Cuarenta y seis años después de la Matanza de Atocha, Carlos García Juliá, uno de los asesinos de los abogados laboristas, se presenta como candidato a la alcaldía de Bilbao por la Falange. El mismo que en agosto de 1994, aprovechó un permiso para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo, y que no volvió, hasta 2018, tras su detención en Brasil.
Carlos García Juliá.
El 24 de enero de 1977 Carlos García Juliá, de 24 años, en compañía de José Fernández Cerra y Fernando Lerdo de Tejada, todos militantes de Fuerza Nueva, irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas ligados a CCOO y el PCE y mataron a los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de Derecho Serafín Holgado y a un administrativo que trabajaba en el despacho, Ángel Rodríguez Leal.
De izquierda a derecha, Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Francisco Javier Sauquillo, Ángel Rodríguez y Serafín Holgado, asesinados el 24 de enero de 1977.
Otra de las abogadas, Manuela Carmena, se libró al prestar aquel día su despacho para una reunión a otro de sus compañeros asesinado aquel día. Garcia Juliá y sus compinches fueron condenados en 1980 a 193 años de prisión.
De asesino prófugo a candidato a la alcaldía
Falange ha concentrado en las candidaturas de las tres capitales vascas a los nombres más conocidos del partido ultraderechista: Norberto Pico Sanabria, Martín Sáenz de Ynestrillas y Carlos García Juliá, conocido por su participación en los crímenes de Atocha en 1977, donde asesinaron a cinco personas en un despacho de abogados laboralistas.
Ahora, el ultraderechista se presenta a las elecciones municipales del 28 de mayo. García Juliá concurrirá en las listas de Falange Española de las J.O.N.S. (FE de las J.O.N.S) a la alcaldía de Bilbao, tal y como ha publicado este miércoles la Junta Central Electoral.
El asesinato de estas personas, conmocionó a España y es considerado uno de los crímenes del tardofranquismo. Miles de personas asistieron al funeral y durante el paso del cortejo fúnebre permanecieron en silencio como señal de repulsa a la muerte de los abogados. Este hecho fue decisivo en cuanto a la legalización del Partido Comunista durante el mandato de Adolfo Suárez.
Entierro de las víctimas.
Tras el crimen, fueron condenados José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a 193 años de prisión y a Francisco Albadalejo, militante de las JONS, a un total de 73 años de cárcel.
Una fuga de 25 años
García Juliá tenía 22 años. De ideología ultraderechista, pertenecía a la Falange y otros grupos vinculados a la extrema derecha. Tras la masacre del 24 de enero de 1977 fue condenado por la Audiencia Nacional a un total de 193 años de prisión por los delitos de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio.
Carlos García Juliá.
Según dictó la sentencia, El terrorista fue condenado a principios de la década de los ochenta por ser miembro de "un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España”.En España había cumplido 14 años de la condena. Fue en 1994 cuando consiguió escaparse tras conseguir la prisión condicional y un permiso para viajar a Paraguay donde había buscado una oferta de trabajo.
Aunque, posteriormente la Fiscalía la derogó. Para terminar de cumplir la pena, España pidió su regreso, aunque García Juliá no regresó nunca. Tras su huida, el terrorista fue detenido acusado de financiar a grupos paramilitares y tráfico de drogas en 1996 en Bolivia donde ingresó en la prisión de alta seguridad de Palmasola, en La Paz. En 2001, Izquierda Unida exigió su extradición aunque García Juliá logró escaparse.
Salida de prisión
En febrero de 2020, las autoridades brasileñas lograron entregar a García Juliá. La operación para dar con el paradero del terrorista contó con la colaboración de la Policía Federal brasileña, la Policía Nacional y la Interpol. García Juliá residía en la capital brasileña desde el año 2009 con una identidad venezolana falsa en Barra Funda, un distrito del centro de São Paulo.Trabajaba como conductor de VTC.
Imagen de las autoridades recogiendo a García Juliá detenido.
Las autoridades brasileñas lograron dar con él el 7 de diciembre de 2018 aunque se opuso al reclamo de extradición y el proceso judicial se alargó durante 13 meses. El 6 de febrero García Juliá fue entregado a la Policía Nacional en el aeropuerto de la capital brasileña. Al llegar a España ingresó en la prisión de Soto del Real.
El terrorista logró que la Audiencia Provincial de Ciudad Real le concediera la excarcelación al poder aplicarle los beneficios penitenciarios que consiguió durante su estancia en prisión a principios de la década de los noventa. García Juliá salió de prisión el 19 de noviembre de 2020 y a las puertas de Soto del Real afirmó que “serían las víctimas las que me tienen que perdonar a mí. Yo ya pedí perdón hace mucho tiempo”.
Qué sucedió aquel 24 de enero de 1977
Pasadas las 10 y media de la noche, tres pistoleros de extrema derecha entran a cara descubierta en un bufete laboralista situado en el número 55 de la madrileña calle de Atocha. Al parecer, buscaban al responsable del entonces ilegal sindicato de transportes de Comisiones Obreras (CC OO), Joaquín Navarro, quien poco antes había abandonado el despacho. Al no dar con él, decidieron matar a quienes estaban en ese momento allí. Son asesinadas cinco personas.
Empezaron disparando al administrativo Ángel Rodríguez Leal, que murió en el acto, y después reunieron y ametrallaron a las otras ocho personas que se encontraban en el piso, siete abogados y un estudiante de Derecho, todas ellas vinculadas al Partido Comunista y a CC OO. Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira murieron en el acto, en tanto que Francisco Javier Sauquillo y el estudiante Serafín Holgado fallecieron horas después en el hospital. Cuatro personas resultaron gravemente heridas, pero lograron sobrevivir: Dolores (Lola) González Ruiz, casada con Sauquillo, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y Luis Ramos Pardo.
Junto a Blas Piñar en un mitín
El 23 de septiembre de 1991, un juez decretó su libertad condicional tras 14 años de reclusión en la prisión de Villanubla (Valladolid). En agosto de 1994, el ultra solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. El permiso fue concedido y García Juliá desapareció. Le quedaban por cumplir 3.855 días de condena. La gran duda que ha planeado siempre en el ambiente es por qué se le concedió permiso para viajar a Paraguay, a pesar del riesgo de fuga. Algunos periodistas apuntaron en su momento a la conexión entre las cloacas del Estado, donde la ultraderecha se diluyó pero no desapreció, con el poder judicial.
Ejerciendo de narcofascista en Bolivia
En noviembre de 2018 fue detenido en Brasil. Pesaba sobre él una orden de extradición de la Audiencia Nacional al gobierno de Bolivia porque dos años después de su huida de España Carlos García Juliá fue detenido en este país por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares. Pero García Juliá fue juzgado y condenado en Bolivia a seis años y ocho meses de prisión, e ingresado en el centro penitenciario de Palmasola, la prisión de los pichicateros (narcotraficantes), una cárcel que parecía una pequeña urbanización, donde entonces mandaba el dinero y los clanes mafiosos. El ultra se convirtió en el preso número 8981.
Cuando la policía boliviana pidió información a Interpol española, se enteraron de que el detenido estaba en busca y captura porque un juez español había revocado su libertad condicional.