Los contratos millonarios ‘a dedo’ durante la Covid del hoy ministro Torres a favor de la empresa unida al clan Ábalos

El periodismo de investigación libre y comprometido con la búsqueda de la verdad que intentamos desde elcierredigital.com logró que fuéramos los primeros que en el año 2022 destapáramos los contratos millonarios Covid-19, presuntamente adjudicados ‘a dedo’ —o de manera directa sin concurso público— por el Gobierno de Canarias del entonces presidente autonómico y actual ministro de Política Territorial del Gobierno de Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres.

Estas licitaciones millonarias reveladas en exclusiva por nuestro diario desembocaron en una macrodenuncia presentada por Juan Manuel Pérez respecto a 23 contratos con un coste de 32 millones de euros contra el Servicio Canario de Salud (SCS), que a día de hoy investiga la Fiscalía Europea, con las imputaciones por presunta corrupción del exdirector del SCS, Conrado Domínguez, y del administrador único de la entidad RR7 United SL, Rayco González, entidad adjudicataria de un contrato de cuatro millones por unas mascarillas 3M que nunca se entregaron al Gobierno de Canarias.

Comida del hoy ministro Ángel Víctor Torres, el cuñado de Rayco Rubén González de RR7 UNITED SL, José Juan Arencibia, y el asesor fiscal de Rayco, Pablo Carranza.

De hecho, todas las investigaciones de este periódico fueron remitidas a la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía Europea, Tribunal de Cuentas, Guardia Civil y Policía Nacional. Elcierredigital.com también señaló las adjudicaciones de material anti Covid-19 por 53,6 millones de euros obtenidas por la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L, entidad supuestamente "afín al clan del ex ministro José Luis Ábalos".

Es más, nuestro diario se hizo eco de las denuncias interpuestas por el exjuez y abogado Ramiro Grau, precisamente el letrado que llevó el asunto de las licitaciones presuntamente ilícitas del ‘clan Ábalos’ ante la Fiscalía Anticorrupción, como ante la Fiscalía Europea y la UCO de la Guardia Civil en el año 2022.

Más tarde, Ramiro Grau realizó una ampliación de denuncia contra este presunto entramado societario vinculado a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción también en 2022. En esta última denuncia aportó las adjudicaciones públicas para la compra de material anti Covid-19 por un total de 53,6 millones de euros, denuncia que reveló en exclusiva elcierredigital.com.

Los negocios de la empresa 'afín al clan Ábalos'

Según el Portal de Transparencia consultado por nuestro periódico, la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL obtuvo una licitación de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial el 20 de mayo de 2020 para la adquisición de material de protocolo para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con motivo de la Covid-19, por 3.479.355 euros.

Esta empresa también fue contratada por el Consejo de Administración de ADIF durante la gestión del exministro socialista José Luis Ábalos, para un suministro de cinco millones de mascarillas FPP2 por valor de 12.500.000 euros, y por parte de la presidencia del organismo público Puertos del Estado, el 27 de abril de 2020, para adquirir mascarillas profilácticas por veinte millones de euros.

Curiosamente, las licitaciones recayeron en esta mercantil, ajena al sector sanitario, cuyo administrador único es la empresa Purdey Investment SL, figurando como su representante José Ángel Escorial Senante. Una sociedad que fue beneficiada para adquirir mascarillas durante la pandemia por parte de los ministerios de Transportes (José Luis Ábalos) e Interior (Fernando Grande Marlaska) y por parte de los gobiernos autonómicos socialistas de Baleares y Canarias, tal como acreditó ante la Fiscalía Anticorrupción el abogado Grau en un documento remitido el 20 de junio de 2022.

Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos.

Este letrado, a través de los informes anuales de las cuentas correspondientes a los períodos de 2017 a 2021, depositados por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en el Registro Mercantil, puso en conocimiento de la Fiscalía la vinculación empresarial de esta entidad con la sociedad Purdey Investment SL, al ser administrador único de la primera, con una facturación de 300.000 euros en 2020, así como de la sociedad Erromar Soluciones Digitales SL, con una facturación de 96.000 euros en 2020.

No obstante, en las cuentas anuales de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, registradas en 2018, esta empresa reconoció unas pérdidas de 1.133.453,89 euros bajo unos ingresos de 101.058,05 euros. Y en relación a las cuentas anuales del año posterior de 2019, manifestaron unas pérdidas de 1.072.106,50 euros, para sin ningún tipo de control gubernamental acceder a las citadas licitaciones millonarias a través de los contratos Covid-19.

El denunciante Ramiro Grau expresó en su escrito ante la Fiscalía que "seguramente es lo que se pretendía en relación al grupo de empresas citado, pues es imposible saber dónde está el dinero obtenido a través de estas licitaciones públicas como, por ejemplo, lo recaudado por esta mercantil por la compra de 20 millones de mascarillas a 2,50 euros cada unidad, que suponen un total de 50 millones de euros a localizar". También subrayó la importancia de "hacer hincapié en la recaudación de Hacienda respecto a estas facturaciones y el pago del IVA bajo la constancia de un adeudo que reconocen ante la Agencia Tributaria de 1.714.518,67 euros".

