Caso Cursach: El exfiscal Miguel Ángel Subirán estudia querellarse contra la Fiscalía por “calumnias e injurias”

Después del insólito final del juicio del caso Cursach, continúa en el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (TSJIB) la causa contra el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, encargados de llevar parte del caso. Están acusados de delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones mientras se encargaban del caso Cursach.

Como parte de sus actuaciones con respecto a este mediático macrojuicio, según ha podido conocer elcierredigital.com a través de fuentes del caso, el exjuez y el exfiscal dejaron sin imputar al jefe de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, Vicente Gómez, que declaró en el juicio del caso Cursach. Ahora, el fiscal de la causa, Tomás Herranz, ha afirmado en un informe que este testimonio “carece de credibilidad” por la “relación intensa” que mantenía con el exfiscal Miguel Ángel Subirán.

Esta “relación intensa”, según el fiscal, queda “acreditada por la existencia de un chat” y fue dada a conocer por uno de los testigos. “Dijo que [Gómez] tenía una relación sentimental con Subirán. Ignoramos si es verdad. Pero, desde luego, el testimonio de esta persona carece de credibilidad. No solo por esto, por lo que hemos dicho hasta ahora, sino porque en sí mismo tampoco es creíble”, ha dicho el fiscal, según ha podido conocer elcierredigital.com.

Según ha tenido conocimiento este diario a través de estas fuentes del caso, tanto Vicente Gómez como Miguel Ángel Subirán van “a solicitar a la sala que se otorgue licencia por las declaraciones que ha hecho el fiscal, que son falsas, calumniosas e injuriosas”, para que, de este modo, puedan poner una “querella por calumnias e injurias”.

Durante la declaración de Gómez en el juicio del caso Cursach el pasado mes de octubre se le preguntó por la relación que Gómez tenía con Subirán, con el que se fue “de cena o de comida” un par de veces y que mantenían contacto a través de un chat en el que había otros policías. Sin embargo, afirmó no haber tenido “jamás” acceso a la causa ni tener una relación sentimental con el fiscal. “Evidentemente, no”, respondió cuando se le preguntó directamente.

Acusaciones por el caso Ora

Aunque la principal acusación hacia el exjuez y el exfiscal (jubilados por incapacidad) correspondía al denominado caso Ora —en el que habrían, presuntamente, presionado a testigos—, también afectaba al caso Cursach principalmente en lo referente a la madame, el ICO y el testigo protegido 29, que fueron imputados por falso testimonio.

Fuentes cercanas comunicaban a elcierredigital.com que, en lo referente al caso Cursach, las llamadas de los testigos “están recogidas y en ellas dicen que declararon voluntariamente sin ningún tipo de coacción”.

El exfiscal Miguel Ángel Subirán y el exjuez Manuel Penalva.

La información del auto por el que se acusaba al exjuez y al exfiscal, firmado por Pedro Barceló, Antoni Terrasa y Fernando Socias, fue publicada por el diario Última Hora y, según informaron a elcierredigital.com fuentes del caso, fue por este artículo por el que “se enteraron” tanto el exjuez como el exfiscal.

En el escrito de acusación, presentado por los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y Jaime Llardó tras el fin del juicio del caso Cursach, se piden 37,5 años de prisión para Subirán y 32,5 para Penalva además de la inhabilitación para empleos públicos y el pago de 2,3 millones de euros de multa.

El fin del caso Cursach

El juicio del caso Cursach llegó a su fin el pasado 30 de noviembre. Los acusados se reunieron en la Audiencia Provincial de Mallorca para que los fiscales expusieran las conclusiones finales de un macrojuicio que juzgaba la vinculación del ‘rey de la noche’, Bartolomé Cursach, además de otros presuntos implicados, en un entramado corrupto de la noche de Mallorca. Tal y como se anunció en la vista del pasado 29 de noviembre, tanto Bartolomé Cursach como Bartolomé Sbert y otros trece procesados fueron absueltos de todos los cargos. Solo permanecen acusados dos agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, imputados por un delito continuado de coacciones por el que se les pide dos años de prisión.

Para Teresa Bueyes, abogada defensora de los empresarios de Magaluf que ejercían parte de la acusación, esto supone "una mala noticia para la justicia", y afirmaba que recurrirán la sentencia.

"La vamos a recurrir simplemente para que formalmente quede constancia de que hemos llegado al tope del todo. Sé que no nos van a dar la razón, pero con la poca razón que me quede voy a ir al Ministerio de Justicia a plantear una queja y una demanda por responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la administración de justicia. Porque mi cliente no es culpable de que no haya habido un juicio justo", declaró la letrada a elcierredigital.com.