26 de septiembre de 2020
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FIN DE SEMANA

Han sido interpuestas por sindicatos, sanitarios, abogados, particulares, colectivos ultras e incluso un partido político

Estas son las 17 querellas a las que tendrá que hacer frente el Gobierno por su gestión en la crisis del coronavirus

Emilia Zaballos y José Antonio Sánchez, dos de los abogados que han firmado la última querella./ Confilegal.
Emilia Zaballos y José Antonio Sánchez, dos de los abogados que han firmado la última querella./ Confilegal.
El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que hacer frente a un aluvión de denuncias presentadas por su gestión de la crisis del COVID-19. Las 17 querellas presentadas en el Tribunal Supremo tienen como motivo principal el conocimiento de las autoridades sobre la gravedad de la pandemia y no haber actuado con diligencia para evitar tanta cantidad de fallecidos. La última, de momento, fue presentada este mismo lunes en representación de más de 3.000 familiares de víctimas del COVID-19.

No es la primera querella y previsiblemente tampoco será la última a la que se enfrente el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión durante el COVID-19. De momento van 17 en total, presentadas ante el Tribunal Supremo.

La verdad es que se esperan aluvión de denuncias contra el gobierno, contra las comunidades autónomas y contra todos los que hayan tenido cierto rango de autoridad durante la pandemia del COVID-19. Todas las querellas tienen como denominador común que el Gobierno conocía de antemano la gravedad de la pandemia y no habría actuado con diligencia para evitarlo, similar a la presentada este lunes por la Plataforma El Día Después, que de momento es la última.

Según adelantó en exclusiva este mismo lunes elcierredigital.com un equipo de 11 abogados presentó una querella por homicidio contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo el Consejo de Ministros. La denuncia fue presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo la mañana del lunes en representación de 3.268 personas que han perdido a 3.274 familiares por la pandemia del COVID-19.

Un equipo formado por 80 abogados y 10 procuradores de toda España, seleccionados de entre los 2.266 que, generosamente, se ofrecieron para prestar sus conocimientos y experiencia en esta iniciativa, elaboró la querella contra cada uno de los 23 miembros del Consejo de Ministros de España, que podrían ser autores de miles de delitos de homicidio, dolosos o imprudentes, por su comportamiento frente a la epidemia del virus SARS-COV-2 que, según datos del Ministerio de Sanidad, el lunes 11 de mayo eran de 26.774, cifra que representa el 12,85 por ciento de todos los fallecidos en el mundo, según los querellantes.

La querella se presentó como "presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave, de los artículos 142.1 y 142 bis del Código Penal, y cualesquiera otros que se deriven del conocimiento de la instrucción de la causa, al haber permitido por acción o por omisión, como se glosará infra, que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares de mis pordedantes (...)".

Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, explican que "hasta el momento, miles de familias que han perdido uno o más familiares como consecuencia del COVID-19, van a personarse como acusación particular en esta querella, pidiendo para cada imputado una pena de entre tres meses y quince años, dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos".

La querella presentada este mismo lunes en el Supremo.

Adicionalmente, en concepto de responsabilidad civil, se solicita el pago a cada querellante de una indemnizacion de entre 50.000 y 300.000 euros, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de estos fallecimientos.
 

Homicidio imprudente y prevaricación

Los presuntos delitos de los que se acusa al Gobierno de España son homicidio imprudente, prevaricación y omisión del deber de socorro entre otros. Actualmente el equipo jurídico de los querellantes estudia si amplia esta denuncia contra Fernando Simón, como director del gabinete técnico de lucha contra el COVID-19 y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
 
Los hechos argumentados se refieren a que "el día 30 de enero de 2020, el director general de la OMS, aceptando una recomendación del Comité de Emergencia declaró que el brote constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (...) Ese mismo día se confirmó el positivo de dos turistas chinos en la ciudad de Roma, pero el gobierno de España hizo caso omiso, ocultando cualquier información a los ciudadanos sobre dicha emergencia". La querella también recoge que "el 24 de enero, ya se había emitido una comunicación, por parte del jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía, D. José Antonio Nieto González, dirigida al ministerio del Interior, y en la que se proponían medidas de prevención (...)", un hecho que ya fue perfectamente contado por elcierredigital.com. 
 
Los redactores de la querella añaden que "el 31 de enero se diagnosticó en la isla de la Gomera el primer caso de contagio; y la primera muerte conocida se produjo en Valencia el 13 de febrero. (...) a finales del mes de febrero se habían detectado ya 32 casos de contagio en España, sin que el Gobierno hubiera adoptado medida alguna de prevención (...)". Los querellantes recuerdan las declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón cuando a finales de febrero declaró: "En España no hay coronavirus y por tanto no hay riesgo de infectarse, se está generando una ansiedad social que está un poco fuera de lo razonable".
 
