Han sido interpuestas por sindicatos, sanitarios, abogados, particulares, colectivos ultras e incluso un partido político
Estas son las 17 querellas a las que tendrá que hacer frente el Gobierno por su gestión en la crisis del coronavirus
No es la primera querella y previsiblemente tampoco será la última a la que se enfrente el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión durante el COVID-19. De momento van 17 en total, presentadas ante el Tribunal Supremo.
La verdad es que se esperan aluvión de denuncias contra el gobierno, contra las comunidades autónomas y contra todos los que hayan tenido cierto rango de autoridad durante la pandemia del COVID-19. Todas las querellas tienen como denominador común que el Gobierno conocía de antemano la gravedad de la pandemia y no habría actuado con diligencia para evitarlo, similar a la presentada este lunes por la Plataforma El Día Después, que de momento es la última.
Según adelantó en exclusiva este mismo lunes elcierredigital.com un equipo de 11 abogados presentó una querella por homicidio contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo el Consejo de Ministros. La denuncia fue presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo la mañana del lunes en representación de 3.268 personas que han perdido a 3.274 familiares por la pandemia del COVID-19.
Un equipo formado por 80 abogados y 10 procuradores de toda España, seleccionados de entre los 2.266 que, generosamente, se ofrecieron para prestar sus conocimientos y experiencia en esta iniciativa, elaboró la querella contra cada uno de los 23 miembros del Consejo de Ministros de España, que podrían ser autores de miles de delitos de homicidio, dolosos o imprudentes, por su comportamiento frente a la epidemia del virus SARS-COV-2 que, según datos del Ministerio de Sanidad, el lunes 11 de mayo eran de 26.774, cifra que representa el 12,85 por ciento de todos los fallecidos en el mundo, según los querellantes.
La querella se presentó como "presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave, de los artículos 142.1 y 142 bis del Código Penal, y cualesquiera otros que se deriven del conocimiento de la instrucción de la causa, al haber permitido por acción o por omisión, como se glosará infra, que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares de mis pordedantes (...)".
Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, explican que "hasta el momento, miles de familias que han perdido uno o más familiares como consecuencia del COVID-19, van a personarse como acusación particular en esta querella, pidiendo para cada imputado una pena de entre tres meses y quince años, dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos".
La querella presentada este mismo lunes en el Supremo.
Homicidio imprudente y prevaricación
Querella número diecisiete
El Tribunal Supremo, en Madrid.
La primera querella fue presentada por un abogado, Víctor Valladares, por presuntos delitos de prevaricación y lesiones por imprudencia profesional al permitir la Delegación de Gobierno la manifestación en Madrid del Día de la Mujer del 8 de marzo. Otro abogado, Raúl Castañeda, registró una denuncia contra Sánchez por los mismos hechos y su colega de profesión Luis Alberto Pardo registró una tercera denuncia en la que expone la posible comisión de un delito de daños por imprudencia.
A principios de abril también llegó al Supremo una denuncia de una plataforma de nuevo cuño creada al calor de la crisis sanitaria de "afectados por la Covid-19", encabezada por Carmen Balfagón, exdirectora del Imserso. En este caso la denuncia es contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al titular de Sanidad, Salvador IIIa, por su responsabilidad en la gestión de la crisis.
Un sindicato, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), fue uno de los primeros en presentar una querella contra Salvador IIIa por la falta de protección del personal sanitario para luchar contra el coronavirus. Se trata del colectivo con mayor número de infectados y el sindicato atribuye al ministro delitos de homicidio imprudente, lesiones y un delito contra los trabajadores por infringir las normas de prevención de riesgos.
También la falta de protección individual y el fallecimiento de cuatro agentes hizo que la Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil se querellase también contra IIIa y Grande-Marlaska. La Asociación de Abogados Cristianos también se querelló contra el Gobierno tras la decisión de la Policía Nacional de desalojar a una veintena de feligreses de la catedral de Granada durante la misa de Viernes Santo. Un colectivo de la Policía Municipal de Madrid también denunció a Sánchez e IIIa por estos hechos.
El partido político Vox también se querelló contra Pedro Sánchez, y los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y delito contra los trabajadores. A estas querellas también se han sumado las acciones penales de los sanitarios, como el Consejo General del Colegio de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos o la Asociación de Médicos Titulados Superiores, que han presentado denuncias por delito contra la seguridad de los trabajadores. Además de señalar al ministro IIIa, el colectivo sanitario se dirige contra tres altos cargos de Sanidad.
Finalmente, una familia de Huelva pide responsabilidades penales al presidente del Gobierno y cuatro de los ministros de su gabinete por el fallecimiento de un marinero jubilado de 79 años por el coronavirus y el colectivo ultraderechista Hogar Social Madrid se querelló contra Grande-Marlaska por las declaraciones sobre las persecución de bulos del jefe de la Guardia Civil José Manuel Santiago.
Denuncia contra Díaz Ayuso
Familiares de personas mayores internadas en residencias, agrupadas en la Marea de Residencias, han presentado este lunes también una querella con 26 denunciantes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y diez directores de residencias con fallecidos por COVID-19. Los denunciados son los directores de Domus VI-Mirasierra, Aralia-Ensanche de Vallecas, Domus VI-Usera, Aralia-Isabel la Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Lineal.
Respecto a la presunta responsabilidad penal de la presidenta regional, la querella sostiene que la crisis provocada por el COVID-19 se ha convertido en una pandemia, que tuvo sus primeros casos a mediados de febrero en España, "aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores".
Cuando se presentó esta querella en la región de Madrid habían muerto 5.688 ancianos en residencias por coronavirus, casi el 50 por ciento de los fallecidos en centros de todo el país.
