16 de agosto de 2022
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FIN DE SEMANA

Su administrador Rayco Rubén González manifestó ante Fiscalía que el Servicio de Salud Canario nunca supo del importe real de su adjudicación

Caso ‘PCR Canarias’: RR7 UNITED se ampara en que no informó al Gobierno de Torres de su comisión millonaria

Exclusiva Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.
Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias. / De fondo, un montaje con documentos del 'caso PCR Canarias'.
En la declaración ante la Fiscalía Anticorrupción del administrador de RR7 UNITED SL, Rayco Rubén González, investigado por incumplir el contrato de cuatro millones licitado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia, manifestó que "nunca informó al Servicio Canario de Salud de la comisión millonaria de 1.350.000 euros que cobró por esta adjudicación". Según la investigación, González, "transfirió fondos entre sus propias empresas, para la compra de coches de alta gama"

El Fiscal de Anticorrupción de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Ródenas, procedió a una exhaustiva toma de declaración –el pasado 19 de mayo de 2022–  del querellado por estafa agravada y blanqueo de capitales, Rayco Rubén González, administrador único de RR7 UNITED SL. Esta acusación se debe al incumplimiento del contrato público de cuatro millones de euros licitado a esta mercantil para adquirir mascarillas 3M por parte del Gobierno de Canarias –el 25 de mayo de 2020, durante la pandemia– además, de "usar estos fondos públicos para transferir créditos millonarios entre sus propias empresas privadas, con el objetivo de adquirir coches de alta gama", reza la investigación llevada a cabo por la UDEF.

Según ha podido saber elcierredigital.com, durante la manifestación de Rayco ante la Fiscalía –en la que fue interrogado acerca del contrato y el uso del dinero público– reconoció como investigado, que "nunca comunicó al Servicio Canario de Salud que habría diferentes comisionistas beneficiarios de su intermediación en este contrato de cuatro millones, en la que su propia comisión como gestor de RR7, sería millonaria". Rayco aseguró que "interpuso una denuncia por estafa al tener que destruir las mascarillas 3M", sin embargo, el fiscal le espetó: "Es de las pocas estafas que conozco, en que el estafado haya ganado 1.350.000 euros".

Pero además, en esta declaración el fiscal Ródenas, entre otras cuestiones claves, puso en valor a través de sus preguntas –bajo las transferencias bancarias investigadas por la UDEF y la asertividad del propio Rayco– que "RR7 se había quedado sin operatividad tras cobrar los cuatro millones de euros abonados por el SCS –en dos pagos fraccionados de dos millones entre agosto y noviembre de 2020– debido a la revisión del contrato por falta de entrega de las mascarillas 3M.

Rayco Rubén González junto a un coche de lujo.

Por lo que Rayco, tuvo que crear la mercantil, Yimbo 7 Inversiones SL, a la que transfirió fondos de este dinero público desde RR7 –811.000 euros repartidos en tres préstamos entre diciembre a febrero de 2021– pero sin garantías o afianzamiento de devolución de estos fondos cobrados del SCS, utilizados a nivel particular, al estar estas entidades destinadas a la compra de vehículos lujosos". Algunos de estos automóviles de alta gama, han sido incautados por la Policía Nacional, tal como reveló elcierredigital.com.

‘RR7 entregó una factura de cuatro millones como única oferta'

Rayco Rubén González, admitió que "era la única persona autorizada como administrador único de RR7 –y de las cuentas bancarias– cuando obtuvo la licitación de cuatro millones de euros a través de SCS". Pero también que "nunca había hecho un contrato con la Administración Pública, al venir de la compra de vehículos a nivel internacional, especialmente, en el mercado de Alemania". Es más, dijo que "antes de la pandemia, en enero de 2020, se reunión en Estados Unidos con su cuñado, Cristo Arencibia Alemán –hermano de José Juan, amigo del presidente canario, Ángel Víctor Torres– porque se mueve con contactos a nivel mundial para hacer negocios, aunque no se formalizase ninguno, excepto el de los cuatro millones".

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno canario.

El investigado alegó ante el fiscal que "conocía al comisionista Samuel Machín, quien le puso en contacto con el SCS, para conseguir el contrato, pero nunca supo quienes eran sus contactos internos en la entidad pública, era tabú". Al igual que tuvo "conocimiento de la normativa", "el suministro de las mascarillas 3M eran para uso exclusivo del Gobierno y hospitales, pero se encargaban los intermediarios".

