Los secretos de Javier Sánchez-Junco, el abogado de Juan Carlos I en la defensa de la trama del dinero en Suiza

En plena crisis nacional por la pandemia del Covid-19, el  Rey Felipe VI dió este domingo un paso más para marcar distancias con el reinado de su padre Juan Carlos I de Borbón. Un largo periodo, desde noviembre de 1975 hasta junio de 2014, marcado por más sombras que luces, desde el golpe del 23-F a su amistad con Corinna Larsen, la exprincesa alemana "amiga entrañable".

Muchos han sido los años que desde todos los ámbitos se ha intentado cubrir sus espaldas. El propio Rey Émerito Juan Carlos I así lo reconocia en una de sus conversaciones privadas, que le fueron interceptadas hace años por los propios servicios españoles de inteligencia, entonces CESID: "Soy un privilegiado nadie se ha metido conmigo ", llego a decir a un amigo.

Ahora, la drástica decisión del Rey Felipe VI contra su padre llega un día después de que el diario británico The Telegraph publicara que el actual monarca español aparecía como el segundo beneficiario de la Fundación 'offshore' Lucum, que figura como titular de la cuenta bancaria donde se ingresó la supuesta donación de 65 millones de euros del Rey de Arabia Saudí, Abdulllahbin Abdul Aziz Al Sud,  a su padre, el Rey Emérito Juan Carlos I. 

En el documento de los estatutos publicado por el diario británico The Telegraph  figuraba que "el segundo beneficiario debe mantener durante su vida al resto de la Familia Real" y "satisfacer" cualquier "petición razonable" que pudieran hacerle su madre, hermanas e hijos.  Juan Carlos de Borbón habría creado el 31 de julio de 2008 la Fundación Lucum, radicada en Panamá. Según el comunicado emitido el domingo 15 de marzo por la Casa del Rey, el actual monarca no tuvo conocimiento de que el Emérito lo convirtiera en beneficiario de una de las cuentas radicadas en un paraíso fiscal.

Entre los movimientos de Lucum aparte de las transfrencias millonarias supuestamente a Corinna Larsen y Marta Gayà también aparecen cuatro transferencias a España por "necesidades personales" durante los primeros seis primeros meses de 2009 por una cantidad de 800.000 euros. 

La Casa Real hizo público también en su comunicado que don Juan Carlos dejaba de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos anuales de la Casa de Su Majestad el Rey, de cerca de 200.000 euros. Ahora en los próximos días deberá abandonar ya definitivamente el Palacio de la Zarzuela, donde hasta actualmente tenía sus dependencias oficiales.

Su salida más inmediata puede ser Galicia, junto a sus amigos y su anfitrión Pedro Campos, con el que ya comparte muchos días del año en su mansión de la costa gallega, donde el regatista ha construido unas dependencias para uso exclusivo del Rey Emérito. O bien marchar al extranjero, la posibilidad ideal para la Casa del Rey Felipe VI, previsiblemente a República Dominicana o Miami.

Juan Carlos I con el Rey de Arabia Saudí. 

Los problemas judiciales para Juan Carlos I parecen haberse recrudecido fuera de España, en Suiza, donde le investiga el fiscal anticorrupción Ives Bertossa y, quizá, en el Reino Unido si Corinna Larsen hace efectiva su amenaza de denuciarle por un supuesto acoso hacia ella de los servicios secretos españoles, tras su ruptura a raíz de la famosa cacería de Botsuana. Países donde la figura de Juan Carlos de Borbon no es inviolable ni inimputable. Por tanto, puede ser investigado y juzgado.

Un duro fiscal reconvertido en abogado de famosos

Para ello, el que fuera Jefe de Estado durante casi cuatro décadas ha requerido los servicios de un nuevo letrado. Se trata de Javier Sánchez-Junco Mans, que sustituirá a José Manuel Romero Moreno, el Conde de Fontao, el abogado real durante años, por ejemplo, en el caso Noos donde asesoró a Iñaki Urdagarin por indicación del entonces todo poderoso Rey Juan Carlos.

El Fiscal suizo Yves Bertossa. 

