La Moncloa denuncia las cloacas, pero no aclara su nexo con Leire Díez: Que hay detrás

El tablero político español se ha visto sacudido por una serie de grabaciones que vuelven a poner sobre la mesa a las 'cloacas del Estado'. La polémica gira en torno a la militante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset.

Ambos habrían buscado información sobre miembros de la Guardia Civil y fiscales vinculados a causas que han salpicado al entorno del presidente Pedro Sánchez.

El Gobierno se presenta ahora como víctima de un supuesto "frente judicial, policial, mediático y político, que va contra ellos". Y dice estar sufriendo un 'golpe de Estado blando'. 

Saca del bául, con este nuevo mensaje mediático de víctima de los bajos fondos, los tiempos ya olvidados del felipismo socilalista. Aquél que para justificar sus corrupciones y prebandas desde las cloacas del Estado llegó a definir que había un "sindicato del crimen" detrás de todo. Una presunta organización criminal formada en esos primeros años de los noventa por periodistas empresarios y jueces.

Ahora, más de 30 años después, se vuelve a la carga con el mismo mensaje. Pero ya no es el felipismo, es el sanchismo quien lo lanza. Así lo señala una voz del entorno gubernamental citada por El País: "Hay una mesa en Madrid formada por periodistas, jueces, policías, miembros del Ibex 35 y del PP que está trabajando para armar todo esto".

Vuelven los años noventa del felipismo

Quizá por eso, desde la oposición creen que el PSOE está volviendo a utilizar las cloacas del Estado como herramienta de defensa. Y esta no sería la primera vez. En los años 90, durante los últimos compases del felipismo, el partido ya recurrió a estructuras opacas del aparato estatal.

Lo hizo para intentar contener una creciente presión judicial y mediática. La misma estaba marcada por los escándalos de corrupción y la implicación del Estado en la guerra sucia contra ETA. El Ejecutivo practicó un presunto terrorismo de Estado a través de los GAL.

Aquella etapa, que terminó con la derrota electoral del PSOE en 1996, estuvo atravesada por un clima de descomposición política e institucional. Así, altos cargos del Gobierno del PSOE eran señalados por la Justicia. Entre los mismos se encontraban el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y su número dos, el todopoderoso Rafael Vera. 

En aquella etapa, surgieron mecanismos no oficiales para obtener información, proteger aliados e influir en procesos judiciales sensibles.  Fue entonces cuando el término 'cloacas del Estado' comenzó a cobrar fuerza en el debate público.  Y se señaló al llamado "sindicato del crimen": desde periodistas a jueces.

Pérdida del control del relato

La denuncia del Gobierno sale ahora a la calle, a través de sus medios afines, después de un mes muy complicado. Un período en el que La Moncloa ha perdido el control del relato. Desde el apagón a los whatsapp de José Luis Ábalos, pasando por los vídeos de Leire Díez, todo le ha puesto las cosas cuesta arriba. 

Más que hablar de una estrategia deliberada del actual Gobierno para crear o controlar esas estructuras paralelas, parece más preciso apuntar a la utilización de algunos miembros del poder de las mismas. El Gobierno, enfrentado a una legislatura especialmente complicada, podría estar utilizándolas mientras las denuncia. 

Eso sí, si se prueba la connivencia entre un personaje tan carbonizado como Leire Díez y el todavíoa secretario de Organización socialista Santos Cerdán,  la presunción de inocencia del PSOE sobre los bajos fondos saltaría por los aires. Y colocaría al partido de Sánchez en una situación muy delicada ante la opinión pública. Quizá por ello calla de sus nexos y vínculaciones privadas con Leire Díez. 

¿Víctimas o actores en un tablero viciado?

Parte de la oposición acusa al Ejecutivo de jugar a dos bandas. Porque, según ellos, denuncia la existencia de las cloacas mientras, supuestamente, se beneficia de ciertos mecanismos opacos para protegerse. 

Lo que sí parece evidente es que el relato de victimización, lejos de ser nuevo, remite a estrategias políticas del pasado. Como recordamos los periodistas ya veteranos, en 1993, en un contexto distinto pero con tensiones parecidas, el PSOE utilizó ya ese discurso del "Estado amenazado".