También recuerdan los actos multitudinarios celebrados "a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la gran mayoría de los ciudadanos españoles tuvieran conciencia del riesgo que corrían (...)". Mencionan al respecto, mascletás en Valencia, huelga feminista estudiantil, la carrera de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer en Madrid, acto político de Vox, no cancelación de vuelos con origen o destino Italia y celebración de eventos deportivos varios.
 
Los datos de todos estos afectados se han podido recabar gracias al apoyo gratuito entre otros del Patronato de la Fundación Zaballos y de los 80 abogados y procuradores de los juzgados que se han prestado para colaborar en esta querella.
 

Querella número diecisiete

Con la de este lunes el Tribunal Supremo ha registrado en las últimas semanas 17 querellas o denuncias contra el presidente del Gobierno y diversos ministros y altos cargos por su presunta responsabilidad penal en la gestión de la crisis sanitaria. Todas deberán ser resueltas por la Sala Segunda (Penal) del Alto Tribunal y han sido presentadas por sindicatos de funcionarios, partidos políticos, abogados y ciudadanos particulares. La Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena todavía no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de estas denuncias ni tampoco sobre la imposición de una fianza provisional en el caso de las acusaciones populares.

El Tribunal Supremo, en Madrid.

La primera querella fue presentada por un abogado, Víctor Valladares, por presuntos delitos de prevaricación y lesiones por imprudencia profesional al permitir la Delegación de Gobierno la manifestación en Madrid del Día de la Mujer del 8 de marzo. Otro abogado, Raúl Castañeda, registró una denuncia contra Sánchez por los mismos hechos y su colega de profesión Luis Alberto Pardo registró una tercera denuncia en la que expone la posible comisión de un delito de daños por imprudencia.

A principios de abril también llegó al Supremo una denuncia de una plataforma de nuevo cuño creada al calor de la crisis sanitaria de "afectados por la Covid-19", encabezada por Carmen Balfagón, exdirectora del Imserso. En este caso la denuncia es contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al titular de Sanidad, Salvador IIIa, por su responsabilidad en la gestión de la crisis.

Un sindicato, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), fue uno de los primeros en presentar una querella contra Salvador IIIa por la falta de protección del personal sanitario para luchar contra el coronavirus. Se trata del colectivo con mayor número de infectados y el sindicato atribuye al ministro delitos de homicidio imprudente, lesiones y un delito contra los trabajadores por infringir las normas de prevención de riesgos.

También la falta de protección individual y el fallecimiento de cuatro agentes hizo que la Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil se querellase también contra IIIa y Grande-Marlaska. La Asociación de Abogados Cristianos también se querelló contra el Gobierno tras la decisión de la Policía Nacional de desalojar a una veintena de feligreses de la catedral de Granada durante la misa de Viernes Santo. Un colectivo de la Policía Municipal de Madrid también denunció a Sánchez e IIIa por estos hechos.

El partido político Vox también se querelló contra Pedro Sánchez, y los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y delito contra los trabajadores. A estas querellas también se han sumado las acciones penales de los sanitarios, como el Consejo General del Colegio de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos o la Asociación de Médicos Titulados Superiores, que han presentado denuncias por delito contra la seguridad de los trabajadores. Además de señalar al ministro IIIa, el colectivo sanitario se dirige contra tres altos cargos de Sanidad.

Finalmente, una familia de Huelva pide responsabilidades penales al presidente del Gobierno y cuatro de los ministros de su gabinete por el fallecimiento de un marinero jubilado de 79 años por el coronavirus y el colectivo ultraderechista Hogar Social Madrid se querelló contra Grande-Marlaska por las declaraciones sobre las persecución de bulos del jefe de la Guardia Civil José Manuel Santiago.

Denuncia contra Díaz Ayuso

Familiares de personas mayores internadas en residencias, agrupadas en la Marea de Residencias, han presentado este lunes también una querella con 26 denunciantes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y diez directores de residencias con fallecidos por COVID-19. Los denunciados son los directores de Domus VI-Mirasierra, Aralia-Ensanche de Vallecas, Domus VI-Usera, Aralia-Isabel la Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Lineal.

Respecto a la presunta responsabilidad penal de la presidenta regional, la querella sostiene que la crisis provocada por el COVID-19 se ha convertido en una pandemia, que tuvo sus primeros casos a mediados de febrero en España, "aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores".

Cuando se presentó esta querella en la región de Madrid habían muerto 5.688 ancianos en residencias por coronavirus, casi el 50 por ciento de los fallecidos en centros de todo el país.

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