Un año del asesinato de los guardias civiles en Barbate: Así están las causas

Este domingo 9 de febrero se cumple el primer aniversario del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). Hace justo un año los agentes David Pérez y Miguel Ángel González fueron arrollados por una narcolancha. 

Hasta el momento se ha detenido a tres de los cuatro individuos que iban en la embarcación que arrolló a los individuos. El primero de ellos, Karim El Baqqali, fue detenido en septiembre y es el presunto responsable directo al ser el supuesto conductor.

Los otros dos detenidos son Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet, que se entregaron a las autoridades en noviembre. Los tres detenidos permanecen en la cárcel del Puerto de Santamaría cumpliendo prisión preventiva a la espera del juicio. El último ocupante de la lancha que queda por detener es Abdennour El Hichou, sobre quien pesa una orden internacional de busca y captura.

También cabe recalcar que en un primer momento se detuvo a ocho personas. Dos de ellas quedaron en libertad tras declarar y seis ingresaron en prisión provisional pese a negar su participación en los hechos. 

Así las cosas, este 7 de febrero han tenido lugar dos concentraciones en Barbate y Cádiz en memoria de los fallecidos. Relativo a este acto resulta relevante mencionar que interior prohibió a los guardias civiles vestir de uniforme en el homenaje.

Además, a las 11.30 horas de este 9 de febrero se va a realizar una ofrenda floral en Barbate. El acto ha sido organizado por la plataforma Nuestro Corazón por Bandera.

Las investigaciones sobre lo ocurrido

El instructor de la causa es el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Barbate, Ángel Rojas. El magistrado trata de indagar en lo sucedido para poder determinar la intencionalidad de los hechos y las responsabilidades de los mismos. 

Recientemente, Rojas ha dictado una providencia ordenando la realización de una pericial para determinar si las muertes fueron accidentales o intencionadas. Tal y como recoge El País, los informes de la UCO apuntarían a una muerte intencional. Sin embargo, Baqqali, piloto de la narcolancha, señaló en su declaración que pretendía esquivar a los agentes pero no pudo. 

Determinar el motivo del suceso resulta crucial para las acusaciones y posibles penas de los imputados.  Si se resuelve que las muertes fueron accidentales las penas por homicidio no superarían los 15 años de prisión. Es más, si se considera homicidio imprudente la pena máxima sería de cuatro años.

Por contra, si se concluye que las muertes fueron intencionales los acusados se enfrentarían a penas de hasta 25 años por cada asesinato. Para más inri, si se demuestra que pertenecían a una organización criminal podrían llegar a ser condenados a prisión permanente revisable.

La clave de este informe estaría en los archivos de vídeo existentes de las grabaciones de la cámara incorporada de uno de los agentes atacados. Así como las diferentes cámaras del puerto de Barbate y el vídeo grabado por un testigo desde el mismo puerto.

Causa contra dos mandos de la Guardia Civil

Paralelamente a lo expuesto con anterioridad, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y las familias de los guardias civiles fallecidos solicitaron la apertura de una causa contra varios mandos de la Guardia Civil. La asociación Jucil también denunció a estos mandos atribuyéndoles un delito de homicidio imprudente.

Las partes personadas acusaron al coronel de la Comandancia de Cádiz y el general de la Guardia Civil de Andalucía de ser responsables de dar la orden en el operativo de Barbate. En un primer momento se admitieron varias pruebas, pero en noviembre la Audiencia Provincial de Cádiz archivó las diligencias. 

La Audiencia concluyó que los únicos responsables de la muerte de los agentes fueron los tripulantes de la narcolancha. No obstante, las acusaciones populares recurrieron a los autos en los que la jueza rechaza practicar nuevas diligencias. 

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Barbate ha rechazado la petición de reabrir la causa contra los mandos. Con esta decisión el Juzgado reafirma lo decidido por la Audiencia Provincial de Cádiz.

Por ello, el sindicato AUGC ha decidido recurrir esta decisión. Desde el sindicato señalan que “se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva”. Así mismo, exigen que “se valore la gravedad de los hechos y se actúe con transparencia”.

No hay que olvidar que la Fiscalía se opuso a que se aportaran nuevas evidencias como audios que podrían ser cruciales. El motivo fue que “vulneran el derecho a la intimidad de otras personas" que aparecían en esas llamadas que trataron de aportarse.

Pero la cosa no se queda aquí. Y es que desde AUGC recalcan que “los guardias sienten que están abandonados por el gobierno. Un año desde los asesinatos de nuestros compañeros y todo sigue igual”. También recalcan que desde lo sucedido “no se han incluido grupos de riesgo, nuevos medios, juzgados especializados ni se ha reforzado el carácter de autoridad”.