de encubrir y ocultar la ilícita procedencia del dinero público conseguido, así como frustrar las posibilidades de cobro del dinero incorporado a su patrimonio".

Por lo que la actuación de Rayco, señala el fiscal, "plenamente consciente de la oportunidad de negocio, aprovechó para su propio lucro una vez conseguida la adjudicación del contrato". Aunque "era consciente de que no tenía la autorización de la marca 3M Company", y esta licitación "no le fue adjudicada por sus méritos empresariales o comerciales sino por ser amigo" –del comisionista Samuel Machín que le puso en contacto con el SCS–. Este hecho, prosigue el fiscal, "fue lo que desprotegió la eficacia y transparencia de la adjudicación, y sirvió a Rayco para lucrarse ilícitamente engañando a todos, tanto a los intermediarios, a los que no abonó la comisión prometida por conseguir el contrato, como a la ex directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud Ana María Pérez, a la que no entregó las mascarillas 3M".

"Se movió por lazos de amistad relajando las exigencias y necesidades contractuales hasta el punto de obviarlas. Rayco jamás tuvo la oportunidad por su nula competencia técnica, inexistente relación negacional y nula capacidad de suministro y la real oportunidad del necesario acopio de las mascarillas y puesta a disposición del SCS antes de la adjudicación de suministros", manifiesta.

El 'timo' de Rayco

La Fiscalía alega que "Rayco tuvo que engañar para conseguir el segundo pago de dos millones de euros –de los cuatro millones de la licitación– a través de un ardid, enviando un correo a la ex directora de DGRE y justificando falsamente la necesidad de obtener la totalidad del dinero para la adquisición de las mascarillas 3M. Todo lo consignado en el correo fue un vapor de promesas, espejismo de palabrería del querellado sin autorización de la marca 3M Company, ni posibilidad real de acceder al fabricante".

"Rayco quebrantó la lealtad económica con los intermediarios –Samuel Machín y Oswaldo Lastras– a los que nunca pagó su comisión –pactada por 100.000 euros– por lo que exigió este segundo pago de dos millones para apropiarse definitivamente de los 1.350.000 euros".

No obstante, se hace mención a una reunión en la que "los peritos advirtieron a la ex directora de DGRE, Ana María Peréz, que RR7 era una empresa fantasma y que autorizar ese segundo pago le iba traer problemas y consecuencias, pues podía ser objeto de una estafa. Sin embargo, Pérez, bajo el correo de Rayco y un informe de la directora general de Programas asistenciales ordenó el libramiento de este segundo pago, aunque esta no quiso causar perjuicio a la Administración".

Ana María Pérez, exdirectora de DGRE.

De igual forma, el fiscal subraya un "iter administrativo abrumadoramente irregular", ya que "no se trató de un ejercicio de la amplia discrecionalidad de la Administración sino de un abuso de poder, pues este contrato escondía un pacto entre el director del SCS y el adjudicatario por razones de amistad con los intermediarios, Samuel y Oswaldo".

Pero además, "las mascarillas 3M 1860 KN95 son FFP2, no son EPI FFP3", –tal como se requería para los hospitales durante la pandemia– como revela un informe de la UDEF según la querella. También se hace alusión a la negociación y modificación del contrato inicial para adquirir unas mascarillas Honeywell –pagando 3,33 euros cuando costaban 1,20 por unidad–, aprobado por el director del SCS –el 16 de julio de 2021– pero que se negocia después de que este quedara extinguido o resuelto por incumplimiento –el 13 de mayo de 2021–, un hecho que se valora como "una pésima gestión administrativa".