Montaje El poder de Óscar Pierre, CEO de Glovo: Qué hay tras los graves problemas de su app
La Seguridad Social pide 450 millones a Glovo, fundada por este ingeniero, y la sanción podría superar los 860 millones
Es probable que Óscar Pierre (Barcelona, 1992), fundador y CEO de Glovo, nunca imaginara que su idea de crear una app para recados acabaría siendo un 'dolor de cabeza' judicial. La Seguridad Social le reclama a Glovo, que fundó con 22 años, 450 millones de euros en cuotas e intereses. Todo por haber mantenido durante años un modelo de repartidores autónomos.
La cifra, que se recoge en la memoria de Delivery Hero —la multinacional alemana propietaria de Glovo—, eleva hasta 860 millones la cantidad a la que podría enfrentarse la filial. La compañía ya ha depositado 40 millones y prepara el desembolso de los 450 millones para poder seguir recurriendo.
La reclamación, fruto de años de investigaciones de la Inspección de Trabajo, es el último episodio de una saga judicial que ha puesto a Pierre bajo el foco. En pocas palabras, las autoridades le acusan de haber utilizado durante años la figura del falso autónomo para crecer de forma explosiva.
Él responde que siempre siguió la normativa y que su modelo, basado en la flexibilidad, era lo que los repartidores querían. La discusión, sin embargo, se trasladará a los tribunales: además de las contingencias económicas, Pierre se enfrenta a un proceso penal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Inicios prometedores y el 'boom' de Glovo
Para comprender el calibre de esta historia conviene repasar los orígenes de Pierre, que nació en una familia de emprendedores. Su padre, Óscar Pierre Prats, fundó la consultora digital Aggity; su primo Carlos Pierre creó la aplicación de alquiler Badi, y su abuelo Ramón Miquel impulsó la distribuidora de alimentos Miquel Alimentació. Óscar Pierre, por su parte, estudió Ingeniería Aeroespacial en la Universitat Politècnica de Catalunya y completó la carrera en Georgia Tech, en Estados Unidos.
Mientras estudiaba creó dos plataformas sociales: Zikkomo.com, para conectar voluntarios con proyectos en Malaui, y LoveItLocal.es, para promover negocios artesanales.
Tras graduarse fichó como ingeniero aerodinámico en Airbus, pero a los seis meses renunció. “Quería empezar algo propio, pensar en grande”, contó años después. Fue entonces cuando detectó el éxito de Postmates en Estados Unidos y decidió replicar el concepto en España.
En 2015 cofundó Glovo junto a Sacha Michaud y Marta Ripoll de Damborenea. La aplicación permitía encargar un antojo a cualquier hora y recibirlo en minutos. La clave estaba en una red de repartidores dispuestos a desplazarse con su moto o su bici a cambio de un pago por pedido. En poco tiempo la startup se expandió por Europa y Latinoamérica.
En 2019 se convirtió en el segundo 'unicornio' español tras cerrar una ronda de 150 millones de euros. En 2021 batió el récord nacional al levantar 450 millones. Pierre, que entonces tenía 28 años, apareció en la lista 30 Under 30 de Forbes y se convirtió en uno de los jóvenes empresarios más admirados del país. Actualmente tiene 33 años y continúa viviendo en su ciudad natal, donde se le ve implicado en el ecosistema emprendedor.
Fuera de los tribunales y las oficinas, Pierre intenta mantener una rutina normal. Fuentes de su entorno lo describen como un emprendedor que, más allá de Glovo, dedica su tiempo a la familia, a su compañera sentimental y a su círculo de amigos. Entre sus aficiones están los deportes náuticos y el kitesurf. Un lujo acorde con la vida acomodada de quien creció en el barrio barcelonés de Pedralbes.
Aunque evita hablar de su domicilio, su actividad social se desarrolla en Barcelona: además de recibir a otros emprendedores en su casa, es habitual en podcasts y tertulias sobre startups.
