30 de septiembre de 2022
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FIN DE SEMANA

El TSJIB ha revocado el sobreseimiento libre que tenían, una decisión que podría afectar al macrojuicio contra el ‘rey de la noche’ del 13 de junio

Caso Cursach: Acusados el exjuez y el exfiscal por amenaza, coacción y obstrucción

Miguel Ángel Subirán y Manuel Penalva.
Miguel Ángel Subirán y Manuel Penalva. / Exfiscal y exjuex del caso Cursach.
El exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán tendrán que comparecer ante la justicia por presuntos delitos de amenazas, coacciones y obstrucción a la justicia. La decisión, tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, da un nuevo giro al caso Cursach y al macrojuicio del 13 de junio sobre la corrupción de los negocios de la noche mallorquina de Bartolomé Cursach, que, según confirman fuentes a El Cierre Digital, podría ser declarado nulo.

Un nuevo giro llega para el caso de corrupción en los negocios de la noche mallorquina, el conocido como caso Cursach. La semana pasada se retiraban acusaciones a algunos de los investigados en el juicio y ahora les toca el turno al juez y al magistrado que llevaron la causa. El pasado lunes se dio a conocer que el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán tendrán que responder por delitos de amenazas, coacciones y obstrucción a la justicia por haber presionado a los testigos. Así lo ha dictado la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (TSJIB), que revoca, de este modo, el auto de sobreseimiento libre que ya tenían los ahora acusados.

Según ha podido conocer elcierredigital.com de fuentes cercanas al caso, “todo está organizado una semana antes de que salga el juicio de Cursach [el próximo 13 de junio] porque hay unos claros intereses para favorecerles”. Una situación que estas mismas fuentes califican de “vergonzosa”.

Esta nueva información podría, según han informado estas fuentes, “proponer la nulidad del juicio. Porque van a decir que si el juez y el fiscal que instruyeron el caso estaban coaccionando a la gente entonces la instrucción es nula, y lo que van a intentar es la nulidad del juicio para favorecer a Cursach y a su grupo”.

Bartolomé Cursach Mas, también conocido como Tolo o el 'rey de la noche' de Mallorca, es uno de los magnates del ocio nocturno mallorquín con más influencia. El propietario de las discotecas más grandes de la isla (además de hoteles, gimnasios e incluso restaurantes) está siendo investigado por corrupción desde el año 2014 aunque no fue hasta 2017, con la acusación de algunos empresarios de la isla, cuando se empezó a poner el foco en sus negocios.

Bartolomé Cursach.

Aunque la principal acusación hacia el exjuez y el exfiscal (jubilados por incapacidad) corresponde al denominado caso Ora —en el que habrían, presuntamente presionado a testigos—, también afecta al caso Cursach principalmente en el caso de la madame, el ICO y el testigo protegido 29, que fueron imputados por falso testimonio.

Fuentes cercanas comunican a elcierredigital.com que, en lo referente al caso Cursach, las llamadas de los testigos “están recogidas y en ellas dicen que declararon voluntariamente sin ningún tipo de coacción”.

La información del auto, firmado por Pedro Barceló, Antoni Terrasa y Fernando Socias, ha sido publicada por el diario Última Hora y, según han informado a elcierredigital.com fuentes del caso, ha sido por este artículo por el que “se han enterado” tanto el exjuez como el exfiscal. Estas mismas fuentes han querido denunciar que “esto es un caso claro de corrupción a todos los niveles. Política, policial, jurídica… de todo. No se ha visto una cosa igual”.

El cambio en la acusación de Anticorrupción

La semana pasada, cuando solo quedaban doce días para el macrojuicio del caso Cursach, la Fiscalía Anticorrupción retiraba la acusación contra siete de los 23 investigados, acotando los hechos por los que reclamaba condenas por el proceder de catorce agentes de la Policía Local de Palma —que se enfrentaban a hasta doce años y medio de cárcel— y sus posibles conexiones con Bartolomé Cursach Mas.

Sin embargo, los empresarios que vieron sus negocios afectados por este caso se reafirmaban en su acusación y mantenían sus peticiones de cárcel sin exculpar a ninguno de los procesados. Esta decisión obliga a empresarios, policías locales de Palma y políticos a asistir al juicio por sus presuntos delitos. Los empresarios afectados y sus representantes legales insistían en que Bartolomé Cursach y sus empleados —entre los que se encuentran algunos de los procesados— se beneficiaron de su influencia sobre las instituciones de Palma para acabar con la competencia.

Según un escrito registrado ante la Audiencia Provincial, el Ministerio Público eliminaba su acusación contra el funcionario del Ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal, la exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell y el funcionario del Govern, Bernadí Coll —estos dos últimos acusados de prevaricación por permitir que se realizaran obras sin licencia en el Megapark—.  También aparta el foco de la investigación inicial del celador de Cort, Julián Garau, y de tres cargos del Grupo Cursach: el director de Tito's y el jefe de sala de la discoteca, Jaime Lladó, y Arturo Segade y Antonio Bergas, supuesto 'número tres' de la trama.

Por otro lado, la Fiscalía también rebajó las peticiones de condena de los 16 procesados restantes del caso Cursach. Para 'el rey de la noche' de Mallorca, reclamaba un año y medio de prisión frente a los ocho y medio solicitados en un principio. Para Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, se pedían tres años y medio de prisión. Inicialmente, a ambos se les investigaba por delitos de grupo criminal, prevaricación, cohecho y coacciones, pero la fiscalía ha retirado varios de ellos por "falta de pruebas". De esta manera a Cursach solo se le imputan delitos de grupo criminal y prevaricación.

Miguel Estarellas, agente de la Patrulla Verde y uno de los implicados en el caso Cursach, ha resultado también exculpado a pesar de haber fallecido durante la tramitación de la causa y antes de que se celebre el macrojuicio. Además, la Fiscalía renunciaba a casi 40 testigos propuestos en el escrito inicial de acusación.

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