Pero, ¿quién es Sánchez-Junco Mans? Se trata de un brillante jurista, perfecto conocedor del Derecho Internacional y experto en asuntos económicos. En 2001 fundó su propio despacho Sánchez-Junco Abogados después de veinte años en la carrera fiscal.

Como tal ejerció en el Tribunal Superior de Justicia del Principados de Asturias y en su homólogo en Madrid. Dio después el salto a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, a la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Pero su fama mediática la alcanzó en 1996 con su llegada a la recien creada Fiscalía Anticorrupción. Allí trabajó duramente, codo con codo, con su jefe superior, el fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.

Fue su último cargo en la función pública, donde se mantuvo cinco años. De Javier Sánchez-Junco siempre se dijó  que era un fiscal muy duro en la exposición de sus argumentos. Y si no que se lo pregunten al expresidente de Banesto Mario Conde, por cierto, amigo íntimo de Juan Carlos I en los años de esplendor del banquero de Tuy. Fue en 1999 cuando mantuvo un duro careo con Conde durante el juicio del Caso Banesto, donde exigió para él 49 años de cárcel.

Mario Conde. 

En 2001 decidió salirse de la cerra fiscal y formar con otros socios su propio despacho de abogados, situado en el número 5 de la calle Fray Juan Gil, de la capital de España. Sánchez-Junco Abagados, según su página web, está especializado en “Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, delitos Societarios, delitos contra el Patrimonio y el orden Socio-económicos, delitos contra la Hacienda Pública, delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual, delitos contra el Honor, delitos contra los derechos de los Trabajadores, delitos contra el Mercado y los Consumidores y delitos contra el Medio Ambiente y Urbanismo”.

Javier Sánchez-Junco también se dedica a la docencia y es profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Carlos III, como en el Máster de Derecho Penal Económico de KPMG, además de haber impartido clase en ICADE y en la UNED, entre otros escenarios docentes. 

¿Por qué ha escogido el Rey Emérito a este letrado? Funtes jurídicas consultadas por elcierredigital.com, señalan que "como fiscal anticorrupción en excedencia puede conocer los recursos que utilizará su colega de Anticorrupción del país helvético". Se trata de Yves Bertossa, que investiga al exmonarca español por haber utilizado supuestamente a su primo  Álvaro de Orleans como testaferro. Al igual que las donaciones millonarias realizadas a su examante Corinna Larsen, la falsa exprincesa alemana que recibió 65 millones de euros a través de una de las dos citadas fundaciones. La Fiscalía Suiza cree que el origen de ese dinero podría ser una comisión por su intervención en la negociación para los contratos de las obras del AVE a La Meca.

En el polo opuesto también conoce bien lo que es el estrado mediático. Así ha ejercido de abogado defensor en casos que salpicaban directamente a la gran banca, como el de los sobresueldos de los banqueros José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui pgados por Emilio Botín. Se trataba del conocido caso Amusátegui donde se les acusaba de percibir indemnizaciones millonarias a los dos primeros tras la adquisición del Central Hispano por parte del Banco de Santander de Botín. 

Emilio Botín. 

También ha trabajodo como abogado defensor en casos indirectamente relacionados con miembros de la monarquía española. Así, se encargó de defender a Javier López-Madrid en el caso de las tarjetas black de Bankia. López-Madrid es yerno del dueño de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y es además íntimo amigo de los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, su celebre compiyogui.

Se hizo célebre precisamente por esto. En el sumario del polémico caso de la doctora Elena Pinto se filtraron mensajes, que publicó el periódico El Mundo, en los que la Reina Letizia se dirigía a él como compiyogui.

Más recientemente en su cartera de clientes figuran nombres relacionados con el BBVA, entidad crediticia para la que ha trabajado como abogado para interponer denuncias contra organizaciones como en su día Ausbanc y Luis Pineda o contra la empresa audiovisual del presentador Risto Mejide. También en esta relación con el BBVA de Francisco González, figura en su lista de clientes Eduardo Arbizu, exresponsable jurídico del BBVA, acusado de delitos de cohecho y revelación de secretos por la Audiencia Nacional en el Caso Villarejo.

Otro nombre, el del excomisario, que como todos los anteriores forman parte de los mayores quebraderos de cabeza del Rey Emérito y, por ende, del actual monarca español Felipe VI.