Lo hizo para cohesionar a sus bases. Y también para defender la legitimidad de sus decisiones frente a lo que entonces se definía como una ofensiva de los 'poderes fácticos'. Que posiblemente los había, pero no realizaban juegos mucho más sucios que los aliados menos presentables del felipismo. 

Es verdad, que esta estrategia de víctima no es exclusiva del PSOE. Es habitual que los gobiernos, de cualquier signo, recurran a una narrativa de asedio externo cuando se sienten cuestionados. No obstante, es importante distinguir entre una legítima defensa institucional frente a maniobras oscuras y un posible uso interesado del relato para desviar la atención de errores propios.

El poder del 'establishment'

La creciente desconfianza hacia los medios de comunicación y las instituciones económicas añade también otra capa a este negro entramado.

Algunas filtraciones apuntan a una cierta connivencia entre actores del sector policial y el bloque de la oposición. Aunque no hay pruebas claras de coordinación, sí existe una percepción generalizada de que ciertos sectores del poder policial y jurídico influyen, directa o indirectamente, en el clima mediático.

Eso no significa necesariamente que exista una conspiración organizada. Pero no sería de extrañar su existencia. Cabe recordar que en los tribunales se ha probado que Podemos y los líderes del procés sufrieron guerra sucia por parte de las cloacas.

Moncloa quiere recuperar el relato

El Ejecutivo de Sánchez intenta recuperar a toda costa la iniciativa y controlar el relato. Especialmente, de cara a un nuevo ciclo político. Algunos ya interpretan sus últimos movimientos como una campaña de 'salvamento'. De hecho, aluden a una estrategia defensiva para blindarse frente a futuras filtraciones o procesos judiciales.

Otros fieles lo ven como una legítima defensa frente a intentos de desestabilización. "Pero todo apunta a que la postura del PSOE podría obedecer a un intento de mantener la reputación entre 'los suyos' para tapar errores propios",  señalan fuentes políticas a elcierredigital.com. 

Es cierto que aliados del PSOE dicen que "el Gobierno, si quiere, tiene ahora la oportunidad de demostrar que sus denuncias son algo más que una maniobra defensiva". Y afirman que "si de verdad quiere romper con las cloacas, tendrá que ser valiente y asumir los costes de una limpieza profunda", explican estas mismas fuentes.

El PSOE señala al PP

En su defensa el PSOE señala al PP. Fuentes socialistas recuerdan que el Partido Popular no ha quedado exento de señalamientos en torno al uso de las cloacas del Estado. Y señalan que "durante los gobiernos de Mariano Rajoy, especialmente entre 2013 y 2017, se destaparon múltiples operaciones paralelas".

Apuntan a una utilización del aparato policial y mediático con fines políticos. Y afirman que "los principales objetivos de aquella guerra sucia fueron Podemos y el independentismo catalán".

Uno de los casos más emblemáticos fue el del excomisario José Manuel Villarejo. Su implicación en el diseño de campañas de intoxicación informativa, espionaje y filtraciones comprometedoras ha sido reconocida judicialmente.

A través de informes sin base legal, operaciones encubiertas y connivencia con medios afines, se orquestaron estrategias dirigidas a erosionar la credibilidad de adversarios políticos del entonces Gobierno.

Podemos, por entonces en auge electoral, fue objeto de informes fabricados, como el llamado "Informe PISA". Este atribuía una presunta financiación ilegal a la formación de Pablo Iglesias desde Irán o Venezuela.

Dicho informe fue filtrado a la prensa sin firma ni procedencia oficial. Y jamás fue admitido como prueba en sede judicial. A pesar de su falta de validez, cumplió su función: minar la reputación pública del partido morado en un momento decisivo.

En paralelo, el procés catalán también fue abordado desde estas estructuras informales. Informes policiales no judicializados circularon por redacciones. El objetivo era vincular a líderes independentistas con delitos económicos, narcotráfico o conexiones internacionales sospechosas. Algunas de estas filtraciones fueron posteriormente desmentidas o archivadas. Pero el daño mediático ya estaba hecho.

Y ahora, de nuevo años después, se vuelve a la carga con el mismo mensaje. "Hay una mesa en Madrid formada por periodistas, jueces, policías, miembros del Ibex 35 y del PP que está trabajando para armar todo esto". La vida política se repite. El sanchismo necesita retomar el relato al coste que sea. Aunque sea viejo y se saque del baúl de los recuerdos al 'sindicato del crimen'.