Lo más significativo es que, según el Registro Mercantil, "una empresa con un capital social mínimo de 8.888 euros consiguió facturar más de 53,6 millones de euros mediante la venta de mascarillas, a precios abusivos, mediante las contrataciones públicas aprobadas por los ministerios y gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares", alegó en su denuncia este abogado, tal como destapó en exclusiva elcierredigital.com.

Detenciones por el caso mascarillas

Ahora, a raíz de la detención de Koldo García, la mano derecha del exministro Ábalos, en el marco de la operación Delorme que investiga presuntas comisiones ilegales en relación a los contratos Covid-19 denunciados por Grau, elcierredigital.com ha mantenido una conversación telefónica con este abogado, quien revela que recibió "un oficio de la Fiscalía Europea en marzo de 2023 —documento al que ha accedido nuestro diario— que confirmaba la remisión de estas actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción española sobre las adjudicaciones millonarias de material sanitario obtenidas por la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L, que ha abierto las Diligencias de Investigación 10/22".

Documento que recibe Ramiro Grau de la Fiscalía Europea.

Por otra parte, Grau insiste a elcierredigital.com que "perseguirá las licitaciones de material Covid-19 sufragadas con fondos europeos". Y pone de manifiesto "las batallas judiciales ganadas al entorno del clan Ábalos".

Precisamente, una de las investigaciones de elcierredigital.com destapó las licitaciones de material sanitario adjudicadas por el Gobierno de Canarias, entonces presidido por el hoy ministro de Política Territorial del Gobierno Sánchez, Ángel Víctor Torres, a la entidad investigada SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L, por importe de 11,2 millones de euros a cargo del erario público del Servicio Canario de Salud.

A través de una consulta realizada al Portal de Transparencia por nuestro diario, fueron encontrados en 2022 diversos contratos aprobados por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (DGRE), con un coste de 7.288.332 euros, licitados a esta misma mercantil.

También la DGRE —bajo resolución oficial de 10 de abril de 2021— licitó una contratación que se adjudicó a su vez a SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L, para el transporte, fletes aéreos y seguros de transportes de mascarillas KN95 para el Servicio Canario de Salud (SCS) por 417.814 euros.

Igualmente, se realizó con esta empresa ligada al clan Ábalos una contratación directa por emergencia —el 22 de mayo de 2020— para la adquisición de mascarillas FPP2, destinadas a los hospitales del SCS, con un coste de 4.775.500 euros, todo bajo financiación con fondos FEDER. Como también otro contrato —22 de mayo de 2020— de suministro de 837.300 mascarillas KN95 y de 555.000 mascarillas FFP2 para el SCS con un valor estimado de 2.095.018 euros.

Grau ha indicado a elcierredigital.com que "en una resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Canarias –emitida el 3 de junio de 2021– negó que se hubiese realizado estos pedidos y adquirido mascarillas a SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L". Y fue a raíz de la recepción de este documento —al que ha accedido este diario—, cuando este letrado motivó un nuevo escrito ante Presidencia —fechado el 21 de julio de 2021— en el que advertía sobre "esta resolución falsaria y que pudiera ser constitutiva de un presunto delito de falsedad en documentos oficiales, prevista y penada en el Código Penal".

Tal como ha revelado a elcierredigital.com, también existe un proyecto de informe elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias con el objetivo de fiscalizar las contrataciones efectuadas durante la pandemia para paliar los efectos de la Covid-19 por parte del ejecutivo regional del expresidente Ángel Víctor Torres. Este informe apuntaba que "la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS) podría haber llegado a superar los umbrales de gasto en las contrataciones efectuadas en 2020, que generaron un coste total de 41.766.960 euros al erario público".

Y, entre estas adjudicaciones, se encuentran las obtenidas por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L por un importe de 9.775.500 euros. En concreto, algunas de las contrataciones señaladas en el citado borrador coinciden con el listado de empresas que fueron identificadas en la macrodenuncia PCR Canarias —interpuesta a su vez por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez en marzo de 2022—, un hecho también destapado por elcierredigital.com.

En relación a la información pública que podría desprenderse del borrador de la Audiencia de Cuentas de Canarias —según manifiestan estas fuentes cercanas—, "alrededor de una treintena de licitaciones, supuestamente, no contarían con la justificación de emergencia o la necesidad de realizar el contrato". Es más, "en otros expedientes no constaría la aprobación del gasto o acuerdo del órgano de contratación, ni la promoción de la oferta de adjudicación por parte de la Administración para captar las mejores ofertas económicas previa a la licitación".

Según el Portal de Contratación del Estado, seis de las empresas que obtuvieron licitaciones del SCS no tendrían capacidad para operar con el Gobierno de Canarias. Tal es el caso de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, cuyo objeto social no pertenece a la venta de material sanitario. Ni al parecer tampoco acreditaron solvencia profesional suficiente de cara a estas adjudicaciones, por las que cobraron un considerable presupuesto público del Gobierno de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial del Gobierno de Pedro Sánchez.