Según Rayco, "fue Samuel –un colaborador– el que presentó la oferta de cuatro millones al SCS –el 24 de mayo de 2020–", pero reconoce que, como documento, ante esta entidad "sólo aportó la factura de los cuatro millones". También "pidió una carta al Gobierno canario exigido por 3M", sin embargo, el documento de esta solicitud emitido por el SCS ante la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios para obtener el permiso por RR7 para importar este material no fue solicitado hasta el 8 de marzo de 2021, tal como desveló elcierredigital.com.

En aquel entonces, se podían presentar por parte de las empresas, "vía SMS o WhatsApp", estas ofertas millonarias de material anti Covid-19 al comité sanitario de emergencias –presidido por el responsable del ejecutivo, Ángel Víctor Torres–. Por otra parte, Rayco indicó que "no tenía capacidad empresarial para este negocio, pero sí para traer las mascarillas, y que la comisión destinada a Samuel Machín y Oswaldo Lastras como contactos del SCS, era de 200.000 euros a repartir". Sien embargo, "había otras comisiones para otros intermediarios además de la suya de 1.350.000 euros, pero que nadie cobraría hasta que no acabase el negocio", "por lo que no ha devuelto nada a nadie al fracasar la entrega de las mascarillas 3M al SCS", siendo su intención reclamar, según su testimonio.

‘El SCS cambia mascarillas 3M por otras tras el fracaso de su entrega

Uno de los escollos en la declaración de Rayco, apuntados por el fiscal, consistía en "aclarar los plazos de hasta seis meses otorgados –en dos turnos, tras cobrar el dinero público– para proveer de las mascarillas 3M al SCS, cuando era urgente cubrir el stock de material sanitario". Sin embargo, Rayco alegó que "dependía de los distribuidores del producto y las gestiones de Samuel con la Administración para cumplir con los plazos estipulados".

"Yo ponía la empresa para el negocio, fijaba las comisiones y presentaba a los intermediarios, a los que autoricé a hacer gestiones para agilizar la importación cuando había problemas. Samuel era quien se comunicaba con la ex directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez", señala. Pero "desde su empresa, no aportó un diseño de riesgos de la operación mercantil al Gobierno canario". "Los riesgos pueden ser todos o ninguno", dijo Rayco.

"Me enfadé con Samuel –comisionista– entre marzo y junio de 2021, ya no tengo más contacto directo con él, pero me relaciono con otro intermediario –José Lucas Cruz– que sigue interactuando con Samuel, a su vez, quien gestiona con el SCS la modificación del objeto del contrato de mascarillas 3M por otro modelo", relata Rayco. Entonces, el fiscal hace hincapié en "la relevancia de esta segunda oportunidad, otro nuevo contrato de cuatro millones concedido a RR7 sin su propia intermediación –aprobado el 16 de julio de 2021 por el director del SCS, Conrado Domínguez– cuando las condiciones sociales –un año después– eran muy distintas".

Por su parte, según fuentes cercanas, "Samuel, uno de los testigos principales de este caso, ha relatado que 'no cobró la comisión pactada', pero que además "sus acciones eran honestas, para lograr por el bien de los canarios, poder traer este material sanitario a las islas".

‘Pagué 30.000 euros del millón que gané para destruir mascarillas'

A pesar de esta nueva oportunidad concedida a RR7, con un plazo de siete días para realizar la entrega de otras mascarillas al SCS, esta mercantil incumplió una vez más. Por ello se inicia el procedimiento de resolución de contrato e intento de cobro por parte del gobierno canario –publicado en el BOE– unos hechos que Rayco también reconoce. Sin embargo, "no contesta a los requerimientos, sino a través de sus intermediarios", pues, "sigue en el convencimiento a día de hoy de poder haber traído este material sanitario".

Finalmente, dice Rayco que "no me parece justo que tenga que abonar las cantidades de 30.000 euros del millón que gané a la empresa contratada para destruir las mascarillas 3M –sin homologación según la abogada de esta marca–. Esto lo pagué de mis cuentas –cuando la administración tiene que saber el material que contrata, había argumentado–, porque nadie ayudó a solucionar el problema". De igual forma, ha manifestado que consultará con su abogado "respecto a la reintegración de los fondos públicos".

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