Una guardia civil denuncia presunta 'corrupción e inacción' en el SEPRONA de Sevilla

La brigada María Serrano ha hecho público un presunto caso de corrupción en el SEPRONA de la Guardia Civil de Sevilla. Asegura que están involucrados oficiales superiores.

La brigada Serrano llegó al SEPRONA de Sevilla en 2009 para ocupar el puesto del sargento. Todo este presunto caso de corrupción comenzó a raíz de dos notas informativas del SEPRONA de Málaga.

Serrano y un compañero suyo comenzaron a investigar. Descubrieron la presunta relación del cabo Enrique Castillo  con delitos cometidos por mercantiles y personas trabajadoras que gestionaban los residuos de forma ilegal. Posteriormente, María Serrano averiguó la presunta vinculación de este cabo con las actividades ilegales de la pesca.

La brigada informó de lo averiguado al Teniente Diego Morilla Ramos y al Teniente General de la Guardia Civil de Sevilla, Laurentino Ceña Coro. También al Coronel Jefe de la Comandancia, Fernando Mora Moret. 

Estos mandos, comenta, “en vez de investigar decidieron atacarme y abrirme un expediente por falta grave. Tras no haber sanción el cabo Castillo quedó de jefe del equipo del SEPRONA de Sevilla".

"Fue protegido por el Coronel Mora Moret y por el Teniente General de la Guardia Civil de Sevilla, Laurentino Ceña Coro. Estos decidieron creer al investigado”, relata Serrano. 

Los hechos fueron archivados y comenzó “una persecución” contra María Serrano. Tras esto, Serrano ha tenido 18 pleitos con la Guardia Civil. 

“Cuando a un guardia civil se le imputan delitos con ocasión de servicio lo normal es dar cuenta inmediata a la dirección general. Se eleva propuesta de suspensión de funciones con cese en el destino y se le abre un expediente disciplinario con cese en las funciones", explica.

"No se hizo absolutamente nada de esto. No entiendo la impunidad de este cabo con todas las cosas que había hecho”, indica Serrano. 

Según lo relatado este 28 de agosto, tras esto, María Serrano fue llamada al despacho del coronel Fernando Mora Moret. Allí “aguantó media hora de gritos por parte de los tres mandos por investigar lo que tenía que investigar”. Estos gritos de media hora fueron escuchados por decenas de personas.

“Tenemos grabaciones que no se han admitido. El juzgado dijo que no había delito y que esos gritos de media hora fueron una ‘riña paternal’”, indica Serrano en la revelación pública. 

Actualmente, María Serrano tiene pendiente un juicio penal militar por una presunta denuncia falsa ante la “riña paternal” sufrida.

El denunciante es el actual General de División y Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Fernando Mora Moret. En esta denuncia se pide para Serrano un año de prisión militar. Todo surgió de una querella contra Mora Moret por estos hechos.

Además de todo esto, Serrano ha sido destinada a varios puntos de España.  Fue imputada en el juzgado militar de Tenerife por decir que en la Guardia Civil hay corrupción y desahuciada de su vivienda en la Comandancia de Sevilla.

“Mi situación actual es excepcional y desafía toda lógica”, explica María. La brigada sufrió represalias, algo que está prohibido en el derecho español por la ley 2/2023. Pero “para continuar con el proceso se amparan en que son hechos anteriores a la vigencia de esta ley”, señalan.

Los inicios del presunto caso de corrupción

La primera investigación relacionada con esta presunta trama de corrupción comenzó cuando María Serrano llegó a la unidad del SEPRONA en octubre de 2009. “Desde el principio vi a una persona que muestra una total disconformidad con cumplir cualquier orden. Tal es así que en menos de un año me vi en la obligación de dar cuentas disciplinarias por varias faltas graves y solo fui sancionado por una”, relata la brigada. 

En junio de 2012 Diego Morilla Ramos fue designado teniente. Tras su llegada al cargo María Serrano señala: “me llamó a su despacho, le conté todo y me dijo, “te vas a olvidar de todo lo que haya ocurrido en el pasado y si hace falta educarás al cabo y a los guardias"". No obstante, en menos de tres meses se enviaron dos notas informativas desde el Seprona de Málaga. 

En ellas se investigaban delitos cometidos por mercantiles y personas trabajadoras que gestionaban los residuos de forma ilegal. El responsable era un amigo del cabo Castillo y cuando lo imputaron empezó a decir que llamaran al cabo Castillo, ya que “no se hacía nada sin que él lo sepa. Todos los pasos que damos los sabe el cabo Castillo”, relató el investigado.

María Serrano y su compañero comenzaron a investigar. Relataron un informe donde quedó de manifiesto que tanto el cabo primero Castillo, como un guardia civil de la unidad, conocían al investigado y su actividad.

Posteriormente, una persona denunció a estas empresas ilegales. Esta denuncia fue investigada por el cabo Castillo y este guardia. “Lo que hicieron fue meter la denuncia en el cajón y no investigar nada”, observa María Serrano.

El hecho de permitir la actividad de estas empresas ilegales que gestionan residuos de aceite vegetal usado producía ciertos riesgos. Estos riesgos eran la salud pública, la contaminación ambiental, problemas en el alcantarillado y los riesgos económicos.

Serrano recalca que “pese a estas conclusiones mis tres mandos superiores no adoptaron ninguna medida y el informe fue metido en un cajón”.

Los avances del caso

La segunda investigación concluyó en la Operación Ceda, donde se desarticuló el funcionamiento de todas estas empresas ilegales. En esta segunda investigación la implicación del cabo fue mucho más peligrosa, pero “tampoco se hizo nada”, recalca.

No obstante, se inició otra investigación que concluyó en el informe pelícano, que fue entregado en noviembre de 2013. Serrano explica: “En este informe descubrimos que había asuntos relacionados con Mercasevilla y la pesca. Pusimos de manifiesto que se trataba de varios asuntos profesionales relacionados con la comercialización ilícita de productos pesqueros".

María y su compañero descubrieron que durante sus horas de servicio el cabo Castillo redactaba los recursos de las empresas ilícitas  que habían sido denunciadas. Serrano señala: “Encontramos en su ordenador un montón de recursos desde el año 2000. De hecho, llegó a acudir como testigo a varios juicios”.

El Juzgado de Instrucción nº2 de Sevilla abrió diligencias previas e imputó al cabo Castillo.  Se intervino su disco duro y se detectaron escritos exculpatorios para las personas que habían sido sancionados y que eran remitidos a la justicia.

Se tomó declaración a la gente que venía en los expedientes. “Esta gente dijo que los recursos se los hacía y firmaba el cabo, por lo que también estamos ante un delito de falsedad documental”, observa la brigada.

A raíz de aquí comenzó una  enemistad entre el teniente Diego Morilla Ramos y María Serrano. Posteriormente, entregó un informe recogiendo la inactividad de los mandos que terminó por dinamitar la relación. El juez archivó el caso al considerar que los delitos habían prescrito.

“Todo ha resultado en responsabilidad cero para los presuntos delincuentes, de hecho a uno de ellos se le ha dejado como jefe de equipo del SEPRONA durante años. Se trata del cabo primero Enrique Castillo Martínez", apunta.

"Con esto busco ser ejemplo práctico de que se pueda denunciar la corrupción. La Guardia Civil es una institución honorable, no caben las manzanas podridas”, concluye María Serrano.