Qué ha sido de los responsables de la matanza de Atocha a los 44 años de sus condenas

El 24 de enero de 1997 Carlos García Juliá, José Fernández­-Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, militantes de Fuerza Nueva, atacaron a un despacho de abogados laboralistas situado en el número 55 de calle Atocha de Madrid y acabaron con la vida de cinco personas e hirieron de gravedad a cuatro más. El despacho que fue víctima del ataque estaba vinculado al Partido Comunista y a Comisiones Obreras.

Esa noche estaban en el despacho Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, su mujer Dolores González Ruiz, Ángel Rodríguez Leal, Serafín Helgado, Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz, Luis Ramos y Enrique Valdevira Ibáñez. Finalmente fueron asesinados Benavides, Valdevira, Sauquillo, Rodríguez y Holgado. Los asesinos, tal vez sintiéndose inmunes, no huyeron de la ciudad y en pocas semanas fueron detenidos.

De izquierda a derecha, Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Francisco Javier Sauquillo, Ángel Rodríguez y Serafín Holgado, asesinados el 24 de enero de 1977.

Al poco tiempo se descubrió que el móvil del crimen era económico. También fue detenido como autor intelectual Francisco Albadalejo Corredera, Delegado Provincial del Sindicato Vertical de Transportes. Albadalejo tenía un odio visceral por el abogado Joaquín Navarro, de Comisiones Obreras, que quería acabar con lo que en la prensa de la época se conocía como “La mafia de Transportes”. Según declararon ante los tribunales los pistoleros fascistas, su objetivo era Joaquín Navarro, aunque aseguraron que solo querían “darle un susto”, algo que quedó acreditado como falso.

Hace 44 años que la Audiencia Nacional dictaba sentencia condenatoria contra los implicados en la matanza de Atocha. Las condenas impuestas en 1980 sumaron 464 años: 65 años para Albadalejo que falleció en prisión en 1985 y cuatro años a Jiménez Carava por haber vendido las armas, que también falleció en 1985. Para Fernández Cerrá y García Juliá la condena fue de 165 años. El caso más llamativo fue el de Fernando Lerdo de Tejada que se fugó antes del juicio durante un extraño permiso penitenciario por Semana Santa que Gómez Chaparro, juez instructor del caso, le concedió en abril de 1979.

El paradero de Tejada y Fernández-Cerrá

Desde su fuga el paradero de Fernando Lerdo de Tejada ha sido toda una incógnita hasta el día de hoy. Se desconoce si sigue vivo o si pudo entrar en España con una identidad falsa. La principal hipótesis que seha barajado a lo largo de estos 45 años es que se fue a Latinoamérica, pero la realidad es que desde 1979 nadie sabe nada de él.

Cabe destacar que la última orden de busca y captura dictada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional contra Tejeda, que hoy tendría 70 años, cesó en 2015. Desde entonces el ultraderechista puede regresar a España sin riesgo a entrar en prisión por su participación en la matanza.

Monumento en homenaje a las víctimas de Atocha.

José Fernández-Cerrá salió en libertad provisional en marzo de 1992. Tenía entonces 50 años. Durante los quince años que pasó por seis cárceles españolas -empezando por la de Cartagena- estudió Teología y Derecho Mercantil. La última prisión en la que habitó fue en la cárcel de El Dueso. Una vez en libertad empezó a llevar la contabilidad de una de las gasolineras de su mujer. 

Poco después creó sus propias empresas. La primera estuvo relacionada con las importaciones y exportaciones y fue creada en 1997 bajo el nombre de Import Export Avimeco SL. La otra estuvo relacionada con las reformas y se creó en 2001 bajo el nombre de Delfager Reformas Servicios SL. Desde entonces desapareció de toda visibilidad y nunca llegó a indemnizar a las víctimas.

El presente de Carlos García Juliá tras salir de prisión

Carlos García Juliá seguiría los pasos de su cómplice Fernando Lerdo Tejada. Fue a los catorce años de estar en prisión. El 23 de septiembre de 1991, un juez decretó su libertad condicional tras 14 años de reclusión en la prisión de Villanubla (Valladolid). En agosto de 1994, el ultra solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. El permiso fue concedido y García Juliá desapareció. Le quedaban por cumplir 3.855 días de condena.

En noviembre de 2018 fue detenido en Brasil. Pesaba sobre él una orden de extradición de la Audiencia Nacional al Gobierno de Bolivia porque dos años después de su huida de España, Carlos García Juliá fue detenido en este país por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares. García Juliá fue juzgado y condenado en Bolivia a 6 años y 8 meses de prisión, e ingresado en el centro penitenciario de Palmasola, la prisión de los pichicateros (narcotraficantes), una cárcel que parecía una pequeña urbanización, donde entonces mandaba el dinero y los clanes mafiosos. El ultra se convirtió en el preso número 8981.

Carlos García Juliá.

En febrero de 2020, las autoridades brasileñas lograron entregar a García Juliá. La operación para dar con el paradero del terrorista contó con la colaboración de la Policía Federal brasileña, la Policía Nacional y la Interpol. García Juliá residía en la capital brasileña desde el año 2009 con una identidad venezolana falsa en Barra Funda, un distrito del centro de São Paulo. Trabajaba como conductor de VTC.

Al llegar a España ingresó en la prisión de Soto del Real. El terrorista logró que la Audiencia Provincial de Ciudad Real le concediera la excarcelación al poder aplicarle los beneficios penitenciarios que consiguió durante su estancia en prisión a principios de la década de los noventa. García Juliá salió de prisión el 19 de noviembre de 2020.

Tres años más tarde, volvía a la actualidad por aparecer en la lista de candidatos a la alcaldía del partido Falange en Bilbao. A pesar de que su partido tan solo obtuvo 41 votos y ningún escaño, el hecho de que su nombre encabezara la lista para obtener la alcaldía de Bilbao llamó la atención de todos aquellos que recordaban el crimen de aquel enero de 1977.