24 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

Anticorrupción no ha llamado a declarar todavía a Jesús Díaz, exdelegado de Copasa en Baleares, tras sufrir un robo de documentación en su oficina

La Fiscalía busca entre las empresas españolas quién pagó los 134 millones de euros por comisiones del AVE a La Meca

El rey Juan Carlos y el rey Salman de Arabia Saudi en una foto antigua.
El rey Juan Carlos y el rey Salman de Arabia Saudi en una foto antigua.
La Fiscalía Anticorrupción ya tiene bastante estudiada la documentación aportada por la intermediaria de origen iraní Shahpari Azam Zanganeh sobre su intervención en la negociación de las obras del AVE a La Meca en Arabia Saudi, que se quedó un consorcio español. Sin embargo, el exdelegado de Copasa, una de las empresas concesionarias del macroproyecto, no ha sido llamado todavía a declarar a pesar de que denunció ante la Policía un robo de importante documentación en sus oficinas.

La Fiscalía Anticorrupción apura sus investigaciones sobre el destino final del dinero pagado supuestamente por el consorcio español del AVE a La Meca a la intermediaria iraní Shahpari Azam Zanganeh, tercera mujer de Adnan Khashoggi, traficante de armas saudí y amigo personal del rey emérito Juan Carlos I. Los fiscales ya tomaron declaración a Zanganeh en Madrid en julio de 2019 y analizan la documentación que entregó al respecto. La intermediaria habría pactado una comisión de 134 millones de euros si el consorcio español se llevaba la obra.

Shahpari Azam Zanganeh y su marido Adnan Khashoggi.

La Fiscalía sospecha que los fondos fueron abonados por el consorcio español, bautizado como Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) e integrado por doce empresas españolas -Adif, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, OHL, Renfe y Talgo-. Actualmente otras dos empresas saudíes se han incorporado a estas empresas para el desarrollo de la segunda fase del proyecto, son Al Shoula y Al Rosanlas. La investigación solo afecta a estas 12 empresas españolas, que en octubre de 2011 resultaron ser las adjudicatarias de un negocio que supone unos 6.736 millones de euros.

Las investigaciones se apoyan ahora en los importes exagerados de algunas facturas por los servicios prestados. Compensaciones fraudulentamente hinchadas que ponen incluso en duda la titularidad de esas sociedades, que parecen montadas exprofeso para emitir esas facturas, al no tener actividad regular.

Cintas de Corinna

La Fiscalía comenzó a instruir diligencias hace dos años, cuando se difundieron en los diarios El Español y OK Diario unas cintas grabadas supuestamente por Villarejo en las que la examante del Rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein aseguraba que el rey habría usado a su primo Álvaro de Orleans para llevarse comisiones de grandes contratos y también había reclamado su porcentaje de la licitación del AVE saudí. Fue Corinna quien habría  señaldo a Zanganeh como intermediaria en esa operación.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

La publicación de las grabaciones provocó la apertura de una pieza separada del caso Tándem, denominada Carol, que luego fue archivada por el juez De Egea, ya que la figura de Juan Carlos I era inviolable en la época en que supuestamente se produjeron las operaciones relatadas en los audios y, por tanto, los hechos no eran susceptibles de ser encausados.

Pero la Fiscalía decidió seguir tirando del hilo y centrarse en el destino del dinero supuestamente abonado a Zanganeh por la docena de compañías españolas del AVE del desierto. La intermediaria firmó en 2011 un contrato con el consorcio por el cual se aseguraba un 2% del importe total de las obras si lograba que Riad seleccionara su oferta de 6.736 millones de euros, como terminó pasando. En virtud de ese acuerdo privado, Zanganeh se aseguró cobrar 134 millones de euros.

Durante la declaración Zanganeh defendió que todo era legal y que prestaba esos mismos servicios para multinacionales de otros países a través de su consultora. Además, afirmó que podía mostrar las facturas destinadas a pagar a proveedores saudíes que habían colaborado en la consecución del proyecto. Unos días después los abogados de Zanganeh entregaron abundante documentación en la Fiscalía Anticorrupción. 

