27 de enero de 2021
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FIN DE SEMANA

Esas operaciones se habrían realizado en 2016, 2017 y 2018 después de la abdicación del monarca y por tanto no están protegidos constitucionalmente

El nuevo escándalo de las tarjetas opacas que afecta a los Reyes Eméritos, Juan Carlos y Sofía: Derivaron gastos con cargo a cuentas en el extranjero

El Cierre Digital en Juan Carlos I y la Reina Sofía en el ojo de la Fiscalía Anticorrupción.
Juan Carlos I y la Reina Sofía en el ojo de la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía Anticorrupción investiga a varios miembros de la familia Real por el uso de varias tarjetas de crédito con cargo a cuentas situadas en el extranjero, donde ninguno de los dos consta como titular. Ese dinero se habría usado desde 2016 hasta 2018 y habría superado los 120.000 euros, constituyendo por tanto la posibilidad de un delito fiscal y en un plazo temporal donde Juan Carlos I ya había abdicado y por tanto ya no estaba protegido constitucionalmente.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a varios miembros de la familia Real española por el gasto de varias tarjetas de crédito. Las tarjetas eran usadas, al parecer, por el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía y otro familiares, como los nietos de ambos. El gasto de esas tarjetas se abonaban desde una cuenta en la que ni el Rey Emérito ni su familia aparecen como titulares, según adelantó en exclusiva a elDiario.es.

Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas opacas no están los actuales monarcas, Felipe VI y Letizia Ortiz ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía, pero sí otros familiares directos de Juan Carlos I.

Los gastos corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, después del 2014 cuando abdicó el actual Rey Emérito y, por tanto, no tiene la protección que le otorga la Constitución. En Anticorrupción buscan esas cuentas a donde irían los gastos realizados por esas tarjetas, que, supuestamente se ubicarían fuera de España. La cuestión es si ese flujo irregular de dinero incumple algún tipo de normativa española y en ese sentido Anticorrupción ya ha pedido que el juzgado emita comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.

Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo año fiscal. Tanto el Rey Emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque el resto de personas investigadas no lo son.

Dolores Delgado, Fiscal General del Estado.

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la investigación también ha permitido identificar ya a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la familia real: Una persona de nacionalidad mexicana y un alto mando de la Guardia Civil.

Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía aparecen varios viajes a Londres, donde la esposa del rey mantiene desde hace años su residencia habitual, añade elDiario.es

La reina Sofía cuenta con una asignación anual de dinero público. En 2020 recibirá un total de 111.854 euros del presupuesto asignado a la Casa Real. El Rey Emérito, por su parte, cobró 161.034 euros de esa partida en 2019. Este año solo ha recibido una cuarta parte de esa cantidad; ya que Felipe VI retiró la asignación a su padre en marzo, al trascender el escándalo de su fortuna presuntamente oculta en paraísos fiscales.

El dinero usado de estas cuentas es posterior a los supuestos 65 millones de euros que el Rey Emérito recibió de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen. El fiscal del Tribunal Supremo que lleva este caso de los 65 millones, Juan Ignacio Campo, planea solicitar el archivo de esta causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del rey emérito.

La Fiscalía General del Estado anunció este mismo martes que esta investigación será asumida por la Fiscalía del Tribunal Supremo. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto según el cual Anticorrupción deberá remitir “con efectos inmediatos” a la Fiscalía del Alto Tribunal esas diligencias “para que continúe las actuaciones hasta su conclusión y efectos”, informó en un comunicado. El fiscal Juan Ignacio Campo ha sido designado para llevar a cabo esta investigación. 

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