Los famosos y los problemas con la Justicia: De Rafael Amargo a Sánchez Vicario, Shakira o Alejandro Sanz

Este pasado viernes del bailaor Rafael Amargo, quien se encontraba en los calabozos de la Audiencia Provincial, ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real tras la petición por parte de la Fiscalía por el reiterado quebrantamiento de la obligación de firmar en la Audiencia cada semana. El pasado 1 de diciembre de 2020 el andaluz era detenido en el marco de la Operación Córax por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

Dos días después, el 3 de diciembre, la jueza de guardia del Juzgado de Instrucción nº17 de Madrid le dejaba en libertad con cargos aunque con la obligación de tener que acudir a firmar al juzgado cada 15 días.Esta obligación de acudir a firmar se estableció para corroborar que Amargo no se fugaba del país. Sin embargo, tal y como ha indicado Nacho Abad en ‘En boca de todos’ el bailaor no habría acudido a sus citas con los juzgados. De hecho Amargo había solicitado un informe forense para alegar que no está bien debido a la presión que sufre por parte de los medios.

El juicio por los delitos citados anteriormente debería haber comenzado el pasado 7 de junio, pero la vista fue retrasada tras la solicitud de aplazamiento por haber renunciado días antes a su abogado de oficio. Está previsto que el juicio se celebre el próximo mes de abril. Los recientes problemas judiciales del bailaor han recordado los otros 'líos con la Justicia' que han mantenido numerosos rostros mediáticos como la extenista Arantxa Sánchez Vicario, los actores María León o Willy Toledo o el cantante Alejandro Sanz.

El infierno judicial de Arantxa Sánchez Vicario

Este pasado mes de septiembre la saga de los Sánchez Vicario volvían a la palestra mediática. El 15 de septiembre el empresario y exmarido de la exdeportista Josep Santacana declaraba en el juicio y defendía su inocencia, como lleva haciendo desde que comenzó el juicio el pasado martes. Fue precisamente este día cuando la tenista se encargó de declarar, culpando a Santacana de no pagar la deuda que tiene aún pendiente con el Banco de Luxemburgo. El empresario ha negado que esto sea así. 

Ese martes, desde elcierredigital.com informábamos también sobre el pacto al que Arantxa Sánchez Vicario llegó con la Fiscalía para reducir su condena a dos años de prisión, por lo que no ingresaría en la cárcel. Un pacto que fue confirmado el pasado viernes en las conclusiones finales de la Fiscalía y del que, aunque los medios se han hecho eco, no han mencionado la exclusiva dada por este diario. 

Uno de los documentos que forman parte del sumario del caso y que la defensa de Santacana ha aportado para demostrar que no es culpable es una carta escrita a mano por la propia Arantxa Sánchez Vicario y que ha difundido el medio Vanitatis. En la carta se puede inferir que la tenista escribió esas palabras en 2018, después de diez años de relación con Santacana y justo cuando él quiso romper la unión entre ambos. “Nunca pensé que diría esto pero por favor no me dejes, es lo que siento, no tires la toalla”, escribía Sánchez Vicario. 

Aunque, sin duda, uno de los puntos más importantes de la misiva es que, en contra de lo que sostuvo la tenista el pasado martes ante la justicia, en sus palabras escritas no culpa a su exmarido, sino a su familia. “Los dos hemos pasado muchas cosas, los culpables han sido mi familia, que han querido acabar con nosotros en todos los sentidos, pero no lo han conseguido ni lo van a conseguir”, se puede leer en la carta dada a conocer por el citado medio de comunicación. Cabe recordar que antes de que la tenista se separase de Santacana, ya había afirmado que su familia era la responsable del delito del que se la acusa: alzamiento de bienes o insolvencia punible.

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana.

A pesar de que el clan de los Sánchez Vicario es uno de los clanes más significativos del deporte nacional, no ha estado exento de desavenencias familiares, desamores, tragedia o ruina económica. De hecho, fue la propia tenista quien decidió romper el vínculo con su familia y en especial, con sus padres, Emilio Sánchez y Marisa Vicario, quienes fueron unos exigentes referentes. Tras el fallecimiento de su padre, la tenista no acudió a las exequias fúnebres por un fuerte enfrentamiento de sus hermanos con su por entonces marido, Josep Santacana, en el tanatorio. 

