Policías señalan persecución institucional por denunciar corrupción: 'Es inadmisible'

El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que un agente de Policía Nacional lleva ocho años viviendo un calvario judicial. Se trata del representante sindical de Sanlúcar de Barrameda. Hace más de ocho años este agente decidió denunciar un caso de presunta corrupción en una unidad de su comisaría. 

Para llevar a cabo esta denuncia ante mandos superiores, documentó los hechos para tener pruebas de lo denunciado. Sin embargo, ante la decisión de los responsables policiales de “mirar para otro lado”, decidió ponerlo en conocimiento de la ciudadanía.

Las pruebas mostraban a mandos influyentes y con poder en la provincia de Cádiz haciendo uso indebido de los bienes incautados. Actualmente el denunciante se encuentra acusado de “revelación de secretos” y se enfrenta a una posible pena de cinco años de prisión. El juicio tendrá lugar el próximo 24 de septiembre. 

Desde el SUP son muy tajantes con esta situación. Por ello, indican que “se trata de un caso ejemplar de integridad y cumplimiento del deber. Sin embargo, se ha convertido en un inquietante recordatorio de los problemas a los que se enfrentan aquellos que se atreven a alzar la voz contra la corrupción”.

Lejos de iniciarse una investigación interna las únicas represalias por estos hechos han sido contra el denunciante. Elcierredigital.com ha contactado con Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP.

“Esto es solo un caso más, ya que ha habido otras situaciones en las que el denunciante ha sido el represaliado. Nos parece algo inadmisible, ya que en 2023 se publicó una ley para proteger a los denunciantes de corrupción. Parece que eso no opera con los servidores públicos, que son los que más se arriesgan”, recalca Jacobo Rodríguez. 

El portavoz del SUP indica que “estamos muy preocupados, pero confiamos en la justicia. Qué duda cabe de que esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Debería haber sido una depuración de responsabilidades y es un calvario judicial para un honrado policía”.

Al ver la "pasividad" de la Dirección General de la Policía, desde el sindicato decidieron compartir un escrito para que la ciudadanía tuviese conocimiento. “Eso se ha convertido en su propia tumba, pero es algo injusto e inaceptable”, añade Jacobo.

“Había indicios más que suficientes”

Esta situación no se trata de un hecho aislado, ya que el mes pasado una guardia civil denunció presunta corrupción en el SEPRONA de Sevilla. “En la mayoría de los casos se depuran responsabilidades, pero hay veces que se da carpetazo a determinados asuntos. Esto no debería ocurrir nunca y menos cuando los hechos están claro”, observa Jacobo.

La subdirección de Recursos Humanos dijo que el uso privativo de esos bienes “es una rareza que no debía haberse producido”. Ante esto Jacobo señala que “si es una rareza se tiene que abrir una investigación y llegar hasta el final. Había indicios más que suficientes y la ley tiene que estar por encima de este tipo de calificativos”.

“Exigimos y demandamos que la vara de medir tiene que ser la misma para todos. Es una situación absolutamente indignante, a los valientes que se atreven a denunciar esto hay que protegerlos”, añade el portavoz del SUP. 

“Si lo que mostramos a los policías es que denunciar supone un calvario judicial se está generando miedo a denunciar. Si esto sigue así tenemos un problema”, concluye Jacobo Rodríguez. 

La situación vivida por el denunciante

La situación se remonta a febrero de 2015. El Secretario Local del SUP en Sanlúcar de Barrameda documentó y denunció prácticas 'altamente cuestionables' por parte de un grupo de policías nacionales adscritos a esa comisaría.

Cabe recalcar que la provincia de Cádiz es un punto geográfico español duramente golpeado por el narcotráfico. Sin ir más lejos, dos agentes fueron asesinados el 9 de febrero por una narcolancha.  

La denuncia del representante sindical se debió al uso privativo e inapropiado por parte de un grupo de agentes. En este caso, este uso estaba relacionado con el uso de una embarcación de recreo y de una motocicleta intervenidos a una organización criminal.

Desde el SUP recalcan que  estos hechos “representan una grave falta ética”. Asimismo, remarcan que “constituyen una violación directa del código deontológico que rige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Concretamente, se trata de los principios de integridad de la Ley Orgánica. 

El agente denunciante documentó los hechos y los denunció ante sus superiores. Su intención era mostrar oposición a cualquier práctica corrupta o abusiva que suponga un beneficio personal de un bien sujeto a custodia policial.

No obstante, la denuncia dio lugar a una situación “opuesta” a la que debería haber sido. Lo que debería haber sido el inicio de una investigación interna y una depuración de responsabilidades, se convirtió en el comienzo de “un calvario profesional y personal”.

Ante la indiferencia ocurrida tras la denuncia el denunciante puso los hechos en conocimiento de la ciudadanía. Desde el SUP indican que “los individuos captados usando la embarcación han utilizado su influencia para darle la vuelta a la situación. Lejos de recibir el apoyo de sus superiores este agente se ha encontrado con todo el aparato del Estado en su contra”.

Actualmente, el denunciante se encuentra acusado de “revelación de secretos” y será juzgado el 24 de septiembre. De hecho, se solicita una pena de cinco años de prisión para el representante sindical que se atrevió a señalar estos hechos. 

“Este caso no es solo sobre un agente, un representante sindical, enfrentándose a un juicio injusto, es mucho más. El futuro de nuestra seguridad, justicia y democracia depende de nuestra capacidad para defender a quienes defienden la ley. Incluso cuando esto significa enfrentarse al sistema mismo”, concluyen desde el SUP.