23 de septiembre de 2021
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FIN DE SEMANA

FUE CONDENADO EN 1980 A 193 AÑOS DE PRISIÓN POR SU IMPLICACIÓN EN EL ASESINATO DE CINCO LETRADOS LABORALISTAS EN MADRID

Las fugas más mediáticas de España: García Juliá, el asesino de los abogados de Atocha (V)

García Juliá en un perfil de Facebook que se abrió con una falsa identidad.
García Juliá en un perfil de Facebook que se abrió con una falsa identidad.
Carlos García Juliá entró en la crónica más oscura de la España de la Transición tras participar en la conocida como 'matanza de Atocha', en la que murieron cinco abogados laboralistas. García juliá fue condenado en 1980 a 193 años, pero huyó de la justicia y durante años utilizó una identidad falsa. Finalmente, a principios de 2020 fue extraditado a España desde Brasil.

En febrero de 2020 Carlos García Juliá fue extraditado a España después de casi cuatro décadas fugado tras ser condenado por participar en la conocida como matanza de Atocha. Bajo una identidad falsa había sido localizado en Brasil pero había intentado por todos los medios que la Justicia del país carioca no le entregara a España. 

Sin embargo, finalmente García Juliá volvió al país del que había huido en 1980. Un país que en cuatro décadas había mudado su piel y poco tenía ya que ver con aquel en el que, entonces un joven de 24 años, participó en uno de los crímenes que más impactaron a una sociedad que pasaba de una dictadura a una democracia. 

El crimen que marcó la Transición

El 24 de enero de 1977 Carlos García Juliá, de 24 años, en compañía de José Fernández Cerra y Fernando Lerdo de Tejada, todos militantes de Fuerza Nueva, irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas ligados a CCOO y al PCE y mataron a los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de Derecho Serafín Holgado y a un administrativo que trabajaba en el despacho, Ángel Rodríguez Leal. Otra de las abogadas, Manuela Carmena, se libró del ataque al prestar aquel día su despacho para una reunión a otro de sus compañeros asesinado aquel día. Garcia Juliá y sus compinches fueron condenados en 1980 a 193 años de prisión.

García Juliá en 1977.

Los hechos de la terrible jornada del 24 de enero de 1977 sucedieron así: Pasadas las 10 y media de la noche, tres pistoleros de extrema derecha entraban a cara descubierta en el bufete laboralista situado en el número 55 de la madrileña calle de Atocha. Al parecer, buscaban al responsable del entonces ilegal sindicato de transportes de Comisiones Obreras (CCOO), Joaquín Navarro, quien poco antes había abandonado el despacho. Al no dar con él, decidieron matar a quienes estaban en ese momento allí. Fueron asesinadas cinco personas. Empezaron disparando al administrativo Ángel Rodríguez Leal, que murió en el acto, y después reunieron y ametrallaron a las otras ocho personas que se encontraban en el piso, siete abogados y un estudiante de Derecho, todos ellos vinculados al Partido Comunista y al sindicato CCOO. Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira murieron en el acto, mientras que Francisco Javier Sauquillo y el estudiante Serafín Holgado fallecieron horas después en el hospital. Cuatro personas resultaron gravemente heridas, pero lograron sobrevivir: Dolores (Lola) González Ruiz, casada con Sauquillo, Miguel SarabiaAlejandro Ruiz-Huerta y Luis Ramos Pardo.

Junto a Blas Piñar en un mitín 

El 23 de septiembre de 1991, un juez decretó su libertad condicional tras 14 años de reclusión en la prisión de Villanubla (Valladolid). En agosto de 1994, el ultra solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. El permiso fue concedido y García Juliá desapareció. Le quedaban por cumplir 3.855 días de condena. La gran duda que ha planeado siempre en el caso es por qué se le concedió permiso para viajar a Paraguay, a pesar del riesgo de fuga. Algunos periodistas apuntaron en su momento a la conexión entre las cloacas del Estado, donde la ultraderecha se diluyó pero nunca desapareció, con el poder judicial.

Ejerciendo de narcofascista en Bolivia

En noviembre de 2018 fue detenido en Brasil. Pesaba sobre él una orden de extradición de la Audiencia Nacional al gobierno de Bolivia porque dos años después de su huida de España Carlos García Juliá fue detenido en este país por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares. García Juliá fue juzgado y condenado en Bolivia a 6 años y 8 meses de prisión, e ingresado en el centro penitenciario de Palmasola, la prisión de los pichicateros (narcotraficantes), una cárcel que parecía una pequeña urbanización, donde entonces mandaba el dinero y los clanes mafiosos.  El ultra se convirtió en el preso número 8981.

Cuando la policía boliviana pidió información a Interpol española, se enteraron de que el detenido estaba en busca y captura porque un juez español había revocado su libertad condicional.

En 1998, García Juliá intentó fugarse de aquella prisión por un túnel que él mismo ordenó construir y financió de su bolsillo. Pero su tamaño le impidió llegar al exterior ya que había engordado decenas de kilos desde que en los 70 fuera uno de los guardaespaldas personales de Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva . En abril de 1999 dos reporteros de la desaparecida revista Interviú lo encontraron y fotografiaron dentro de la prisión boliviana. El ultra había engordado, llevaba gafas oscuras y su guardaespaldas era un narco boliviano llamado Carlos Noguera, apodado Mil Caras.

Aspecto físico de Carlos García Juliá en el momento de ser detenido.

Cuando se publicó el reportaje, el fiscal Ignacio Gordillo solicitó su extradición y activó toda la maquinaria judicial. Cuando el gobierno de Aznar quiso reclamar al ultra, era el 20 de abril de 2001 y García Juliá había aprovechado un permiso penitenciario para huir del país en dirección a Brasil, según publicó entonces la revista del grupo Z. 

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