En 2012, la pequeña de los Sánchez Vicario decidió rebelarse. La publicación de ‘¡Vamos!: Memoria de una lucha, una vida y una mujer’, las  polémicas memorias que golpearon a la saga, fue el colofón final que provocó la fragmentación de la familia. En la presentación, la deportista atacó a sus progenitores por “ejercer un control y protección excesivos sobre ella” o el “robo” del millonario patrimonio que había reunido a lo largo de su trayectoria deportiva. 

Según comentan fuentes del entorno de la tenista a elcierredigital.com, "para el año 2006 ya solo quedaban 5 millones en las cuentas de Arantxa Sánchez Vicario en Suiza, y que cuando ella por fin tuvo poder para acceder a ellas, solo le habían dejado en la cuenta 427.000 euros".

Alejandro Sanz, declarado 'en rebeldía'

La justicia ha declarado en rebeldía al cantante Alejandro Sanz por no hacer frente a las deudas millonarias que arrastra por sus mansiones de Miami. LOC ya desveló en exclusiva hace unos meses que el cantante había sido condenado al pago de tres millones de euros y que preparaba el embargo de sus bienes. Tras dictarse aquella sentencia, Sanz no ha desembolsado la cantidad exigida y el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid ha puesto en marcha un tortuoso proceso para notificarle la obligación de pagar, previa a la confiscación de su patrimonio.

Este episodio, que complica sobremanera la situación judicial del cantante, tiene lugar después de que la magistrada María del Rocío Montes decretara, con el visto bueno de la Fiscalía, la ejecución de una sentencia dictada contra Sanz por la Corte de Miami hace dos años. A través de esta resolución le condenaba al pago de los referidos tres millones para los que ahora tiene que responder con su patrimonio personal. El artista adquirió dos lujosos inmuebles por los que abonó unos siete millones de dólares. El más importante, una casa construida en 1933 con 3.000 metros cuadrados, seis dormitorios, cinco baños, estudio de grabación, piscina y muelle privado en la zona de Sunset Lake. Por ella pagó 4,7 millones de dólares.

Alejandro Sanz.

El problema comenzó cuando el músico dejó de pagar los préstamos que le habían sido concedidos y que la entidad financiera había cedido a su vez al fondo de inversión americano SHEDDF2. Tras una serie de intentos con Sanz para alcanzar una solución, este fondo decidió en noviembre de 2019 poner en marcha un proceso de ejecución hipotecaria para hacerse con las propiedades y venderlas. En este procedimiento judicial, que se desarrolló en Miami, y al igual que está ocurriendo ahora en España, las sociedades del cantante no se dieron por aludidas y ni tan siquiera contestaron la demanda. Es más, ya fueron entonces declaradas en rebeldía por la Corte del condado de Miami-Dade, que atajó el enésimo intento de Sanz por escabullirse.

Al mismo tiempo que se desarrollaba este proceso judicial los abogados del cantante firmaron en febrero de 2020 un documento para ceder los inmuebles al fondo SHEDDF con el objetivo de que procedieran a su venta y liquidaran las deudas pero el problema no sólo no se solucionó, sino que se complicó más. La transacción no pudo materializarse, según aseguran a LOC fuentes próximas a la operación, tanto por el elevado precio exigido por Sanz, que pretendía venderlos por unos 14 millones (el doble de lo que había abonado) así como porque no facilitó toda la documentación para realizar una venta en tiempo y forma.

Al no materializarse ninguna operación de compraventa, el proceso de ejecución hipotecaria siguió su curso. Fue entonces cuando la Justicia americana dictó una primera sentencia el 28 de septiembre de 2020 en la que ya se reconocía la existencia de una deuda a nombre de Alejandro Sanz que ascendía a 11.951.895 dólares. Este fallo judicial precisaba que la deuda debía hacerse efectiva con la subasta de las viviendas y se acabó fijando una fecha para ello. El fondo de inversión consiguió finalmente vender los inmuebles por un importe de 9.475.367 dólares. Al restar todavía una importante cantidad para saldar totalmente la deuda contraída por Sanz, se instó una nueva sentencia que reconociera la cantidad restante.

Del cine al banquillo

En octubre de 2022, la actriz María León se convirtió en noticia. En esta ocasión no fue por del estreno de una película o su asistencia a un photocall sino por su detención por un supuesto delito de agresión en la provincia de Sevilla. Los hechos sucedieron de madrugada, cuando los agentes de policía recibieron un aviso sobre una persona montada en bicicleta que se encontraba circulando con una copa en la mano. 

