Así fueron las condenas de la Matanza de Atocha: cuatrocientos sesenta y cuatro años de condena a cinco personas, dos de ellos se fugaron

Como este periódico rememoraba ayer, tres pistoleros de ultraderecha (Fernando Lerdo de Tejada, José Fernández-Cerrra y Carlos García Juliá) irrumpieron la noche del 24 de enero de 1977 en un despacho de abogados laboralistas situado en el número 55 de calle Atocha de Madrid. Acabaron con la vida de cinco personas e hirieron de gravedad a cuatro más. El crimen, que conmocionó a la sociedad española en plena Transición, puso en el punto de mira a la ultraderecha que en esos años estaba especialmente activa. De hecho, los tres asesinos eran militantes de Fuerza Nueva, la formación que aglutinó el gran voto de extrema derecha y llevó en 1979 a su presidente Blas Piñar al Congreso de los Diputados.

Los asesinos, tal vez sintiéndose inmunes, no huyeron de la ciudad y en pocas semanas fueron detenidos. Pronto, se descubrió que la trama tenía también una base económica. Fue detenido como autor intelectual Francisco Albadalejo Corredera, Delegado Provincial del Sindicato Vertical de Transportes. Albadalejo tenía un odio visceral por el abogado Joaquín Navarro, de Comisiones Obreras, que quería acabar con lo que en la prensa de la época se conocía como “La mafia de Transportes”. Según declararon ante los tribunales los pistoleros fascistas, su objetivo era Joaquín Navarro, aunque aseguraron que solo querían “darle un susto”, algo que quedó acreditado como falso.

El juicio se celebró entre 1979 y 1980. La acusación la llevaron otros abogados de izquierdas como Cristina Almedia, José María Mohedano o José Bono. La prensa se ocupó de seguir el asunto y convirtieron el proceso en un juicio a la extrema derecha. De hecho, llegaron a declarar ante el Tribunal los líderes de la ultraderacha española, Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Rafael Gómez Chaparro se negó a seguir investigando. Se llegó también a hablar de una posible relación con la conocida como “Red Gladio”, alianza de grupos ultras en toda Europa.

Las condenas dictadas en 1980 sumaron 464 años: 65 años para Albadalejo que falleció en 1985, cuatro años a Jiménez Carava por haber vendido las armas que también falleció en 1985, Fernández Cerrá y García Juliá a 165 años. El caso más llamativo fue el Fernando Lerdo de Tejada que se fugó antes del juicio durante un extraño permiso penitenciario por Semana Santa que Gómez Chaparro le concedió en abril de 1979. Aún sigue en paradero desconocido. A su huida se sumó doce años después la de García Juliá ahora detenido y en espera de ser extraditado a nuestro país.

Imagen cedida por la Fundación Abogados de Atocha con alguno de los letrados que llevaron la acusación particular en 1980

El 23 de septiembre de 1991, un juez decretó su libertad condicional tras 14 años de reclusión en la prisión de Villanubla (Valladolid). En agosto de 1994, el ultra solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. El permiso fue concedido y García Juliá desapareció. Le quedaban por cumplir 3.855 días de condena

Ahora, pesaba sobre él una orden de extradicción de la Audiencia Nacional al gobierno de Bolivia. Porque dos años después de su huida de España Carlos García Juliá fue detenido en Bolivia por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares, y encarcelado en la prisión de Palmasola, a 15 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Cuando la policía boliviana pidió información a Interpol española, se enteraron de que el detenido estaba en busca y captura porque un juez español había revocado su libertad condicional.

Pero García Juliá fue juzgado y condenado en Bolivia a 6 años y 8 meses de prisión, e ingresado en el centro penitenciario de Palmasola, la prisión de los pichicateros (narcotraficantes), una cárcel que parecía una pequeña urbanización, donde entonces mandaba el dinero y los clanes mafiosos.  El ultra se convirtió en el preso número 8981.

En 1998, García Juliá intentó fugarse de aquella prisión por un túnel que él mismo ordenó construir y financió de su bolsillo. Pero su tamaño –había engordado decenas de kilos desde que en los 70 era uno de los guardaespaldas personales de Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva– le impidió llegar al exterior.

El fiscal Gordillo solicitó su extradición en 1999

En abril de 1999 dos reporteros de la desaparecida revista Interviú lo encontraron y fotografiaron dentro de la prisión boliviana. El ultra había engordado, llevaba gafas oscuras y su guardaespaldas era un narco boliviano llamado Carlos Noguera, apodado Mil Caras.

Carlos García Juliá junto a Blas Piñar en un mitin de Fuerza Nueva

Cuando se publicó el reportaje, el fiscal Ignacio Gordillo solicitó su extradicción y activó, supuestamente, toda la maquinaria judicial. Cuando el gobierno de Aznar quiso reclamar al ultra era 20 de abril de 2001 y García Juliá había aprovechado un permiso penitenciario para largarse del país en dirección a Brasil, según publicó entonces la revista.

Sus compinches corrieron diferentes suertes, Fernando Lerdo de Tejada huyó de la cárcel de Valladolid y se escondió en Paraguay y José Fernández Cerra cumplió 15 años de prisión y luego desapareció. El jueves, día del 40 aniversario de la Constitución española fue la Policía brasileña quien encontró milagrosamente a García Juliá.