Pacto Bildu-PSOE: La cara 'B' de la prohibición de desahucios a personas vulnerables

La formación política EH Bildu ha llegado a un acuerdo con el Gobierno que supondrá que en el próximo decreto de ayudas para contrarrestar la crisis económica, se incluya la prórroga, hasta 2025, de prohibición de desahucios para personas que sean declaradas vulnerables.

Esta medida de paralización de desahucios por resolución de contrato por impago o expiración de plazo se inició con el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Después, en sucesivas prórrogas, el motivo pasó a ser la guerra de Ucrania y ahora se consolidan siendo el motivo la crisis económica.

Es cierto que muchas familias necesitadas tienen graves dificultades para llegar a final de mes y, esta medida, junto a las demás de escudo de protección social, es de vital importancia y son procedentes. El problema es que además de familias necesitadas, también puedan beneficiarse de esta medida familias aprovechadas.

Los 'inquiocupas' ven en estas medidas la solución de sus problemas de alquiler, pues algunos no pagan a pesar de tener capacidad económica. Eso sí, sumergida con trabajos no declarados y que hacen que sean reconocidos en situación de vulnerabilidad al tener una apariencia de precariedad que no se corresponde con la realidad.

Es cierto que el precio de la vivienda de compra y los alquileres están por las nubes, especialmente en las grandes ciudades. Pero también es verdad que la Ley de Vivienda no ha contribuido a frenar la escalada de precios y que la prórroga de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, tampoco lo hará.

Los propietarios 

Algunos propietarios ven con temor este tipo de medidas y sienten reticencia a alquilar sus viviendas. Es razonable, no debemos pensar en una empresa con cientos o miles de viviendas. La mayoría de los inmuebles son de familias que tienen una segunda vivienda que con esfuerzo han adquirido para complementar sus ingresos. El miedo a que un inquilino no le pague y que se declare en situación de vulnerabilidad provoca que algunos propietarios dejen de alquilar sus propiedades y que, en caso de alquilarlo, pidan requisitos excesivos y, en muchos casos, desproporcionados.

El abogado Alberto García Cebrián explica que, en su opinión, los 'inquiocupas' con apariencia de precariedad acaban teniendo los siguientes beneficios con estas medidas:

• Sistemáticamente los 'inquiocupas' demandados por impago de renta, cuando reciben la demanda de desahucio solicitan abogado de oficio. En cambio, el propietario normalmente no reúne los requisitos y debe de contratar a un abogado privado y procurador privado. Incluso en la condena en costas, al tener justicia gratuita, no se suele poder hacer efectivo el cobro de las costas del proceso de desahucio frente al inquilino salvo que mejore su situación económica.

Pisos en alquiler.

• Si cuando son demandados en el informe de Servicios Sociales es declarada su situación de vulnerabilidad y, siempre y cuando no sea también vulnerable el propietario, se suspende el proceso de desahucio. Con la nueva medida la paralización llegará hasta 2025, por lo que el panorama de un propietario que alquila su piso es que no cobre el alquiler al menos en un año ni pueda continuar con el proceso de desahucio.
• Un desahucio en España tiene un periodo muy variable, pero en el mejor de los casos se tarda 6 meses y lo normal un año y si se demora más de lo normal año y medio o dos. Esto sin contar con las posibles suspensiones.
• Si el 'inquiocupa' que ha firmado el contrato y por tanto responde del impago de la renta no tiene bienes, el propietario no cobrará la deuda. Es cierto que existe un sistema de cobro de rentas habilitado para el propietario por parte del Estado, pero es difícil de gestionar y obtener.
• En lo que se refiere a posibles desperfectos en la vivienda ocurre lo mismo, para el caso de que la 'inquiocupación' provoque daños en la vivienda, deberá afrontarlos el propietario, pues el inquilino es insolvente.

En este contexto es entendible que haya propietarios cada vez menos dispuestos a alquilar su propiedad. También que cuando lo hagan lo hagan por un precio alto que sí le merezca la pena, pues se concibe el alquiler como algo arriesgado o inseguro. Cada vez se endurecen más los requisitos para alquilar una casa y las empresas de garantía del alquiler cada vez tienen mayor éxito, lo que supone que los inquilinos que no tengan una situación económica acorde a los requisitos, queden fuera del mercado de alquiler.

La consecuencia directa de esta medida de prórroga de la prohibición de alquiler de familias vulnerables es que las familias realmente vulnerables y necesitadas conseguirán mantener su hogar, lo cual es muy positivo y procedente, pero, a cambio, el peaje de dicha medida es el siguiente:

• 'Inquiocupas': Las familias aparentemente vulnerables pero aprovechadas tratarán de alargar todo lo posible la paralización de los desahucios. Es impactante cómo este tipo de familias dejan de pagar el alquiler radicalmente sin ninguna voluntad de pago. No pagan ni 50 ó 100 euros de alquiler simbólicos, directamente optan por no pagar absolutamente nada a sabiendas de que están causando un perjuicio al propietario.
• Muchos propietarios dejarán de alquilar sus propiedades y los que lo hagan lo harán con requisitos más estrictos, en muchos casos, incluso desproporcionados.
• La persona que quiera acceder a un alquiler en 2024 lo tendrá incluso más difícil que en 2023, pues habrá menos pisos y los pisos serán más inaccesibles, tanto en precio como en requisitos para el alquiler.

La cara 'B' de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables y necesitadas en 2024 es que la 'inquiocupación' ve un escenario perfecto para vivir gratis en la casa ajena. Además, esto crea inseguridad.