Desvelamos el coste del envío a Bélgica de escoltas para Puigdemont: Unos 70.000 euros al mes en pluses

Han pasado 116 días desde las pasadas elecciones generales del 23 de julio. Unos comicios en los que el Partido Popular se alzó con el mayor número de escaños; insuficientes, incluso con el apoyo de los diputados de VOX, para conformar Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, lo intentó sin resultado. Ahora ha sido el segundo partido que obtuvo mayor número de votos, el PSOE, el encargado de intentar formar Gobierno. Los pasados días han sido decisivos para acercar posturas entre el partido socialista liderado por Pedro Sánchez y el resto de formaciones de izquierda e independentistas que se unirán al nuevo Gobierno de España.

Tras la firma del pacto del PSOE con Junts per Catalunya, en el que se contempla la polémica Ley de Amnistía, han sido muchos los colectivos que han mostrado su rechazo ante estos acuerdos para formar Gobierno. Los principales colectivos del Derecho español han señalado que lo estipulado es muy peligroso, ya que “rompe la separación de poderes”. También los policías españoles han señalado que el borrador de la citada Ley supone un “apedreamiento institucional”. Y los votantes de los partidos más conservadores han salido masivamente a las calles, como también lo han hecho ante la sede del PSOE, para manifestarse en contra de la amnistía que se pretende otorgar a los líderes y ciudadanos catalanes implicados en el procés soberanista.

Manifestantes contra la amnistía en Madrid. / Fotografía: elcierredigital.com

A pesar de todo, la investidura de Pedro Sánchez sigue adelante. Este miércoles 15 de noviembre tuvo lugar la primera jornada en el Congreso de los Diputados, para lo que se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en Madrid, pocas veces visto. Hoy, día 16 de noviembre, ha tenido lugar la votación que ha culminado, como se esperaba, con Pedro Sánchez investido como presidente del Gobierno de España con 179 votos a favor y 171 en contra. A partir de ahora se tendrá que comunicar la decisión al rey y Sánchez tendrá que tomar posesión de su cargo frente a él, este próximo viernes en el Palacio de la Zarzuela.

Carles Puigdemont pide a Interior servicio de escolta

Pero a escasas horas de que la votación tuviera lugar, uno de los flecos más comentados y criticados de los pactos para la formación del Gobierno ha sido la última petición del expresident Carles Puigdemont: Quiere escolta institucional, ya que se considera en riesgo debido a la situación convulsa que se vive actualmente en nuestro país.

El jefe de su gabinete, Josep Lluís Alay, ha exigido al consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, que se le asigne de forma “inmediata y con carácter de urgencia (...) efectivos de escolta de Mossos, que son necesarios para el desarrollo de las funciones del president Carles Puigdemont (…), teniendo muy presente el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para la persona, detectado especialmente desde hace algunas semanas, hecho que es público y notorio”.

Banderas con lemas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. / Fotografía: elcierredigital.com

Ante esta petición oficial ha habido disparidad de opiniones y de respuestas. Entre ellas, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, ha afirmado que el ministerio de Interior tramitará “sin problemas la petición”: “Nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber”, ha comunicado. Desde el ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska ya han solicitado, por el momento, que se implique la Abogacía del Estado en la decisión a tomar.

“Consideramos ilegal esa escolta”

No obstante, desde el sector de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya muestran su honda preocupación. Por ejemplo, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), creen que “no da lugar a concesión de tal petición”. Este colectivo de policías considera que Carles Puigdemont es “un prófugo de la justicia. Y mientras la Ley de Amnistía no esté en vigor, nuestro deber como policías no es escoltar a este prófugo, sino conducirlo hasta un Tribunal de Justicia”, declaran fuentes del SUP a elcierredigital.com

Y afirman que en caso de que llegue a concederse el servicio de escolta oficial a Puigdemont en Bélgica, van “a formular una querella por un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa” contra el ministerio de Interior.

Todo esto, siempre que “se dicte una orden por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad para trasladar a agentes de policía al extranjero a proteger a una persona sobre la que pesa una orden de búsqueda y detención”.

