Los miembros del Gobierno, enfrentados por los alojamientos Airbnb: Pulso interno

La vivienda sigue marcando agenda y ha generado un pulso interno en el Consejo de Ministros. El Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy (Sumar), ha abierto expediente contra la plaforma Airbnb por ofertar vivienda turística sin licencia. 

El Ministerio de Vivienda que lidera la socialista Isabel Rodríguez no ha tomado medida alguna contra esta multinacional. Así lo están criticando en público parlamentarios de Sumar. 

Fuentes socialistas recuerdan que ninguna administración se ha mostrado tan rotunda contra la plataforma como el Ayuntamiento de Barcelona que lidera el PSC. El alcalde Jaume Collboni ha asegurado que antes de 2028 habrán desaparecido los más 10.000 pisos turísticos que existen en la Ciudad Condal. 

Enfado de Airbnb

La compañía ha alzado la voz y acusa al consistorio barcelonés de beneficiar a los hoteles. "Tras comprobar que, después de 10 años de moratoria absoluta para la obtención de licencias de Viviendas de Uso Turístico, los precios de los alquileres y de las propiedades en la ciudad han crecido en un 70% y un 60%, respectivamente, sorprende que desde su gobierno municipal sigan poniendo el foco en estas últimas a la hora de abordar la crisis de la vivienda".

"Al igual que en la ciudad de Nueva York, es evidente que las restricciones contra las viviendas de uso turístico en Barcelona a lo largo de la última década no han cumplido su promesa de combatir los problemas de accesibilidad a la vivienda y de turismo de masas", explican.

España y el acceso la vivienda

El 60% de la ciudadanía española dice sufrir problemas de acceso a la vivienda, según varias encuestas. Y esta situación está conllevando un creciente hartazgo que algunos tildan de 'turismofobia'.

En realidad, este fenómeno responde exigencia de límites. El sector, por un lado, dispara los datos macroeconómicos españoles. Y por el otro, destroza a las clases populares. 

El boom de los pisos turísticos está disparando los alquileres y ha provocado reacciones limitantes de instituciones como el Gobierno de España. El Ejecutivo ha promovido un cambio sobre la Ley de Propiedad Horizontal. Así obliga a los aspirantes a arrendadores de pisos a conseguir el apoyo del 60% de su comunidad.

Mientras, el Ayuntamiento de Madrid ha bloqueado la concesión de licencias. Y el Barcelona ha prometido eliminar los 10.000 existentes en los próximos 4 años. 

Estas intervenciones comprometen a la plataforma Airbnb. Ha renovado argumentario y asegura que en 2023 generó en España 3.600 millones de euros en impuestos. También que provocó un impacto económico de 8.500 millones de euros y facilitó la creación de 130.000 puestos de trabajo. Además de contribuir a descentralizar la economía al vender apartamentos en 5.200 localidades del país. 

Prácticas anticompetitivas, también en el sector de la venta de vivienda

La ciudadanía accede a la compra o alquiler a través de plataformas como Idealista. Esta ofrece más de 19.000 casas y pisos en venta en Madrid, y más de 9.000 en alquiler.

Fuentes cercanas a Sumar denuncian que plataformas como Idealista promueven la "adulteración de los precios de la vivienda". Y en el PSOE estudian cómo podrían condicionar algunas de las estrategias de esta mastodóntica inmobiliaria online. 

Cabe recordar que en 2021 Idealista fue multada por pactar con Remax, Inmovilla, Look & Find, Witei, MLS y Anaconda. Todo para fijar precios e intercambiar información en el mercado de la intermediación inmobiliaria. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia denunció la "implantaron en España un sistema de exclusivas compartidas. Con él imponían comisiones mínimas de intermediación. En general, para participar en el sistema, se exigía una comisión mínima del 4% para la compraventa y de un mes para los alquileres". 

"La participación en este sistema (MLS) limitó la capacidad de las inmobiliarias de competir y de fijar comisiones independientemente", añadió la CNMC. El organismo consideró que estas prácticas constituyen una infracción única y continuada. Está contemplada en los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y es constitutiva de cártel. 

La multa conjunta fue de 1,25 millones de euros de los cuales más de la mitad, 730.000, tuvieron que ser abonados por Idealista.

Y prácticas anticompetitivas en el sector hotelero

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto este año a Booking.com la mayor multa del organismo: 486 millones de euros. La sanción ha cobrado gran eco y ha recibido el aplauso de muchos propietarios de hotel o pisos turísticos que llevan años protestando con una empresa que se está granjeando enemigos por sus condiciones. 

Este expediente de Competencia tiene su origen en dos denuncias de la Asociación Española de Directores de Hotel. También de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, "harta" del trato que Booking dispensa a sus afiliados. 

Booking ha filtrado que prepara recurso. Y excusa su decisión de no permitir a hoteles y propietarios de pisos que ofrezcan en sus webs precios más bajos que en el gigante hotelero que exige grandes comisiones. 

"El objetivo de la cláusula de paridad es garantizar que las tarifas y condiciones que se publican en la plataforma sean competitivas. De modo que los clientes puedan beneficiarse de costes de búsqueda más bajos. Así como evitar que un alojamiento se aproveche de las inversiones cuantiosas que realice Booking.com", señala el portal 'holandés'.