Pedro Sánchez, sin socios en su reforma fiscal: Alegría para Repsol y Colonial

La decisión del PSOE y Sumar  de anunciar una reforma fiscal sin consensuarla con sus socios podría suponer el fracaso de esta. Los partidos del Gobierno buscan aumentar en 4.500 millones de euros la recaudación vía fiscal, tal y como les exige la Unión Europea. 

Pero el tipo de medidas anunciadas ha enfadado a Junts per Catalunya, PNV, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG. Ante la previsión de una falta de acuerdos entre los socios del Gobierno y la derecha, el PSOE ha optado este jueves por aplazar la votación de esta reforma fiscal.

Impuestos

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz quieren mantener el impuesto a la banca, subir el IRPF a las rentas mayores de 300.000 euros o gravar yates, aviones o coches de lujo. También elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos. 

Más complicada está la intentona de socialistas y 'yolandistas' de subir los impuestos a las 'SOCIMI' (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria). Esta figura homologable en otros países europeos fue puesta en marcha en 2009. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso promover las inversiones inmobiliarias mediante la creación de esta figura que no paga impuesto de sociedades. 

En caso de salir adelante la postura de Sánchez y Díaz, las SOCIMI pasarían a pagar el 21% de impuesto de sociedades. Este anuncio golpea a las inmobiliarias Merlin Properties y Colonial, que amenazan con marcharse de España. 

La entidad financiera Bankinter dice que "si se aprueba esta medida, las SOCIMI perderían la exención fiscal y pasarían a tributar por el impuesto de sociedades (25% vs. 0% actual). Lo que reduciría en esa misma proporción su generación de caja y capacidad de pago de dividendos". 

"Además, el sector perdería atractivo para el inversor extranjero. Con opción de invertir en una gran mayoría de países europeos en los que sí cuentan con este régimen fiscal", añade Bankinter. El banco otorga "poca probabilidad a que se alcancen los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso de los Diputados". 

"Existe la posibilidad de que esta medida se matice, aplicando el impuesto de sociedades tan solo a la parte del beneficio no repartido vía dividendos. Como ya se intentó en 2020, bajamos de forma táctica la recomendación al sector inmobiliario a vender desde comprar", añaden. 

La CNMV recuerda que "la SOCIMI no es una figura específica de España. Sino que también está presente en otros países europeos de forma similar. Donde la cotización y apertura a inversores va asociada a una fiscalidad especial". 

El PP, por su parte, se muestra dispuesto a apoyar un impuesto complementario para que los grupos multinacionales tributen un mínimo del 15% efectivo.

Enfado por los impuestos extraordinarios

La intención de La Moncloa de cronificar un impuesto especial a las energéticas ha soliviantado a compañías como Repsol. Esta petrolera presidida por Josu Jon Imaz hace oídos sordos a que España tenga una presión fiscal muy por debajo de la media europea. 

O a que Repsol no está en su mejor momento reputacional por las acusaciones de 'ecopostureo' de Iberdrola. Acusaciones que la obligarán a defenderse de la denuncia interpuesta por aquella.

La eléctrica, con el apoyo del Gobierno, ha denunciado que los de Imaz no pueden anunciarse como líderes de la transición digital. Especialmente, porque apenas el 1% de su negocio depende de las energías renovables.

Josu Jon Imaz ha desempolvado el cuadernillo político con el que nunca tuvo el control del PNV, del que salió por la puerta de atrás. El presidente de Repsol ha utilizado la fuerza de su compañía, y la 'debilidad' del Gobierno, para ejecutar una estrategia contra La Moncloa. 

La inversión

Convertir residuos urbanos en combustible es el proyecto pionero de Repsol en Tarragona. La petrolera tenía previsto invertir 1.100 millones de euros. Pero este negocio pudo acabar en Portugal, tal y como le advirtieron Junts per Catalunya. 

Los de Carles Puigdemont se apresuraron a anunciar que no iban a apoyar los planes del Gobierno. Principalmente, por temor a que la advertencia de Imaz se llevase a cabo. El dirigente está teniendo menos eco en el PNV, aunque los 'jeltzales' también se han puesto de perfil tras advertir el giro postcovergente. 

Imaz quiere jugar sus cartas en todos los frentes.  El presidente de uno de los grandes anunciantes de prensa publicó hace unos días en uno de los periódicos que apoyan con más vehemencia al Gobierno. 

"Los partidos que conforman el Gobierno han presentado una propuesta para hacer permanente un nuevo impuesto al sector energético más allá del que, como cualquier otra empresa, pagan por sus beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades. No hay debate. No hay un análisis riguroso de las consecuencias. No hay siquiera interlocución franca con las empresas industriales. Simplemente el populismo y la demagogia al grito de 'que paguen las empresas para favorecer a los que lo pasan mal'", escribía. 

"Aquellos políticos que incluso en privado reconocen que esa doble imposición es un dislate, no se atreven a alzar la voz por temor a ser considerados defensores de los 'ricos y de las empresas', exponiéndose a que lancen a las masas contra ellos por 'antisociales'", añadió. 

"No les oculto que el reto financiero y tecnológico es elevado, pero la apuesta por la industria y su empleo merece la pena. Ahora, el populismo fiscal va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio que imposibilita que esa inversión pueda llevarse a cabo. Si ya era difícil competir con la inversión energética en Estados Unidos, este golpe lo hace imposible", remató. 

El origen del conflicto

Mejorar ingresos para domar la inflación con la recaudación extraordinaria de banca y eléctricas fue el origen de los impuestos extraordinarios erigidos por el Gobierno en 2022. Y ambos sectores empresariales todavía se duelen del golpe. 

Las urnas no provocaron este pasado verano el cambio político deseado por las eléctricas. Estas pidieron por activa y pasiva al Ejecutivo que aparque un impuesto con los 'beneficios caídos del cielo'. Esta herramienta elevaba los impuestos las petroleras, eléctricas y gasistas al ritmo de los altos precios.

"Los beneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario derivado de esta situación revierta en los trabajadores", aseguró el presidente Pedro Sánchez. 

Repsol no protestó por la aprobación de un impuesto con el que España seguía la senda emprendida por otros países escasamente 'socialcomunistas'. Es el caso de Reino Unido, Francia o Portugal.