Caso PCR Canarias: Denuncian 'excesos' de Torres en el gasto de los contratos investigados por la Fiscalía Europea

Un proyecto de informe elaborado meses atrás por la Audiencia de Cuentas de Canarias, con el objetivo de fiscalizar las contrataciones efectuadas durante la pandemia para paliar los efectos de la Covid-19 por parte del ejecutivo regional del presidente Ángel Víctor Torres -documento que aún no ha sido aprobado de manera oficial-, revela que "la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS) podría haber llegado a superar los umbrales de gasto en las contrataciones efectuadas en 2020, que generaron un coste total de 41.766.960 euros al erario público". 

En concreto, apuntan que "algunas de las contrataciones señaladas en el citado borrador coinciden con el listado de empresas que fueron identificadas en la macrodenuncia PCR Canarias" –interpuesta por el empresario grancanario, Juan Manuel Pérez, en marzo de 2022–, un hecho que fue destapado por elcierredigital.com.

La macrodenuncia –investigada por la Fiscalía Europea, tal como avanzó este diario– contenía un listado de algunas mercantiles ajenas al sector sanitario que obtuvieron licitaciones de material anti Covid-19 al triple de su precio bajo la aprobación del SCS en 2020. Por su parte, el borrador de informe de la Audiencia de Cuentas podría remarcar, supuestamente, la misma concordancia –recogida en la denuncia– entre algunas de las empresas que figuran en los datos públicos que maneja esta entidad canaria de cara a la fiscalización del gasto ejecutado por el Gobierno de Torres.

Ángel Víctor Torres.

Es decir, ambos listados ponen la mirada en las mismas contrataciones públicas con las siguientes empresas: DAMCO TRADING SERVICES, S.A (6.990.000 euros), Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L. (9.775.500), Abbott Rapid Diagnostics Healthcare S.L. (4.500.000), DAMCO TRADING SERVICES, S.A. (4.071.610 ), RR7 United, S.L. (4.000.000), ACJ, S.A.U. (5.044.800), PALEX MEDICA S.A (2.250.000) y Grifols Movaco S.A. (2.880.000).

"Licitaciones sin justificación de emergencia"

En relación a la información pública que podría desprenderse del borrador de la Audiencia de Cuentas de Canarias –según manifiestan estas fuentes cercanas a la institución–, "alrededor de una treintena de licitaciones, supuestamente, no contarían con la justificación de emergencia o la necesidad de realizar el contrato". Es más, "en otros expedientes no constaría la aprobación del gasto o acuerdo del órgano de contratación, ni la promoción de la oferta de adjudicación por parte de la Administración para captar las mejores ofertas económicas previa a la licitación".
 
No obstante, según el Portal de Contratación del Estado, seis de las empresas que obtuvieron licitaciones del SCS no tenían capacidad para operar con el Gobierno de Canarias. Tal es el caso de Injoo Technology SL y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL –como revelaron las denuncias del abogado Ramiro Grau publicadas por elcierredigital.com–.  Ambas mercantiles, cuyo objeto social no pertenece a la venta de material sanitario, al parecer tampoco acreditaron solvencia profesional suficiente de cara a estas adjudicaciones por las que cobraron un considerable presupuesto público, por lo que estas licitaciones, presuntamente, podrían acarrear alguna causa de nulidad.
 
Por otra parte, algunos expedientes "podrían haber superado el plazo establecido", pero también se observaría, al parecer, que "no constaba que se hubiese realizado la datación de cuentas al Gobierno de Canarias", una actuación que también se ha de realizar ante el Parlamento de Canarias.

"Uso de fondos Feder por el SCS"

En relación a las citadas contrataciones, la ex directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, emitió la Resolución 1350-2021 –de 10 de junio de 2021– especificando que "el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 ha sufrido las modificaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento del Programa -mediante procedimiento escrito iniciado el 8 de julio 2020-, dando como resultado la cofinanciación de una nueva operación para el Gobierno de Canarias denominada SCS: Actuaciones dirigidas a aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario público frente a la pandemia Covid19 , en el marco del programa operativo FEDER Canarias 2014-2020". Esta es una de las resoluciones observadas por la Fiscalía Europea para acreditar su competencia judicial en el caso ‘PCR Canarias’.

Contrato por cuatro millones del Gobierno de Canarias.

En cuanto al libramiento de fondos en dos pagos de dos millones de euros cada uno a la mercantil RR7 United SL por parte del SCS en 2020, al parecer la factura con esta empresa no está conformada debido a que "el procedimiento que utilizó la Administración no exige la conformidad de la factura para justificar tales libramientos, pero además, porque el SCS no llegó a recibir el suministro contratado".

Aunque la Comunidad Autónoma Canaria ha declarado que "estos fondos públicos para pagar a RR7 proceden del presupuesto regional canario", en el Portal de Contratación del Estado –consultado por elcierredigital.com– se ha podido verificar que dicho contrato suscrito en 2020 entre el SCS y RR7 –investigada por la Fiscalía Europea– en las condiciones de licitación figura "Financiación con Fondos UE del Programa Operativo FEDER".

Material Covid-19 que incumple los requisitos

Estas mismas fuentes indican que "el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tiene almacenado 6.617.895 de unidades de productos Covid-19, al no cumplir requisitos mínimos de calidad para ser utilizados. Este material sanitario defectuoso o que no cumple la normativa para ser utilizado en los hospitales, adquirido durante la pandemia, podría alcanzar un coste de dos millones de euros". Respecto al material bloqueado por esta cuestión, también podrían verse afectados otros complejos hospitalarios.

Responsabilidad del consejero de Sanidad, Blas Trujillo

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, dictó la Orden 254/2020 -el día 22 de abril-, en la que "declaraba centralizada la contratación mientras durase el Estado de Alarma, y convalidaba la contratación de los suministros y servicios realizados por la General de Recursos Económicos del SCS". Esta entidad –dependiente de esta consejería– gestionó más de la mitad del presupuesto de los 124,2 millones de euros que se manejaron en el ejecutivo regional.

Trujillo también dictó otras órdenes -661/2020 de 28 de septiembre y 866/2020 de 30 de noviembre- por las que se centralizaba en el SCS la contratación de material sanitario -aunque este dictamen no impedía otras contrataciones derivadas de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición- y, también, para la adquisición de vacunas.