Repsol acusada por 120 gasolineras independientes: Los motivos de su guerra millonaria

La Plataforma afectados por las Petroleras, compuesta por más de un centenar de estaciones de servicio independientes, han impulsado una estrategia para poner en jaque la hegemonía de Repsol, Moeve y BP.

Según las 120 gasolineras movilizadas, "estas grandes petroleras  llevarían pactando precios desde hace más de 30 años".  Por ejemplo, a Repsol le piden 390 millones de euros; a Moeve (antigua Cepsa) 139 millones; y a BP otros 51 millones. 

Platorma Afectados por las Petroleras

Fue en diciembre de 2024, cuando la Plataforma Afectados por las Petroleras  interpuso una demanda conjunta contra Repsol, Moeve y BP. Les exigen una compensación económica global de 600 millones de euros. 

Alegan que "estas empresas han manipulado durante tres décadas los precios de los combustibles". Lo que violaría las leyes de libre competencia y perjudicaría de forma directa a los pequeños operadores del sector.

La base legal de esta demanda se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo emitida en noviembre de 2024. El fallo invalidó los contratos de suministro exclusivo firmados entre Repsol y Cepsa con sus estaciones asociadas. El alto tribunal consideró que estas cláusulas fomentaban acuerdos ilegales para establecer precios de forma coordinada. Esta práctica restringe la competencia y perjudica tanto a los consumidores como a las estaciones independientes. 

Esta resolución judicial se fundamenta, además, en una investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).  El organismo ya advertía en 2009 sobre sistemas similares de fijación de precios.

El objetivo principal de la plataforma es que se anulen los contratos de exclusividad y que se indemnice a los operadores por las pérdidas sufridas. El grupo denunciante representa en la actualidad cerca del 5% del total de estaciones de servicio del país. Sin embargo, se prevé que otras gasolineras se sumen a la acción judicial en los próximos meses. Esto podría aumentar considerablemente el impacto y la presión legal sobre las compañías implicadas.

Por su parte, las petroleras demandadas argumentan que sus contratos han sido actualizados con el tiempo, dejando fuera aquellos que implican una compra directa referida al índice Platts. O acuerdos de comisión donde el riesgo recae íntegramente en las compañías y no en las estaciones. No obstante, los afectados sostienen que estas modificaciones no corrigen las irregularidades previas ni compensan el daño acumulado a lo largo de los años.

Cabe recordar que esta no es la primera acción legal contra las grandes distribuidoras de combustible. En 2022 la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ya interpuso una demanda masiva contra Repsol, Cepsa y BP. Entonces, les acusaban de inflar artificialmente el precio del carburante durante más de una década. 

"Estos litigios reflejan una creciente inquietud entre sectores económicos clave ante la posible falta de competencia real en el mercado de hidrocarburos", señalan fuentes del sector. 

Un caso clave para el futuro del mercado energético

La demanda de estas estaciones de servicio independientes es un desafío directo al poder de las grandes petroleras. Podría marcar un antes y un después en la regulación del sector si los tribunales fallan a favor de los demandantes. Entre otras cosas, porque abriría la puerta a nuevas denuncias. Y a una revisión profunda de los modelos de distribución y precios en otros sectores económicos. 

La decisión final será determinante para establecer responsabilidades. Además, permitirá medir el alcance del impacto económico que estas prácticas han tenido en el mercado y en los consumidores españoles.

Problemas para Repsol a cuenta de Estados Unidos

Donald Trump prosigue con su guerra comercial. Su última decisión ha sido revocar los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras para exportar crudo desde Venezuela. No hay que olvidar que este país está sancionado por los Estados Unidos desde 2019. 

Entre las afectadas se encuentra la española Repsol, que exporta unos 67 millones de barriles diarios. La sanción trumpista también afecta a la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel&Prom y la india Reliance Industries. 

El CEO de la petrolera española, Josu Jon Imaz, apostó por la prudencia. "Vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que permitan que sigamos con nuestra actividad en este país. Que nunca ha sido fácil. Pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que prácticamente una parte importante del sistema eléctrico del país también depende de nuestra producción", aseguró. 

"Hemos estado en todo momento. Y estamos a lo largo de todos estos años muy cerca de la Administración americana, con total transparencia y colaboración. Siempre hemos, por supuesto, respetado y respetaremos todo el ámbito de la legislación internacional relativa a sanciones", añadió.