Caso Cursach: El Tribunal absuelve a todos los acusados pero aprecia diez delitos de falso testimonio

Elcierredigital.com ha tenido acceso a la sentencia del ‘Caso Cursach’, cuyo fallo ha certificado las absoluciones de todos los acusados, incluidos Gabriel Mayol y Josep Mayans, los dos policías locales a los que se les mantuvieron los cargos. Según el Tribunal de la Sección Primera, del juicio se pueden desprender indicios de graves delitos cometidos por parte del juez instructor, Manuel Penalva, y del fiscal Miguel Ángel Subirán. Por ende ha deducido testimonios contra ambos por detención ilegal, prevaricación y coacciones a testigos.

Esta circunstancia ha abierto un segundo frente judicial contra los ya procesados Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán. Asimismo, la sentencia ha deducido testimonio contra diez testigos que declararon en juicio por mentir. De estos diez testigos destaca la inspectora del Grupo de Blanqueo, ‘El Ico’ y el dueño del bar Sa Trobada, uno de los principales denunciantes que mantuvo los cargos contra dos agentes de la policía que han quedado absueltos de forma definitiva.

Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán

La sentencia indica que se proceda “al alzamiento de cuantas medidas cautelares personales y reales se hubieran adoptado contra los absueltos en la presente causa, así como a la devolución de los objetos, efectos e instrumentos que se les hubiesen intervenido, y que sean de lícito comercio, si no se hubiere hecho ya”.

No obstante, también se han apreciado indicios de falso testimonio y obstrucción a la justicia contra las demás acusaciones particulares, Ángel Ávila y José Manuel Bover, los empresarios de Palma y Calvià, quienes acusaron a Cursach en un primer momento. Junto a ellos se incluye a dos hermanos agentes de la Policía Local, Vicente Gómez Ferrer y Juan Miguel Gómez Ferrer, también denunciantes. 

Los orígenes del caso Cursach

Bartolomé 'Tolo' Cursach ha sido juzgado por presuntos delitos de organización de grupo criminal y prevaricación administrativa, por los que el ‘Rey de la noche’ se enfrentaba a un año y medio de prisión. Anteriormente, sobre Tolo Cursach pesaban dos delitos más (con siete años de cárcel) y un delito fiscal que se archivó en 2018. Elcierredigital.com tuvo acceso al informe del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en el que se analizaron las pruebas del presunto fraude a la Hacienda Pública y la Seguridad Social del conocido caso Cursach.

Como ya informó elcierredigital.com, Hacienda obvió las pruebas que presuntamente acusaban al ‘Rey de la noche’ de fraude a la Hacienda Pública. Pero además, a lo largo de las 400 páginas del informe redactado por la Unidad de Blanqueo, se expresó también un presunto fraude a la Seguridad Social.

En el escrito se pusieron de manifiesto conversaciones telefónicas, entre los trabajadores y algunos de los miembros implicados en la trama, en las que se afirmó que un empleado que estaba “sustituyendo”, no estaba “asegurado en ningún sitio”.

El presunto fraude a la Seguridad Social de Cursach

Aparte de las conversaciones telefónicas, en el informe se recabó información proveniente de los registros de los despachos de algunos de los locales de ocio del Grupo Cursach. Estos datos fueron comparados con la documentación oficial del Registro Mercantil, de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Según se explicó en el informe del Grupo de Blanqueo, en los balances financieros encontrados en el registro de una de las discotecas aparecía un apartado denominado “sueldos” en el que se hacía referencia al dinero que cada empresa “pagaba en concepto de sueldos y salarios a sus trabajadores”. “Llama la atención en estas páginas la gran diferencia que existe entre la cantidad que consta en ellos y la cifra que la misma sociedad declaró de forma oficial y que pagó en concepto de sueldos a sus trabajadores en los mismos años fiscales”, continuaba el escrito elaborado por la policía.

Bartolomé Cursach

Con estos elementos, en el informe se concluye que una de las sociedades analizadas “no declaraba la totalidad de los sueldos pagados a sus empleados y, como consecuencia de ello, disponía de asalariados no dados de alta de forma legal en la Seguridad Social, no abonando las cargas sociales y los impuestos derivados de la contratación de los mismos”. Lo que, como se expresaba más adelante, constituyó un “presunto delito de defraudación a la Seguridad Social en cada uno de los ejercicios fiscales de los años 2010, 2011 y 2012 al eludir el pago de las cuotas correspondientes”.