Caso mascarillas: El ministro Torres 'relajó' el control financiero del SCS canario en contratos millonarios Covid

Las investigaciones y denuncias en relación al 'caso mascarillas' siguen destapando presuntas irregularidades entre altos cargos políticos. Según ha podido saber elcierredigital.com a través de documentos de denunciantes, el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, siendo presidente del Gobierno de Canarias aprobó "mantener el ejercicio de la Función Interventora en régimen de fiscalización previa limitada para determinados expedientes de contratación administrativa del Servicio Canario de Salud (SCS)". La decisión se tomó mediante acuerdo del ejecutivo regional del 21 enero de 2021 —documento al que ha accedido en exclusiva elcierredigital.com— durante las contrataciones millonarias de material Covid-19.

Por otra parte, esta medida no tiene caducidad temporal y, de hecho, sigue en vigor bajo la presidencia autonómica del nacionalista Fernando Clavijo (Coalición Canaria), quien habría creado "nuevos puestos a dedo en el SCS" para excargos procedentes del gobierno de Torres, como es el caso de la exinterventora de la comunidad autónoma canaria Natalia de Luis Yanes, según apunta una resolución del actual director de esta entidad sanitaria, Gustavo Díaz Perera.

En cuanto al tipo de fiscalización acordada para este periodo y en vigor actualmente, explican fuentes consultadas del SCS, "podría suponer la ‘simplificación’ de los controles financieros del SCS". Y añaden que esta ‘fiscalización limitada’ que se mantuvo con Torres supuestamente "podría haber posibilitado los fraudes en las contrataciones de material sanitario durante la pandemia" e insisten en que "esta laxitud fiscalizadora se renovó por el Consejo de Gobierno de Torres, y perdura bajo el ejecutivo canario actual conformado por CC-PP".

No obstante, este acuerdo sobre la fiscalización del SCS en 2021 fue modificado por otro acuerdo de Gobierno —13 de octubre de 2022— que contenía el texto consolidado de la primera medida de control financiero y, además, según el ejecutivo de Torres, "no se encuentra sometido a limitación temporal".

Documento de la Intervención General sobre acuerdos de Gobierno sobre control financiero del SCS.

Cabe destacar que durante la aprobación de estos acuerdos de Gobierno de "simplificacion", la interventora general de la comunidad autónoma en esos momentos era Natalia de Luis Yanes, la misma que suscribe estos documentos del Gobierno de Torres en relación al SCS. Además, De Luis Yanes ha sido citada a declarar en calidad de exinterventora en el 'caso Mediador' y actualmente ocupa un puesto de alto cargo en el SCS.

Denuncian "creación de altos cargos 'a dedo' en el SCS por el Gobierno de Clavijo"

El Gobierno de Canarias, ahora bajo la presidencia de Fernando Clavijo, acordó la atribución de funciones a los componentes de la Unidad Técnica Adscrita al SCS mediante el director del SCS, Gustavo Díaz Perera, en una resolución emitida el 3 de noviembre de 2023 —en poder de este diario—. Díaz decidió crear esta estructura para que desempeñe diversas funciones, especialmente de coordinación con los órganos internos del SCS y con la Consejería de Sanidad.

Resolución del SCS para crear altos cargos por designación directa.

Esta estructura ha cubierto algunos de sus puestos de manera directa, 'a dedo', con la exinterventora Natalia de Luis Yanes —procedente del anterior ejecutivo de Torres— Sergio Pérez y Alejandro Ojeda, que "realizan por ‘iniciativa propia’ actuaciones dando las instrucciones en nombre de la Dirección del SCS".

La exjefa de Servicio del control de FEAGA de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias —control de los fondos europeos de agricultura durante el mandato de Torres—, María Jesús López, fue nombrada Secretaria General del Servicio Canario de Salud. Esta Secretaría controlaría todas las informaciones de Transparencia del SCS, y por otra parte, el actual ejecutivo regional CC-PP ha mantenido los mismos cargos en el SCS del anterior gobierno PSOE-NC-Podemos-ASG.

La exinterventora asegura que "el SCS no tiene capacidad de autofiscalización"

En una resolución de la Intervención General de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos emitida el 28 de febrero de 2023 por la que entonces fuera interventora, Natalia de Luis Yanes, se expone que "los expedientes de contratación del SCS no están sometidos a ningún régimen excepcional de contratación administrativa, por lo que, en su condición de organismo autónomo, el SCS encuentra sus expedientes sometidos al mismo régimen que el resto de las Administraciones Públicas".

En este documento —al que ha tenido acceso elcierredigital.com— Yanes declara que "el SCS no tiene capacidad de autofiscalización, sino que es la Intervención General de la CAC la que ejerce, en los términos previstos en las normas respectivas, el control interno de la gestión económica-financiera del sector público, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle".

Según la Intervención General —antes del acuerdo de Gobierno de ‘simplificación de fiscalización’ aprobado por el ejecutivo de Torres en 2021— existe otra resolución para los ejercicios 2012 a 2020 donde se acordaba "suspender temporalmente los acuerdos de Gobierno por los que se sustituyó la función interventora por el control financiero permanente para determinadas actuaciones, desde la perspectiva de legalidad, haciendo uso de la flexibilidad que la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, reconoce para la aplicación de las distintas modalidades de control interno previstas en la misma".

Es decir, dicha suspensión se mantuvo para el ejercicio de 2021 mediante el correspondiente acuerdo de Torres elevado por la Intervención General. Por otra parte, De Luis Yanes manifiesta que "al tratarse de una fiscalización previa limitada, los extremos a revisar son de gran amplitud, lo que unido al gran volumen de estos expedientes de contratación del SCS (el sesenta por ciento de la contratación de la Administración de la CAC) y a la limitación de recursos humanos en las Intervenciones Delegadas en el ámbito del SCS, hacen aconsejable reducir el número de extremos a comprobar en los expedientes de contratación en el ejercicio de la función interventora en régimen de fiscalización previa limitada".