Dispositivo de seguridad durante la primera sesión de investidura. / Fotografía: elcierredigital.com.

Según explican fuentes del SUP a elcierredigital.com, "no es lo normal que agentes de policía viajen al extranjero para ejercer de escoltas de un prófugo de la Justicia".

En este caso, al estar el expresident catalán en territorio belga, correspondería hacerlo a Policía Nacional, ya que “Mossos d’Esquadra es competente en calidad de expresident de la Generalitat, pero siempre sobre suelo español y cuando cese la orden de búsqueda sobre él”.

Por su parte, en estos casos el Ministerio de Interior español debe solicitarlo a los países donde los policías acudan como escoltas—como, por ejemplo, para tener permiso de tenencia de armas—, "por ello la solución más sencilla suele ser que los países pongan sus propios escoltas al servicio de las personalidades y altos cargos extranjeros que acudan. Y no que viajen allí policías españoles", señalan fuentes policiales a elcierredigital.com.

Además, esto supondría un gasto añadido para los españoles, que es la razón por la que desde el sindicato policial SUP se querellarían por malversación de caudales públicos. “Un servicio de escolta completa de ese nivel [el que requiere Puigdemont] requiere, al menos, entre diez y quince policías, los cuales se organizarían en distintos turnos y ello conllevaría el cobro de una indemnización por la comisión de servicio en el extranjero, ascendiendo tal cantidad a 209,75 euros por cada día. Ese sería el complemento que percibirían los policías que se encontrasen desplazados en Bélgica [donde reside actualmente Puigdemont] para esa eventual escolta que consideramos ilegal”, sostienen desde el SUP. Es decir, un coste global medio de pluses de unos 70.000 euros al mes.

Por su parte, consultados por elcierredigital.com, los escoltas de los Mossos d’Esquadra —Cuerpo solicitado por Puigdemont para garantizar su seguridad— afirman que "en el caso de que la petición fuera concedida, es su deber velar por la seguridad del expresident. Nosotros estamos al servicio de la personalidad que nos desempeñen en todo momento, sea de un lado o de otro. Solo velamos por la integridad física de las personas y no por su ideología”, declaran a elcierredigital.com.

Agentes de Policía Municipal de Madrid frente al Four Seasons de la capital. / Fotografía: elcierredigital.com

En el supuesto caso de que también se concediese el servicio de escolta a Puigdemont para su traslado definitivo a España, desde el SUP señalan que se solicitarán “medidas cautelares para que se suspendiese dicho traslado” e interpondrán a su vez “otra querella contra aquel responsable político que dictase esa resolución”.

A día de hoy, los sindicatos de policía están pendientes de los movimientos que se tomen, tanto por parte del ministerio de Interior como de la Consellería de Interior de la Generalitat de Cataluña. Y así, "ver cómo actuar al respecto", señalan.

Por su parte, el todavía ministro de presidencia Félix Bolaños ha puesto ya fecha para la tramitación de la Ley de Amnistía, que podría hacer volver "libre" a España a Carles Puigdemont: principios del año 2024.

La sombra de Puigdemont sobrevuela el Congreso 

Este pacto de intereses entre PSOE y Junts per Catalunya ha marcado este miércoles la investidura de Pedro Sánchez, quien racaneó en sus largas intervenciones a la hora de explicar los pormenores de la amnistía, el punto caliente de las concesiones de los socialistas al partido liderado por un huido de la Justicia, Carles Puigdemont. 

Previsiblemente en la jornada de este jueves 16 de noviembre, 179 diputados refrendarán a Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno de España. Un líder socialista que ayer mostró sus cartas en la primera jornada de la sesión de investidura marcada por la tensión exhibida por el presidente del Gobierno y sus dos principales opositores, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal (que acabó acercándose luego a Ferraz a apoyar las manifestaciones).

Sánchez salió desde temprano al ataque en una jornada caliente marcada por las céntricas calles madrileñas cortadas y con fuerte presencia policial, alertada por las continuas protestas de los ultras. Por entonces, al menos, sabía que Podemos le garantizaba su continuidad en La Moncloa con el aval del 85% de sus inscritos. 

