Novedades en el caso Negreira: Las claves del informe final de la Guardia Civil

Hace año y medio estalló uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos relacionado con el fútbol español. El caso Negreira ha puesto en tela de juicio la estructura directiva del fútbol en España. Partiendo de uno de sus clubes más históricos, como es el FC Barcelona, y llegando hasta la  Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Esta trama gira en torno a los pagos del FC Barcelona a  José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA, y su grado de autoridad para influir en las decisiones de los colegiados de Primera División. 

Los actuales imputados son los expresidentes blaugranas Sandro Rossel y Josep Maria Bartomeu.  También están incluidos en la causa los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y el hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA),  Javier Enríquez. No obstante, el 31 de mayo la Audiencia de Barcelona exculpó al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Asimismo, tumbó la imputación del club por presunto cohecho. Los delitos que se investigan son los de corrupción en los negocios, administración desleal, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y cohecho.

Sin embargo, ha aparecido una nueva figura en la trama que investiga la Guardia Civil e instruye el titular del Juzgado nº1 de Instrucción de Barcelona, Joaquín Aguirre. La Guardia Civil ha presentado el informe definitivo ante el juez. En este informe se indica que  la pareja sentimental de Negreira, Ana María Rufas, ingresó en sus cuentas tres millones de euros “injustificados”. 

Este dinero llegó a la cuenta de Rufas entre 1992 y 2023, es decir, durante el periodo que su pareja formó parte del CTA. El informe subraya que el origen de esos fondos es aparentemente injustificado por “las rentas y rendimientos del trabajo y del capital mobiliario". En este punto cabe recalcar que el bar de la pareja de Negreira jugó un ‘papel clave’ en el caso, ya que fue lugar de reunión de Negreira con varios árbitros y cargos deportivos. 

Claves del informe de la Benemérita

Otra de las claves de este informe es que la Guardia Civil concluye que el FC Barcelona pagó a Negreira por informes fantasma. De hecho, detalla que se pagó 7,5 millones de euros al exnúmero dos de los árbitros por  asesorías arbitrales que no han sido halladas. Es relevante destacar que el principal objetivo de la investigación es determinar los motivos y trabajos que justifican estos pagos. 

Del informe se desprende que los fondos de más de 7.5 millones de euros que recibieron las empresas vinculadas a Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero  se vehiculizaron a través de varias sociedades administradas por terceros. En ellos había omisiones de entre el 30% y el 50% de los pagos realizados por el FC Barcelona.

Según la Guardia Civil los fondos se vehiculizaron a través de sociedades administradas por José Contreras Arjona y José María Molinario Valls, recibiendo comisiones significativas antes de llegar a las empresas vinculadas a los Enríquez. Arjona fue miembro de las  juntas directivas del club blaugrana durante las presidencias de José Luis Núñez, Joan Gaspart y Josep María Bartomeu. Molinario Valls es abogado y guardaba relación con el fallecido Arjona. 

Cabe recalcar que Enríquez Negreira se acogió a su derecho a no declarar ante el juez Aguirre. Previamente, trató de evitar testificar alegando deterioro de memoria por Alzheimer. El movimiento de su defensa, llevada por el abogado Daniel Pérez-Esqué, no tuvo éxito. Un informe de los forenses reflejó que Negreira padece Alzheimer, pero que este no le incapacita para comparecer.

En el informe de la Benemérita se recoge que Negreira declaró que su trabajo consistía en observar partidos y asesorar al club para asegurar que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra. Sin embargo, esta justificación fue insuficiente para explicar los elevados pagos recibidos.

Asimismo, según el informe la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) determinó que los pagos realizados no estaban debidamente justificados. También determinó que no había conexión clara con servicios prestados, clasificándolos como "mera liberalidad", gastos fiscales no deducibles.

Declaraciones más relevantes recogidas en el informe y posible encubrimiento

El informe también recoge varias declaraciones que podrían ser de gran relevancia. El delegado del primer equipo del FC Barcelona, Carles Naval, declaró que recibía los informes y los guardaba, pero nunca nadie se los pidió para utilizarlos, lo que sugiere que los pagos por dichos informes no estaban justificados.

Otra declaración relevante es la de Ernesto Valverde. El exentrenador del FC Barcelona desde 2016 hasta 2020 habría desmontado la principal coartada respecto a los informes. Valverde declaró que nunca recibió ni utilizó los informes elaborados por Javier Enríquez Romero, cuestionando la necesidad y utilidad de estos informes.

El informe sugiere la posibilidad de un encubrimiento mediante la eliminación o desindexación de información relevante en línea. Empresas especializadas en gestión de reputación y desindexación digital podrían haber sido contratadas para este fin, dificultando la labor de investigación judicial. Por ende, se podría estar ante un delito de encubrimiento digital.

Por todo esto, han propuesto una serie de diligencias. Una de ellas es el requerimiento de información a empresa de desindexación. La intención sería investigar contratos y actividades de empresas especializadas en desindexación digital para determinar su participación en el encubrimiento. 

Otra es obtener datos de Google por medio de la solicitud de información sobre enlaces eliminados relacionados con el caso. Por último, proponen analizar las cuentas bancarias  de las personas físicas y jurídicas involucradas para rastrear el destino final de los fondos pagados por el FC Barcelona.

El informe de la Guardia Civil presenta un caso complejo de posibles delitos y un sofisticado esquema de encubrimiento. La gravedad de las acusaciones subraya la necesidad de una investigación judicial rigurosa y transparente para esclarecer todos los aspectos y determinar responsabilidades.