17 de junio de 2024
|
Buscar
FIN DE SEMANA

También los inspectores de Hacienda se han levantado contra “los tributos en Cataluña” y los de Trabajo contra la Seguridad Social en Euskadi

Todos los colectivos del Derecho, contra la Ley de Amnistía: “Rompe la separación de poderes, algo que es peligrosísimo”

El Cierre Digital en Imagen de la reunión telemática efectuada por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre el pacto entre PSOE y Junts.
Imagen de la reunión telemática efectuada por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre el pacto entre PSOE y Junts.
Diversas asociaciones del ámbito de la justicia, así como de la Hacienda y del trabajo, se han mostrado en contra del pacto alcanzado entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Entre las cuestiones más polémicas, se encuentra el concepto del ‘lawfare’ dentro de la ley de amnistía, que, según miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, supone una ruptura “de la separación de poderes, lo que es peligrosísimo”.

El pasado 9 de noviembre se dio a conocer el pacto firmado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya para facilitar un acuerdo de investidura para la formación de Gobierno. El texto, firmado en Bruselas, menciona la polémica ley de amnistía y el “concepto de 'lawfare' o judicialización de la política”. Es este último concepto el que ha hecho saltar en masa a diferentes asociaciones relacionadas con el ámbito de la justicia.

En el pacto entre PSOE y Junts se puede leer lo siguiente: “La ley de amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum del 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Elcierredigital.com se ha puesto en contacto con miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que emitió un comunicado a las 21:30 del pasado jueves tras una sesión extraordinaria vía telemática —por la aplicación Zoom— a las 20:00, apenas unas horas después de que el pacto saliera a la luz.

“El lawfare implica que dan opción a comisiones creadas ad hoc para que revisen resoluciones judiciales siempre y cuando se entienda que se pueden aplicar a los independentistas. Y esto lo que implica de facto es la revisión por parte de uno de los poderes del Estado de lo que está haciendo otro, que es el Judicial. Esto rompe la separación de poderes, lo que es peligrosísimo”, declaran los miembros del citado organismo a elcierredigital.com.

Añaden, además, que todas las instituciones que han publicado comunicados “en contra del contenido de este acuerdo, lo han hecho precisamente por considerar y valorar el peligro que implica por está vía el control político de las resoluciones dictadas por parte de los jueces”. “Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid hemos tomado esta valiente decisión buscando siempre el rigor técnico y jurídico, sin entrar jamás en valoraciones políticas”, aclaran.

En el comunicado se puede leer que “el ICAM, en cumplimiento de sus fines, ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes”. Sobre estas medidas, los miembros de la Junta del Gobiero afirman que implicarían interponer “los recursos que cupieran en derecho ante la materialización de cualquier medida que se desarrollara en cumplimiento de esos acuerdos”, ya sea ante organismos jurídicos nacionales, como internacionales.

La justicia se manifiesta contra el pacto

El ICAM no es el único organismo que se ha manifestado sobre la cuestión del lawfare del acuerdo. También emitió un comunicado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que califica de “inadmisibles referencias, que lo son tanta semántica como sustantivamente” las del lawfare y muestra “el frontal rechazo a tales iniciativas”.

“Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos que se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada”, declaran en el comunicado desde el CGPJ. En línea con lo expuesto por el ICAM, afirman que esta iniciativa “implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes”. De las siete personas que aparecen en el comunicado, seis de ellas lo aprobaron. Solo una se mostró en contra.

De una forma similar publicaba un comunicado la Asociación de Fiscales. Mostraban “su más firme oposición a esta medida, un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho”. “Es inadmisible la utilización del término ‘guerra judicial’ (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente”, añaden.

Asociaciones de jueces como la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente también emitieron un comunicado conjunto al respecto. En este resaltaron que la medida supone una “evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes” y destaca que “los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley” y que “el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo”.

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia también emitía un comunicado alertado que con la publicación del pacto, “resulta evidente que el principio de legalidad unido al Estado de Derecho reconocido ya en el artículo 1 de la Constitución, la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos españoles, están en serio peligro”.

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, “en defensa del Estado de Derecho”

En el mismo sentido se ha manifestado el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Mostrando su “rechazo frontal y absoluto a los acuerdos para una futura investidura del actual presidente de Gobierno de España”, han declarado que el citado pacto “vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española” al “pretender eliminar la obligación que les encomienda el artículo 9.2 de la Constitución Española a los poderes públicos”.

Esta afirmación tiene que ver con la ya mencionada polémica cuestión de la amnistía que sería concedida, presumiblemente, a todos “aquellos que participaron en los acontecimientos acaecidos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, hechos constitutivos de delitos graves según pronunciamientos de los Tribunales”. Por ello, también muestran su “rechazo”.

No es lo único contra lo que se han manifestado desde este sindicato. Después de que se dé a conocer, además, el pacto entre el PSOE y el PNV, ha sido igualmente polémico que se pretenda traspasar la Seguridad Social al País Vasco antes del año 2026.

Desde el sindicato alertan que es fundamental para su trabajo "que la gestión de la Seguridad Social siga dentro de las competencias del Estado, para garantizar así los principios de calidad y eficiencia de la prestación del Servicio a los ciudadanos" así como garantizar "el mantenimiento del Estado de Bienestar".

"La igualdad de todos los españoles y la propia 'caja única' pueden verse afectadas como consecuencia del proceso de transferencia que se pretende iniciar y más cuando la vía planteada es realizarlo a través de una comisión bilateral con el País Vasco y no con el resto de grupos políticos que conforman la Comisión del Pacto de Toledo, la cual, creada en 1995, vela y debe seguir velando por la defensa de un sistema de Seguridad Social Solidario, que garantice la sostenibilidad del sistema", sostienen.

Inspectores de Hacienda, también en contra

Otro aspecto polémico que ha hecho saltar a los inspectores de Hacienda tiene que ver con la financiación de Cataluña. Así se lee en el texto: “Y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”.

Parte del comunicado de los Inspectores de Hacienda.

Contra esto se han manifestado los Inspectores de Hacienda del Estado, que consideran que esta medida supone una “ruptura del régimen constitucional actual”. “La exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la AEAT de Cataluña, por lo que nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la AGE”, continúan.

Los inspectores aluden, de nuevo, al artículo 14 de la Constitución, sobre el principio de igualdad entre todos los españoles, y advierten que de este modo se permite “la existencia, por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y comunidades de segunda”.

COMPARTIR: