Fin juicio pagarés Nueva Rumasa: Los hijos de Ruiz-Mateos ofrecen a los inversores la indemnización del holding que "nunca heredarán"

El pasado lunes día 20 concluía en la Audiencia Nacional el juicio contra los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada por la presunta estafa de los pagarés de Nueva Rumasa. Han sido cinco meses de vistas en las que los descendientes del empresario gaditano han atribuido en todo momento “la responsabilidad a José María Ruiz-Mateos” padre. Un hecho que se repitió en sus últimas declaraciones.

En la última sesión del proceso, tras la que quedó visto para sentencia, Pablo Ruiz-Mateos Rivero reiteró que ni él ni sus hermanos tenían “poder de decisión” y que era su “padre, el dueño de todo, quien mandaba”. Ha negado también que su padre estuviera enfermo entre los años 2009 y 2011, cuando se emitieron los pagarés de Nueva Rumasa: “Es falso, estaba en plenas facultades hasta 2011, seguro”. Cabe recordar que el patriarca de los Ruiz-Mateos falleció en el año 2015.

Para los hijos varones del empresario —Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco y Alfonso— se pide una pena de 16 años de prisión para cada uno por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes con la empresa Nueva Rumasa. Según las investigaciones de la Audiencia Nacional, habrían recibido más de 90 millones de euros por parte de más de 1.000 inversores que suscribieron los pagarés.

El destino de estos 90 millones de euros es un misterio para la Justicia, aunque el amigo y asesor de Ruiz-Mateos, Jesús Urdiciáin, confesó en una conversación con elcierredigital.com que José María Ruiz-Mateos le dijo “dónde depositaron el dinero de Nueva Rumasa sus hijos”.

Los seis hermanos Ruiz-Mateos en un juicio en Mallorca.

“Está, supuestamente, en un sitio donde no puede intervenir ni el Banco de España, ni el CNI, ni la Policía, ni la Guardia Civil: en el Banco Vaticano, donde el Opus Dei tiene una cuenta. Ahí no podrían encontrarlo porque tienen inmunidad diplomática. Eso es lo que me dijo Ruiz-Mateos y a mí nunca me ha engañado”, declaraba Urdiciáin en exclusiva para elcierredigital.com.

La verdad sobre el dinero de Rumasa

En esta última intervención del proceso los hermanos Ruiz-Mateos han dicho que “sienten mucho el perjuicio causado a los inversores” y han puesto a su disposición, al parecer, la parte económica que les pudiera corresponder como herederos de la revaloración del justiprecio de Rumasa, empresa expropiada en el año 1983. Un proceso que todavía está pendiente de resolverse.

Precisamente, debido a que no es la primera vez que los hijos de Ruiz-Mateos ponen a disposición de los inversores el dinero de Rumasa, es por lo que salió a la luz la figura de Jesús Urdiciáin. El amigo y asesor del patriarca de la familia gaditana afirmó, en una conversación con elcierredigital.com que “el dinero de los derechos de expropiación de Rumasa no es de los hijos, era de Ruiz-Mateos padre, pero era un bien privativo, porque Rumasa era la herencia que José María Ruiz-Mateos recibió de sus padres, porque era una empresa suya y de sus hermanos. Y las herencias son bienes privativos en el matrimonio, a pesar de que haya gananciales. Con lo cual, a la mujer y a los hijos de Ruiz-Mateos no les toca nada”.

De hecho, y tal y como publicamos en elcierredigital.com, Ruiz-Mateos habría dejado atado antes de morir todo lo relativo a la indemnización que pedía al Estado español por la expropiación de Rumasa el 23 de febrero de 1983. En un documento cedía los “derechos de cobro por indemnización correspondientes a José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, reclamados al Estado español (…) a favor de la Fundación de la Asistencia Social Guanaba”, que fundó Urdiciáin en nombre de José María Ruiz-Mateos y que se encarga de gestionar tras su muerte.

Primera página del último escrito firmado por Ruiz-Mateos.

Sería esta fundación, y no sus hijos, la encargada de recibir, supuestamente, la indemnización por la expropiación de Rumasa que Ruiz-Mateos debería haber recibido en un plazo de tres meses tras aquel día de febrero de 1983. Uno de los objetivos de la fundación es que, en el caso de obtener el dinero, este debería ser utilizado en primer lugar para “indemnizar a los Inversores que confiaron” en José María Ruiz-Mateos “y que suscribieron los pagarés correspondientes”. En un documento firmado antes de morir, y que elcierredigital.com dio a conocer en exclusiva, Ruiz-Mateos afirmaba que no quería “dejarles en la estacada”.

Jesús Urdiciáin estima que la indemnización por la expropiación de Rumasa, más los intereses derivados de estos cuarenta años de retraso, ascendería a “265.936.497.584,98 euros”. Cantidad que Urdiciáin sabe que no sería asumible para el Estado español, por lo que ha solicitado una reunión con el Ministerio de Economía “para determinar o, en su caso, negociar el alcance definitivo de la deuda que el Estado tiene con el difunto” e, indirectamente, con la ONG Fundación Guanaba, gestionada por Urdiciáin en nombre del fallecido empresario Ruiz-Mateos.

