PCR Canarias: La Justicia española envía el caso de compra de mascarillas con fondos FEDER a la Fiscalía Europea

El Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que venía siguiendo la causa –en el marco del caso PCR Canarias– sobre la adjudicación de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United SL por parte del Servicio Canario de Salud –para la adquisición de un millón de mascarillas 3M que nunca fueron entregadas– ha acordado mediante un auto la avocación del conocimiento de este caso, en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, a favor de la Fiscalía Europea.

Esta Fiscalía abrió el procedimiento 49/2022, a raíz de una macrodenuncia – interpuesta por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez en marzo de 2022– y reclamó recientemente su competencia en la investigación al entender que el supuesto fraude se habría consumado sobre fondos FEDER de la Unión Europea, en un decreto, del 7 de noviembre de 2022 –tal como avanzó elcierredigital.com–.

Por tanto, se remiten las actuaciones a este órgano europeo, además de poner a su disposición las diligencias y los efectos intervenidos. No obstante, las actuaciones llevadas a cabo durante estos meses bajo la instrucción por este juzgado en Las Palmas, se mantienen bajo secreto de sumario.

Desde que se abrió esta causa penal por parte del magistrado Javier García García-Sotoca, el ex director del SCS Conrado Domínguez fue imputado por prevaricación, tráfico de influencias y malversación, quien posteriormente dimitió de su cargo al frente de esta institución pública. Además, la ex directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, también abandonó su cargo previo a ser imputada por prevaricación y tráfico de influencias. De igual forma, el administrador único de RR7 Rayco Rubén González, resultó investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales, como algunos de sus familiares, -madre, pareja y un primo-, que también figuran en este proceso en calidad de investigados.

En este sentido, la Fiscalía Europea también viene a contemplar otros presuntos delitos, como la malversación extraneus en el investigado Rayco, y la estafa y la falsedad con fondos europeos FEDER en la adjudicación de los cuatro millones a RR7. Unos hechos que continúa investigando, según se desprende de su decreto del derecho de avocación.

Tal como publicó este diario, en el marco de las diligencias procesales en el caso ‘PCR Canarias’, el decreto de la Fiscalía Europea no dejaba lugar a dudas respecto "a la competencia judicial incoada por este organismo europeo en base al derecho de avocación reclamado ante al Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria –que había suspendido sus actuaciones tras la solicitud de la competencia judicial en este caso–. A partir de este momento, las fiscales delegadas europeas con sede en Madrid, Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez, quienes comenzaron con la investigación de este caso se harán cargo de las diligencias judiciales, y en función de las averiguaciones que estimen oportunas, en función de la legislación europea, podrán solicitar la colaboración de las autoridades españolas.