'Operación Titella': Mil euros a cambio de figurar como administradores de la trama de sociedades fantasma

Cuando quedan pocas horas para conocer la resolución judicial que dicte la entrada o no en prisión del productor de televisión José Luis Moreno, salen a la luz nuevos detalles que parecen apuntalar una trama que la Brigada de la Policía Judicial de Madrid comenzó a investigar en septiembre de 2018.  

Y es que el 'showman' vive uno de las etapas más delicadas de su vida, tal y como él mismo confesó en el programa de televisión Todo es Verdad, en el que, además, se mostró “dolido" por el hecho de que se esté "utilizando su popularidad en un momento difícil para no respetar unas reglas del juego, que son el respeto a una persona y la presunción de inocencia, un derecho que está en la Constitución Española”.

Desde que el pasado día 29 se produjera su detención en el marco de la ‘Operación Titella’, buena parte de su familia, así como del mundo del espectáculo, han dado la espalda al popular productor, mientras, en paralelo, se sucedían las informaciones sobre presuntos impagos a actores, sus deudas con Hacienda -de más de un millón de euros- o sobre las irregularidades en la gestión de sus empresas y proyectos.

Y precisamente son las irregularidades en la gestión, o más bien en la constitución, del complejo entramado empresarial, que contaba con más de 700 mercantiles a través de las cuales se blanqueaba, presuntamente, dinero negro proveniente, entre otros, de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, lo que en los últimos días ha copado más titulares gracias al testimonio de empresarios vinculados a la red que presuntamente encabezada José Luis Moreno. 

Sacas repletas de billetes 

En una información publicada por La Verdad, un empresario de la Región de Murcia con contactos supuestamente ligados a la ‘Operación Titella’, relata que vio “a José Luis Moreno marcharse del despacho de Antonio Luis Aguilera llevándose sacas enteras repletas de billetes”.

Este testigo afirma que el peso de las operaciones presuntamente fraudulentas, y a través de las cuales se obtenían créditos de entidades bancarias, recaía sobre  Antonio Luis Aguilera, un madrileño supuestamente experto en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, y que se encontraba en busca y captura por tener una orden de ingreso en prisión. 

José Luis Moreno. 

De este modo, relata, la red criminal funcionaba adquiriendo decenas de sociedades mercantiles instrumentales, es decir, sin actividad alguna, por las que se llegaban a pagar grandes cantidades de dinero y que eran utilizadas para estafar a las entidades bancarias y también a inversores particulares. 

“Querían sociedades con al menos dos años de antigüedad, con un administrador que estuviera limpio -sin antecedentes policiales y sin problemas con la Hacienda Pública- y que, además, tuviera presentadas sus cuentas”, relata el testigo citado por el periódico murciano. Estas cuentas las hacían con datos ficticios, ya que no desarrollaban actividad mercantil alguna, señala el empresario, que explica, tal y como recoge La Verdad, que podían llegar a pagarse hasta 30.000 euros por una de estas empresas.

Una actividad habitual

Esta es una actividad relativamente frecuente en el mercado de la delincuencia financiera y, en torno a ella, surgiría una labor paralela de captación de personas dispuestas a figurar como administradores de esas sociedades fantasma. Normalmente, ciudadanos con bajos recursos que ceden sus datos a cambio de cantidades que rondan los mil euros por empresa. Para cobrarlos, únicamente deben acudir  al notario y firmar las escrituras de la sociedad.

La cara no visible de la trama

Aunque el entramado desmantelado el pasado martes por impulsar una macroestafa bancaria tuvo como cara visible al productor y humorista José Luis Moreno, el empresario Antonio Luis Aguilera habría ostentado un papel determinante para obtener el crédito bancario que presuntamente estafaron. De hecho, Aguilera figura en los atestados policiales como el artífice de conseguir estos contratos actuando con una identidad falsa.

No es la primera vez que el empresario debe hacer frente a la Justicia. En 2018 Aguilera fue identificado por incumplimiento de una condena por estafa agravada interpuesta en 2015 por la Audiencia Provincial de Barcelona. El arresto se produjo por los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil, y en el momento de su detención portaba cuatro teléfonos móviles, un DNI falso y un carnet de perito judicial.

Asimismo, tendría antecedentes policiales por tráfico de drogas y estafa aunque el juez Ismael Moreno lo dejó el pasado jueves en libertad, sujeta al pago de una fianza de 200.000 euros.