A fascista que huye, puente de plata: Así se fugó Carlos García Juliá, uno de los asesinos de la Matanza de Atocha

El 24 de enero de 1977 Carlos García Juliá, de 24 años, en compañía de José Fernández Cerra y Fernando Lerdo de Tejada, todos militantes de Fuerza Nueva, irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas ligados a CCOO y el PCE y mataron a los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de Derecho Serafín Holgado y a un administrativo que trabajaba en el despacho, Ángel Rodríguez Leal.  Otra de las abogadas, Manuela Carmena, se libró al prestar aquel día su despacho para una reunión a otro de sus compañeros asesinado aquel día. Garcia Juliá y sus compinches fueron condenados en 1980 a 193 años de prisión.

Los hechos de la terrible jornada del 24 de enero de 1977 sucedieron así: pasadas las 10 y media de la noche, tres pistoleros de extrema derecha entran a cara descubierta en un bufete laboralista situado en el número 55 de la madrileña calle de Atocha. Al parecer, buscaban al responsable del entonces ilegal sindicato de transportes de Comisiones Obreras (CC OO), Joaquín Navarro, quien poco antes había abandonado el despacho. Al no dar con él, decidieron matar a quienes estaban en ese momento allí. Son asesinadas cinco personas. Empezaron disparando al administrativo Ángel Rodríguez Leal, que murió en el acto, y después reunieron y ametrallaron a las otras ocho personas que se encontraban en el piso, siete abogados y un estudiante de Derecho, todas ellas vinculadas al Partido Comunista y a CC OO. Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira murieron en el acto, en tanto que Francisco Javier Sauquillo y el estudiante Serafín Holgado fallecieron horas después en el hospital. Cuatro personas resultaron gravemente heridas, pero lograron sobrevivir: Dolores (Lola) González Ruiz, casada con Sauquillo, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y Luis Ramos Pardo.

Junto a Blas Piñar en un mitín 

El 23 de septiembre de 1991, un juez decretó su libertad condicional tras 14 años de reclusión en la prisión de Villanubla (Valladolid). En agosto de 1994, el ultra solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. El permiso fue concedido y García Juliá desapareció. Le quedaban por cumplir 3.855 días de condena. La gran duda que ha planeado siempre en el ambiente es por qué se le concedió permiso para viajar a Paraguay, a pesar del riesgo de fuga. Algunos periodistas apuntaron en su momento a la conexión entre las cloacas del Estado, donde la ultraderecha se diluyó pero no desapreció, con el poder judicial.

Ejerciendo de narcofascista en Bolivia

En noviembre de 2018 fue detenido en Brasil. Pesaba sobre él una orden de extradición de la Audiencia Nacional al gobierno de Bolivia porque dos años después de su huida de España Carlos García Juliá fue detenido en este país por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares, Pero García Juliá fue juzgado y condenado en Bolivia a 6 años y 8 meses de prisión, e ingresado en el centro penitenciario de Palmasola, la prisión de los pichicateros (narcotraficantes), una cárcel que parecía una pequeña urbanización, donde entonces mandaba el dinero y los clanes mafiosos.  El ultra se convirtió en el preso número 8981.

Cuando la policía boliviana pidió información a Interpol española, se enteraron de que el detenido estaba en busca y captura porque un juez español había revocado su libertad condicional.

En 1998, García Juliá intentó fugarse de aquella prisión por un túnel que él mismo ordenó construir y financió de su bolsillo. Pero su tamaño –había engordado decenas de kilos desde que en los 70 era uno de los guardaespaldas personales de Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva– le impidió llegar al exterior. En abril de 1999 dos reporteros de la desaparecida revista Interviú lo encontraron y fotografiaron dentro de la prisión boliviana. El ultra había engordado, llevaba gafas oscuras y su guardaespaldas era un narco boliviano llamado Carlos Noguera, apodado Mil Caras.

Aspecto físico de Carlos García Juliá en el momento de ser detenido.

Cuando se publicó el reportaje, el Fiscal Ignacio Gordillo solicitó su extradición y activó, supuestamente, toda la maquinaria judicial. Cuando el gobierno de Aznar quiso reclamar al ultra era 20 de abril de 2001 García Juliá había aprovechado un permiso penitenciario para largarse del país en dirección a Brasil, según publicó entonces la revista.

Sin embargo, García Juliá todavía no ha pisado una cárcel española. El pasado mes de abril en la primera vista oral de extradición contra el terrorista reclamado por la justicia española García Juliá expresó su negativa a ser extraditado a España. La pelota está en el tejado de la justicia brasileña. Es cuestión de tiempo saber si el asesino fascista vuelve a nuestro país a rendir cuentas o si seguirá en Latinoamerica moviéndose como nadie en el mundo delincuencial.