El socialista mostraba su opinión sobre las manifestaciones previas. Reconocía que en democracia se funciona con votos, no con manifestantes, y que él "va a recibir el apoyo de ocho fuerzas políticas que suman 12,6 millones de votos, lo que supone la segunda mayor cifra de la historia de apoyo a un presidente (solo por detrás de José Luis Rodríguez Zapatero)". 

En las filas del PP torcían el gesto porque ese dato está dopado por el aumento de la población en España, algo que fue utilizado por Sánchez para justificar la amnistía y, al contrario, desde las filas conservadoras para mostrar su contrariedad. Lo hizo primero Alberto Núñez Feijóo en su versión más afilada y luego Santiago Abascal, con un tono más bronco. "Se pasó de frenada al hablar de 'golpe de Estado' o mentar a Adolf Hitler, frases que fueron retiradas del diario de sesiones por orden de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol", señalan los expertos consultados. 

Cara a cara

Pedro Sánchez se encontró cómodo. Y aludió a la agenda social y estuvo abonado a la palabra Constitución. Exhibió, además, un ramillete de promesas redistributivas y perfiló su imagen internacional al anunciar que pedirá el reconocimiento de la Unión Europea al Estado de Palestina. 

"Hemos cometido errores y carencias, errores involuntarios por los que hemos pedido disculpas. Pero, honestamente, creo que en el balance en el que destacan los logros es incuestionable", añadía Pedro Sánchez. 

El líder del PP, Núñez Feijóo, aseguró por su parte que a Sánchez "la historia no le amnistiará", refiriéndose a las concesiones realizadas al independentismo catalán, y aseguró que "el presidente del Gobierno en funciones humilla al PSOE, pero que él no va a permitir que se humille a España". El líder del PP advirtió que votará 'no' a la amnistía, y no favorecerá la investidura su adversario (tal y como hicieron los socialistas con Mariano Rajoy en 2016), y se mostró implacable ante su adversario. 

"No a la amnistía, no a ignorar las víctimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo, no a mediadores internacionales, no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos, no a cesiones pagadas con 100.000 millones de euros de los trabajadores, no a Bildu, no a que unos pocos decidan por el conjunto, no a darle la espalda a más de la mitad de los españoles, no a una democracia recortada, no a la mentira, no a la desigualdad entre españoles. Dicho de otro modo: no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales", aseguraba. 

Sánchez. 

Feijóo advertía que "esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener. La tendrán que escuchar en las plazas, como el pasado domingo en una concentración sin precedentes en la democracia española. La tendrán que escuchar en las instituciones, en las que tenemos el honor de gobernar y a las que quiero pedir disculpas en nombre de esta Cámara por los insultos y las descalificaciones a los presidentes autonómicos remitidas por el candidato durante la sesión de la mañana". 

La legislatura que se avecina

Lo que es evidente es que la próxima legislatura se avecina escarpada. Fundamentalmente por la debilitada mayoría del Gobierno del PSOE, que tiene una ambiciosa agenda que difícilmente aceptarán partidos independentistas de centro-derecha, como el PNV o Junts per Catalunya, que no se han pronunciado sobre la reducción de horas a todos los trabajadores a cambio del mismo salario. 

Está claro, además, que el PP y Vox, con el apoyo de UPN, intentarán torpedear los próximos meses desde el Senado las leyes y propuestas de Sánchez, como también lo harán desde las principales alcaldías, al igual que en casi todas las autonomías donde gobiernan, e, incluso, intentando su influencia en la judicatura, como en el mundo empresarial y hasta en Bruselas. 

Por su parte, la formación Podemos ya ha advertido que no pondrá fácil la legislatura tras conocer que se queda fuera del Consejo de Ministros. Ione Belarra e Irene Montero ayer se mostraban serias y evitaban aplaudir a Sánchez a su llegada, al contrario de lo que hicieron el resto de sus compañeros de Sumar. 

Pablo Iglesias ya ha anticipado que quiere que Podemos se presente en solitario a las próximas elecciones europeas, tal y como adelantó elcierredigital.com hace más de cinco meses en exclusiva.