El futuro judicial en España de Juan Carlos I se despeja: La Fiscalía sospesa archivar sus tres investigaciones

El horizonte judicial en España de Juan Carlos I podría quedar despejado en cuestión de semanas. La Fiscalía del Tribunal Supremo, según adelanta El Confidencial, no tiene intención de prorrogar las diligencias que asumió en junio de 2020 para investigar las irregularidades patrimoniales del Emérito, que acabó por abandonar España rumbo Abu Dabi para, tal y como se desprendía del comunicado que emitió la Casa Real, no seguir dañando a la institución monárquica.

Al monarca se le investiga por tres causas. La primera, iniciada a finales de 2019, indaga los gastos que, entre 2016 y 2018, realizaron presuntamente Juan Carlos I y algunos miembros de la Familia Real con tarjetas opacas nutridas con dinero del empresario mexicano Sanginés-Krause. La segunda, cuyas diligencias se abrieron el 8 de junio de 2020, el supuesto cobro de una comisión de 65 millones de euros por la adjudicación a doce empresas españolas de la construcción del AVE a la Meca en 2012. La tercera, anunciada el 6 de noviembre de 2020, por un posible entramado financiero en la Isla de Jersey.

La decisión de archivarlas respondería a la imposibilidad de perseguir los delitos que presuntamente habría cometido, bien porque han prescrito, bien porque son anteriores a su abdicación en 2014 cuando gozaba de inviolabilidad o bien porque las dos regularizaciones que presentó ante Hacienda en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 han desactivado cualquier posibilidad de actuación judicial contra él.

El Rey Juan Carlos I. 

En este sentido, se barajó la posibilidad de que ambas regularizaciones podrían no ajustarse a derecho, porque estas se produjeron después de que el Tribunal Supremo notificara la apertura de diligencias a la defensa del Emérito, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco. A este respecto, el artículo 305.4 del Código Penal señala expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria "antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

No obstante, a pesar de que no se ha dado el criterio de "espontaneidad" que se requiere para que sea legal, el Ministerio Público considera que ambas regularizaciones son legales y se hicieron de forma correcta. 

Regreso a España

El plazo para las diligencias vence en diciembre y el equipo de fiscales encargado de las pesquisas, dirigido por Juan Ignacio Campos, no considera preciso ampliarlas porque, salvo que surjan nuevas evidencias, no tiene indicios suficientemente sólidos como para presentar una querella contra don Juan Carlos ante la Sala Segunda del Supremo. En concreto, la exclusiva de El Confidencial detalla que el escrito se expondrá en unas semanas y que este, que concluirá con el archivo de las diligencias, será largo y "duro".

De este modo, la decisión de la Fiscalía podría abrir la puerta al posible regreso del monarca a España tras su exilio a Emiratos Árabes Unidos en verano de 2020.