El origen de la controversia
El éxito de Glovo y los lujos de Óscar Pierre, sin embargo, enfrentan un problema serio: el régimen laboral de los repartidores. Glovo operaba con ellos como autónomos, una fórmula que reducía costes laborales y evitaba cotizaciones, pero que cada vez más tribunales consideraban fraudulenta. El Tribunal Supremo sentenció en septiembre de 2020 que existía relación laboral entre Glovo y sus repartidores.
Un año después el Gobierno aprobó la llamada ley rider. Esta modificó el Estatuto de los Trabajadores para obligar a las plataformas a contratar a sus repartidores.
Algunas empresas, como Just Eat, adoptaron rápidamente el nuevo modelo. Glovo siguió defendiendo la flexibilidad y realizó pequeños ajustes en su aplicación sin cambiar la esencia de su sistema.
Desde entonces, la Inspección de Trabajo multiplicó las actas y las sanciones. En 2021 las autoridades calcularon que Glovo debía 267 millones de euros en cotizaciones impagadas. La compañía adaptó su operativa para dar más autonomía a los repartidores, pero la Fiscalía siguió calificando el sistema de “fraudulento”.
Pierre y su defensa argumentan que no hubo objeciones formales hasta 2018 y que desde entonces han cumplido con cada requerimiento judicial. Sin embargo, la controversia no ha dejado de crecer.
El día que Óscar Pierre pasó por el juzgado
El 3 de diciembre de 2024 marcó un punto de inflexión. Ese día, el consejero delegado de Glovo declaró ante el Juzgado de Instrucción n.º 31 de Barcelona. Lo hizo como investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores. La vista duró apenas 15 minutos.
Pierre solo respondió a su abogado y a la fiscal. Insistió en que el cambio hacia la contratación no era parte de una estrategia de defensa, sino de voluntad de evitar tensiones con la administración. A pesar de ello, la acusación popular, representada por CGT, sigue adelante y advierte de que el delito podría acarrearle hasta seis años de prisión.
Ese anuncio de regularización, que Glovo comunicó el 2 de diciembre de 2024, supuso la renuncia al modelo de autónomos. La empresa aseguró que incorporaría a 14.000 repartidores como asalariados y que extendería el cambio a sus operaciones en 900 ciudades.
En España se calcula que afectará a 15.000 riders, aunque el Ministerio de Trabajo estima que la plataforma ha empleado a más de 60.000 personas desde el 2021. La medida llegó con retraso, pero era inevitable: las actas de la Inspección y las sentencias del Supremo habían dejado a la firma sin margen para sostener la vieja estructura.
El anuncio no le permitió esquivar la acción judicial. Los técnicos de Trabajo y la Fiscalía valoran que la empresa se benefició de un ahorro de costes que podría alcanzar 645 millones de euros. Pierre, en cambio, defiende que muchos repartidores preferían seguir como autónomos, tal y como se reflejaba en una encuesta interna cuestionada por los sindicatos.
Más allá del litigio laboral en Glovo
La “guerra” de Pierre con la regulación no termina en España. El pasado mes de junio la Comisión Europea multó a Delivery Hero y a Glovo con 329 millones de euros por pactar no contratar a repartidores de la competencia e intercambiar información comercial sensible. Delivery Hero deberá abonar 223 millones y Glovo 106 millones, según la resolución comunitaria.
Además, Just Eat presentó una demanda de 295 millones por competencia desleal al considerar que el uso de autónomos le otorgó a Glovo una ventaja. No obstante, un juzgado mercantil de Barcelona la desestimó. Para Delivery Hero, que posee el 94% de Glovo, todas estas contingencias suman un riesgo significativo y la propia matriz admitió que su filial no podría pagarlas sin apoyo financiero.
La suma de multas y reclamaciones coloca al hasta ahora 'niño prodigio' del emprendimiento español en una situación complicada. No obstante, Pierre mantiene apoyos entre inversores.
La compañía ha comenzado a contratar repartidores y cuenta con liquidez de su accionista alemán, que cerró 2024 con 3.800 millones de euros 'libres'. Su reto ahora es demostrar que Glovo puede seguir creciendo con un modelo que respete los derechos laborales y supere la sombra del fraude.
Más noticias: