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Una mujer con expresión seria está superpuesta sobre una imagen de un repartidor de Glovo en motocicleta en una calle urbana.
INVESTIGACIÓN

Cómo afecta en España la regularización de empleados de Glovo: El plan de Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo pasa por momentos bajos con las malas previsiones electorales de Sumar y el caso Errejón


Yolanda Díaz está intentando capitalizar la decisión de Glovo de regularizar a 15.000 empleados. Decisión tomada tras sufrir millones de euros en multas por parte del Ministerio de Trabajo. La institución gubernamental le ha realizado miles de inspecciones laborales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se encuentra en momentos 'bajos'. La razón son las pésimas previsiones electorales de Sumar y el 'caso Errejón', que ha estallado contra su formación. 

Desde los aledaños de Podemos aseguran que en la decisión de Glovo ha pesado la de sus rivales de JustEat de denunciarles por competencia desleal. Esta compañía les reclama 295 millones de euros.

La decisión de Glovo de regularizar a estos 15.000 empleados en España podría otorgar oxígeno a Yolanda Díaz, que se encuentra en horas bajas. La ministra "pretende usarlo como arma para restablecer su popularidad política", explican fuentes cercanas a la institución.

El caso Glovo

La multinacional Glovo ha anunciado que cambia su modelo de negocio en España. La empresa pasará a poner en nómina a sus repartidores, tal y como exige la legislación española. Hasta ahora, la compañía funciona con 'falsos autónomos'

Repartidor en motocicleta con mochila amarilla de Glovo circulando por una calle.
Trabajador de Glovo. | EP

Su fundador, Oscar Pierre, se ha defendido en los tribunales tras una denuncia de la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito contra los trabajadores. 

Posible sanción europea

La compañía de origen español y capital alemán Glovo sabe desde hace meses que desde Bruselas puede llegarle una cornada. El motivo es haber conformado un 'cártel' con su antigua rival y hoy propietaria, Delivery Hero. Ambas empresas están acusadas de repartirse mercado o compartir informaciones comerciales. 

Estas presuntas prácticas anticompetitivas se habrían producido desde julio de 2018. Fue cuando la alemana Delivery Hero tomó una posición minoritaria en la empresa fundada en Barcelona en 2014 por los españoles Sacha Michaud y Óscar Pierre Miquel. También en junio de 2022, que fue cuando los teutones se hicieron con el control de la misma a cambio de 230 millones de euros. 

Mujer hablando en un evento con micrófono de diadema y gesticulando con las manos.
Yolanda Díaz. | EP

Los rumores provocaron que la matriz de Glovo aprovisionase, a inicios de mes, 400 millones de euros para cubrir la posible sanción. Estos se acumularían a los más de 200 millones de euros que le ha interpuesto Inspección de Trabajo por incumplir la 'ley rider' de 2021. Principalmente en lo relativo a la figura de falsos autónomos en su plantilla o la contratación de extranjeros sin permiso de trabajo. 

"El sector de las aplicaciones de reparto de comida a domicilio es un sector en rápido crecimiento, en el que debemos proteger la competencia. Esta es la razón por la que estamos investigando si Delivery Hero y Glovo acordaron repartirse los mercados y no captar mutuamente a sus empleados". Así lo afirma la vicepresidenta responsable europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Nuevas denuncias

CCOO demandó a Glovo por incumplir la legislación laboral en Navarra y en el resto del Estado. Explica el sindicato que la empresa de reparto a domicilio ya fue obligada a reconocer como trabajadoras de la compañía a 206 personas. El fallo lo emitió el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Y el sindicato acusó a la empresa de continuar "saltándose de manera sistemática la normativa laboral que regula su actividad". 

CCOO exigió "la actuación inmediata y eficaz de los organismos de control de la legislación laboral para determinar que los más de 300 riders que actualmente se encuentran trabajando en Navarra en régimen de falsos autónomos para la empresa deben ser recalificados como trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena". 

Persona en bicicleta con mochila amarilla de Glovo en una calle urbana.
Trabajador de Glovo. | EP

En la demanda, CCOO insta a la Tesorería General de Seguridad Social a la devolución de cuotas de autónomos abonadas por parte de los y las trabajadoras de la empresa. Para el sindicato, "el reconocimiento por parte del Estatuto de los Trabajadores como empleados por cuenta ajena en su disposición adicional vigesimotercera es suficiente para que este colectivo pueda recibir de manera íntegra unas cuotas que nunca debieron abonar"

Esta demanda se une a las ya impulsadas por parte del sindicato en periodos anteriores. Previa a la aprobación de la Ley Rider, CCOO de Navarra reclamó el reconocimiento de la relación laboral entre empresa y trabajadores. Fue entre los periodos de octubre de 2018 y agosto de 2019 y entre septiembre de 2019 y agosto de 2021. 

En ambos casos, según CCOO, "ha desobedecido el fallo de Inspección, en el que se instaba a laboralizar a los repartidores y las repartidoras". Hasta la fecha, dice el sindicato, "Glovo ha demostrado su incapacidad para mantener a flote un modelo de negocio que respete la normativa laboral". 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló contra Glovo

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó en 2022 la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao. El fallo decía que los y las repartidoras de Glovo son falsos autónomos. Por tanto, su relación es de naturaleza laboral

En dicho juicio, el sindicato vasconavarro 'LA' compareció en representación de 53 demandantes. La empresa interpuso recurso de suplicación en el TSJPV, instancia que declaró firme la sentencia. 

"Esta sentencia es un paso importante contra la precariedad que padece este sector y que estaba extendiéndose a otros ámbitos. Los y las repartidoras estarán sujetos a la normativa laboral. Llegados a este punto y, siendo ya incuestionable la laboralidad de quienes realizan tareas de reparto para estas plataformas, el reto es otorgarles un marco de protección que vaya más allá del Estatuto de los Trabajadores y de la aplicación del salario mínimo interprofesional", afirmó el sindicato. 

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