Una de las empresas investigadas, la gallega Copasa, presidida por José Luis Suárez Gutiérrez, es la tercera en importancia dentro de este grupo, solo por detrás de Talgo y OHL. Mientras, Copasa libra además su particular batalla contra su exdelegado en Baleares, que intermedió en contratos con los árabes y está defendido precisamente por Pedro Horrach, un exfiscal Anticorrupción. 

Jesús Díaz Barreiros, exdelegado de Copasa en Baleares.

Según explicó ya elcierredigital.com el empresario Jesús Díaz Barreiros intervino decisivamente en la consecución de la obra del AVE a La Meca y resulta muy extraño que todavía no haya sido llamado a declarar por la Fiscalía Anticorrupción,  aunque contó en una extensa entrevista el robo sufrido.

Éste solo es uno de los problemas que tiene la constructora Copasa, presidida por José Luis Suárez Gutiérrez, que ya denunció por vía penal a Díaz Barreiros por falsedad de contrato laboral y haber falsificado supuestamente la firma de Suárez, presidente de esta empresa en su contrato.

Anteriormente Jesús Díaz había reclamado vía civil a Copasa su relación laboral como exdelegado territorial de esta empresa en Baleares, durante 13 años, pero al iniciarse este nuevo procedimiento penal la reclamación de cantidad efectuada por Díaz quedó en suspenso en tanto no se resuelva este otro asunto penal. La importancia de esta reclamación reside en que Díaz Barreiros proporcionó contactos e intermedió entre Copasa y el gobierno de Arabia Saudita, donde tiene importantes contactos.

Sin embargo, la querella penal no fue ratificada por el propio Suárez, presidente de Copasa, a pesar de que fue su firma la supuestamente falsificada. Además, el principal afectado, José Luis Suárez, no se presentó en el juicio, que tras una rápida vista oral quedó visto para sentencia.

Intermediación internacional

El conflicto se inició cuando Divicotel, empresa de Diaz, reclamó el pago de 6 millones de euros a la emprea Copasa por varios trabajos realizados. Como la reclamación no se satisfizo, Diaz puso en caso en manos del letrado Pedro Horrach, anterior fiscal Anticorrupción en el caso Noos de Mallorca. Parte de ese dinero reclamado correspondería a comisiones de intermediación en trabajos internacionales de Copasa, tercera emprea por volumen de negocio beneficiaria de las obras del AVE a la Meca y parte imporante del consorcio de empresas españolas que trabajan en este macroproyecto millonario.  

Una imagen del AVE a La Meca.

El exdelegado territorial en Baleares de Copasa presentó varios contratos mercantiles para probar su relación contractual, después de la negativa y acusaciones de falsificación de prueba judicial del contrato laboral presentado por Jesus Díaz Barreiros en su demanda laboral, única presentada hasta la fecha y respondida con una demanda penal contra este por la empresa y acusación de José Luis Suarez Gutierrez.

Las declaraciones de Jesús Díaz levantaron en su momento una polvareda judicial que amenaza con salpicar al presidente del grupo, José Luis Suárez Gutiérrez. Al mismo tiempo, Copasa mantiene una querella contra su exdelgado territorial, Jesús Díaz, al que acusa de falsificar la firma del presidente en los contratos laborales y, por tanto, no haber tenido nunca una relación laboral estable con el grupo constructor, a pesar de que Copasa le pagaba todos los sueldos y honorarios.

En noviembre de 2016 las oficinas de Copasa en Baleares sufrieron un robo, denunciado por Díaz en la comisaría de Policía. Según ya informó elcierredigital.com entre la documentación robada aparecería información relativa a  altos cargos del grupo Copasa, como José Luis Saravia Centeno , Rafael Arin Abad  y Felipe Sanchez Alvariño. Un robo que continúa siendo investigado por la Policía, ya que entre esos documentos podría haber algunos relativos a la negociación de la construcción del AVE a la Meca.

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