Preocupa la desaparición de 4 menores en la Sierra de Madrid: Claves de su búsqueda

La reciente desaparición de cuatro menores de edad en la Sierra de Guadarrama (Madrid) ha hecho saltar las alarmas. Y es que desde el 4 de marzo hasta el 4 de abril han desaparecido Jaqueline G.O, Laura Camila M.V, Kiara Abril C.P. y Noa Bianca A.R.

No obstante, tras estas desapariciones existe una problemática global en toda la nación. Se trata de los centros de menores tutelados, su transparencia y las constantes fugas que ocurren en ellos.

La Asociación SOSDesaparecidos sostiene que los casos de las cuatro menores desaparecidas “son realmente fugas de centros tutelados”.

Desde hace varios años el funcionamiento y la transparencia de los centros de menores tutelados se encuentra en tela de juicio. Sin ir más lejos, en junio de 2024 elcierredigital.com se hacía eco del contacto de SOSDesaparecidos con el Defensor del Pueblo para tratar de atajar esta problemática. 

Elcierredigital.com ha contactado con Joaquín Amills, presidente de SOSDesaparecidos. “El caso de las cuatro menores muestra el desastre de los centros de menores tutelados. Así como evidencian un claro ejemplo de la inoperancia del Gobierno, el Ministerio Interior y el propio Centro Nacional de Desaparecidos”, recalca.

“Ahora los menores se fugan con 12 o 13 años, algo que antes hacían los de casi 18 años. Esto demuestra que no tomar las medidas oportunas conduce a una gestión cada vez es peor. Parece que lo único que le preocupa al CNDES es poner alertas, cuando sabe que son fugas y que se desactivan en días”, continúa Amills.

La asociación es clara en sus reivindicaciones respecto a esta problemática: “Necesitamos un equipo multidisciplinar. Tendrían que participar asociaciones, psicólogos, personal de educación, cuerpos policiales y representantes de los centros de menores”. Amills se pregunta “¿Por qué no lo hacen el Ministerio de Interior o el CNDES?. Parece que la misión del CNDES es ser un escaparate”, sentencia.

El problema de los centros de menores tutelados

Resulta relevante recoger lo expuesto en el informe anual de personas desaparecidas del CNDES. Según el estudio, en 2024 se catalogaron 17.857 denuncias por desaparición —un 6% más respecto a 2023—. De estas, 6.721 provenían de menores que estaban en centros de acogida. A lo que hay que sumarle 3.809 denuncias por menores huidos.

De las 16.147 personas que fueron reportadas como desaparecidas en 2024 el 49,4% eran menores de edad. Y de los 26.345 casos de desaparición ocurridos en 2024 —contabilizando los reincidentes—, el 63,3% fueron menores. Ante estos datos se puede concluir que la mayoría de desapariciones son de menores reincidentes. 

Según el informe, el grupo de edad con mayor incidencia de casos en 2024 corresponde al grupo de entre 13 y 17 años. En este intervalo se contabilizan 16.097 denuncias por desaparición. Actualmente, las denuncias activas de menores representan el 45,7% del total.

“A estas cifras habría que sumarle los casi 8.000 menores no acompañados que están desaparecidos”, añade Amills.

En el caso de los menores tutelados, es la Comisión de Tutela del Menor quien suspende la tutela de los padres, que es asumida por la Administración. Una vez dado este paso, algunos menores pasan a acogimiento familiar y otros pasan a residir en uno de los 1.500 centros de menores tutelados. 

“Sorprende que se retire la tutela a las familias para proteger al menor y este sea recluido. Pero, una vez en el centro, se fuga en múltiples ocasiones. Esto no es mejorar su vida y seguridad”, recalca Joaquín Amills. 

Existen varios tipos de centros. Están los de primera acogida para procedimientos de urgencia, los de primera infancia para menores de seis años o las residencias de menores. Tras estos centros, existen varios administradores. Por un lado, las propias comunidades autónomas, pero por otro lado, hay empresas privadas y ONG como Aldeas Infantiles o Fundación Anar. 

Amills cree que “Interior y el CNDES deben ser transparentes y hacer público quién controla los centros. Hay tanto hermetismo que no se sabe. Tampoco se ha hablado nunca de las medidas que toman para la reeducación ni han explicado por qué hay tantas fugas. No se sabe cuánto cobran por menor ni las ayudas que reciben”.

“La responsabilidad máxima es del Gobierno”

Que el mayor volumen de desapariciones sea de menores fugados de centros es algo que pone en jaque a las autoridades. Y es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinan sus esfuerzos a buscar menores que, en la mayoría de los casos, vuelve al cabo de pocos días. 

“Se genera una gran carga de trabajo para las autoridades, haciendo que se descuiden otros casos. Me imagino la frustración de la policía. Encuentran a un menor y al cabo de dos semanas vuelve a escaparse de ese centro”, indica el presidente de SOSDesaparecidos.

Según Amills, “no es un problema de ahora, sino de hace por lo menos una década. Una década en la que llevamos siendo ignorados por el CNDES. La responsabilidad máxima de la situación es del Gobierno”.

Aunque la legislación básica es estatal, es cada comunidad autónoma la que regula la gestión y el buen funcionamiento de las residencias.  

“Lo peor de todo es que hay un gran secretismo en lo que se refiere a estos centros. En los centros se llega a ir contra los derechos de los padres y los menores y nadie lo investiga. No hay un plan de trabajo. ¿Qué están haciendo todos aquellos organismos y fundaciones específicas para proteger al menor y que reciben muchísimo dinero?”, concluye Joaquín Amills.