En el momento en el que la patrulla detuvo al ciclista para realizarle una prueba de alcoholemia, la intérprete salía de una fiesta de fin de rodaje junto a otros compañeros, quienes reprendieron a los agentes. María León no dudó en sacar el móvil para grabar los acontecimientos y fue entonces cuando uno de los policías allí presentes le pidió su documentación y al no llevarla consigo, le explicaron que debía acompañarles a Comisaría para proceder a la identificación.

La actriz María León. 

Una vez dentro del vehículo, los acompañantes de la actriz rodearon el coche y supuestamente, abrieron la puerta para tratar de que la actriz saliese del vehículo, momento en que, supuestamente, María León atacó a la agente. Posteriormente, la actriz fue víctima de un ataque de ansiedad por lo que tuvo que ser atendida en un hospital de la capital hispalense.  La intérprete de Allí Abajo pasó la noche retenida en los calabozos y fue trasladada a los Juzgados de Sevilla para someterse a un juicio de carácter rápido. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla resolvió la libertad provisional de la actriz, aunque se encuentra investigada debido a un supuesto delito de agresión a la autoridad. 

Tras la sucesión de acontecimientos, la actriz ha querido ofrecer su versión de los hechos a través de un comunicado en redes sociales en el que asegura que “debe denunciar que ha sido víctima de un abuso policial y pone toda su confianza en la justicia”. Aunque la artista ha sido el último rostro conocido que ha pasado por el calabozo, no ha sido el único personaje que ha tenido problemas con la justicia española. 

Tras su detención y paso por los calabozos, la actriz quedó en libertad provisional y se acogió a su derecho a no declarar. La hija de la actriz Carmina Barrios se enfrentaba a la pena correspondiente de entre doce meses y cuatro años de cárcel por un posible delito de agresión a las autoridades. Finalmente, este pasado mes de junio, mes en el que se celebró el juicio, el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla procesó a la sevillana por dos delitos en la causa relacionada con su detención por parte de la Policía Local hispalense por, supuestamente, agredir a una agente, extremo que ella viene negando al asegurar que fue "víctima de un abuso policial", según adelantó el Diario de Sevilla.

Willy Toledo.

En 2012 el actor madrileño Willy Toledo también fue arrestado por agredir a uno de los agentes policiales durante una huelga general convocada por los sindicatos. El protagonista de El otro lado de la cama se encontraba en un bar del barrio madrileño de Lavapiés cuando, junto a otros compañeros, instaron al propietario del negocio a que lo cerrara y fue el dueño del establecimiento quien identificó al actor por destrozar gran parte del mobiliario del local. El actor pasó una noche en los calabozos acusado de un delito contra los trabajadores y daños y atentado contra la autoridad. 

La guerra de Shakira y la Hacienda Pública

Este pasado 27 de septiembre, la Fiscalía acusaba a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio del 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales. Así lo expresó el ministerio público en la querella que presentó hace tres meses contra la artista colombiana, que ya ha sido notificada a su domicilio en Miami, lo que ha concluido con la apertura de una segunda causa contra ella, esta vez por dos delitos contra la Hacienda Pública. 

Ahí no acaban los problemas para la cantante colombiana, pues se enfrentará a la justicia española a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por supuestamente haber defraudado 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 en una causa que se inició también tras una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona. En esta ocasión, el ministerio público ha planteado en su querella la posibilidad de que la artista colombiana pueda declarar como investigada por videoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos. 

La cantante ha mantenido que siempre ha actuado conforme a la ley y ha denunciado en varias ocasiones la “presión mediática y reputacional” que sufre. En un comunicado remitido a los medios, la artista colombiana y su equipo legal aseguran que todavía no han recibido notificación alguna de la nueva querella que la Fiscalía ha presentado contra ella por fraude fiscal en los impuestos de patrimonio e IRPF del 2018, y de la que se ha enterado por los medios. La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones para la cantante, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Shakira.

Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres millones más de intereses, por lo que la Fiscalía le ha aplicado el atenuante de reparación del daño para reducir la pena que podría corresponderle por seis delitos contra la Hacienda pública, cada uno de ellos castigado con penas de hasta seis años de prisión. La cantante rechazó el acuerdo con la Fiscalía y decidió jugársela en el juicio, agotando el tiempo para pactar con las acusaciones, entre las que se incluyen también a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana, hasta el momento de sentarse en el banquillo. Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.