Perjudicados por la presunta trama de los Ruiz-Mateos

Teniendo esto en cuenta, los hijos de Ruiz-Mateos no tendrían, supuestamente, acceso a este dinero que han dicho poner a disposición de los inversores. Además de los seis varones de la familia, son juzgados los trabajadores y colaboradores de la extinta Nueva Rumasa: Manuel Sánchez Marín, José Ramón Romero, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño, además del empresario intermediario Ángel de Cabo.

Como perjudicados por esta presunta trama urdida por los Ruiz-Mateos hay 1.409 personas que denunciaron la situación. La cantidad total reclamada asciende a 171 millones de euros. Desde elcierredigital.com pudimos hablar con el que fue abogado durante 27 años de José María Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, cuyo bufete, Yvancos & Abogados, representa actualmente al "mayor grupo de afectados por los pagarés, unas 300 personas", según relataba a este diario.

Como parte de la acusación, Yvancos confía "en lograr la máxima condena que se pide, de 16 años, para cada uno de ellos". "Somos pacientes y vamos a ir a por todas contra los Ruiz-Mateos y su madre. Porque representamos a un montón de gente que lo perdió todo. Muchos de ellos han muerto ya", declaraba.

La particularidad de la participación de Yvancos en este caso es que, a la vez que su bufete defiende los intereses de los perjudicados, su sociedad Bochner España S.L. se encuentra entre las 57 empresas señaladas por la Justicia como parte de la maquinaria de los Ruiz-Mateos.

Sobre este asunto, Yvancos comentaba a elcierredigital.com que su empresa, de la que son socios él y su hermana, se vio incluida en el llamado "Libro Verde" de las empresas de los Ruiz-Mateos como una especie de "venganza" hacia él. "Lo hicieron porque me opuse a la venta ficticia que habían hecho de empresas a Ángel de Cabo. Él se dedicaba a coger empresas y liquidarlas y tenían pactado con él repartirse lo que quedara. El 80 por ciento para los hermanos Ruiz-Mateos y el 20 por ciento restante para Ángel Cabo como comisión", explicaba.

"A mí solo me pueden condenar como responsable subsidiario. Mi empresa ya no tiene nada, porque ya lo perdí todo cuando sacamos todos los bienes a subasta", añadía Yvancos, que confía en que los Ruiz-Mateos "no se salgan de rositas”.

Concurso de acreedores

El 17 de febrero de 2011 José María Ruiz-Mateos padre convocó una rueda de prensa acompañado de sus seis hijos para hacer pública la solicitud de concurso de acreedores para diez de sus mayores compañías, entre las que se encontraban Clesa, Dhul, Trapa, Hotasa, Elgorriaga, Garvey, Hibramer, Carcesa e incluso el club de fútbol Rayo Vallecano.

El empresario fallecido José María Ruiz Mateos y sus seis hijos.

El 2 de junio de 2011 la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por estafa o apropiación indebida en la Audiencia Nacional contra José María Ruiz-Mateos, su esposa Teresa Rivero, sus seis hijos y un sobrino de estos por haber vendido pagarés por valor de más de 90 millones de euros a más de 1.000 inversores de la empresa Nueva Rumasa.

Desde entonces, la Justicia —en concreto, la Audiencia Nacional— continúa buscando dónde está invertido ese dinero, aunque según la Fiscalía la mayor parte está invertida a través de presuntos mediadores. La central de los negocios de los hijos de Ruiz-Mateos siempre ha estado en Aravaca, en el número 23 de la calle Aguarón. También han domiciliado en el pasado algunas de sus empresas en la calle Fuente del Rey, donde vive José María Ruiz-Mateos junior. Cinco de los hijos Ruiz-Mateos viven en casas valoradas en millones de euros a excepción de Alfonso que reside en Guadalmina, en una casa frente al campo de golf y a pocos metros de la playa.

En la calle Aguarón 23, de Aravaca, coinciden en las oficinas con los hermanos Joaquín y Francisco Capel Alcaraz, que domiciliaron la empresa de restauración Best Meals, S.L. A su vez, los hermanos Capel son propietarios del Grupo All 4 Food, con el que han montado varios negocios y locales en Madrid de restauración especializada en comida a la brasa: Steak Burger Fuencarral S.L., Steak Burguer Luchana S.L., Oven Fuencarral, S.L. y Steak Burguer Atocha, S.L.

Hay que recordar que José María junior recuperó su casa embargada por un millón de euros gracias a su cuñado Joaquín Bohórquez, casado con Patricia Ruiz-Mateos. La operación de compra se hizo con una sociedad que entonces estaba en números rojos. La empresa de Bohórquez, Tapatana, a través de la que se adquirió la casa de José María Ruiz-Mateos hijo, presentaba en 2018 unas pérdidas de 23.204,29 euros.