Los Cierco, 'reyes de Andorra': Vuelven al foco tras una década del escándalo del BPA

Durante décadas, la familia Cierco fue sinónimo de poder económico y estabilidad en Andorra. Propietarios de la  Banca Privada d'Andorra (BPA)  y accionistas mayoritarios del extinto Banco Madrid, los Cierco eran parte de la élite empresarial del pequeño Principado. Igual que otras familias influyentes como los Pintat, los Reig o los Cerqueda. 

Sin embargo, su imagen se vio profundamente erosionada desde 2015. Fue entonces cuando su imperio bancario se desplomó tras ser acusado de facilitar operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al crimen organizado.

La tesis andorrana admite que había escándalos. Pero señala que la intervención tuvo tintes políticos porque el Gobierno de Mariano Rajoy buscaba 'cazar' a los próceres del independentismo catalán. Hoy, en 2025, la familia busca cerrar ese oscuro capítulo de su historia y  retomar el control narrativo de su legado empresarial.

Lo intentarán tras la resolución judicial de este martes. El fallo condena a Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, a siete años de prisión por blanqueo de capitales. El Tribunal de Corts de Andorra ha considerado que la entidad facilitó el blanqueo de 70 millones de euros del grupo chino Gao Ping entre 2007 y 2011.

La sentencia es la primera en el caso BPA, tras las acusaciones de Estados Unidos en 2015 que llevaron a la intervención del banco en Andorra y España.

Además de la cárcel, Miquel deberá pagar una multa de 30 millones de euros y no podrá trabajar en el sector bancario durante diez años. La pena es menor a la solicitada por la fiscalía, que pedía ocho años de prisión y 100 millones de multa. Entre los condenados están también el exdirector adjunto de BPA, Santiago de Rosselló, con seis años de prisión y una multa de 12 millones.

El revés

Otra sentencia, en este caso la de la Audiencia Nacional del 11 de octubre de 2023, supuso un revés para la familia. El tribunal rechazó la petición de indemnización por 142 millones de euros contra el Banco de España. Lo hizo al considerar que la intervención del Banco Madrid en 2015 fue legal, razonable y proporcionada.

Los magistrados respaldan la actuación del supervisor financiero español, que se basó en informes del Sepblac. Y, sobre todo, en una durísima acusación lanzada por el FinCEN, la unidad contra delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fue este organismo quien calificó a la BPA como una "institución de preocupación prioritaria" por presuntas actividades de lavado de dinero.

Aquel golpe fue fulminante. BPA quedó automáticamente aislada del sistema financiero internacional. Y, en consecuencia, el Banco Madrid (que coqueteaba con el procés y se promocionaba en las radios de la ultraderecha madrileña) fue intervenido por el Banco de España y posteriormente liquidado. La reputación de los Cierco quedó en entredicho. Y la familia, símbolo del conservadurismo financiero andorrano, se enfrentó no solo a investigaciones judiciales en España y Andorra. Sino también al derrumbe de uno de los pilares de su fortuna.

A pesar de que en 2019 los gestores del Banco Madrid fueron exculpados por la justicia española, el daño ya estaba hecho. Desde entonces, los Cierco han buscado vías para restaurar su imagen y recuperar lo que consideran suyo. A través de sus abogados han propuesto una iniciativa inédita: una ley de amnistía que ponga punto final al llamado 'caso BPA'.  Según el equipo legal, no se trata de pedir perdón, sino de olvidar un proceso judicial que, en su opinión, ha sido politizado e injusto.

Las cloacas, otra vez

Esta propuesta ha generado debate dentro y fuera del Principado. Para algunos, se trata de una estrategia desesperada. Para otros, de un intento legítimo de pasar página. Lo cierto es que la familia ha llevado también la batalla al terreno político. 

En una reciente reclamación de responsabilidad patrimonial, han exigido al Estado español una compensación de casi 375 millones de euros.

Alegan que su caída fue resultado de las llamadas 'cloacas del Estado', actuando bajo el Gobierno del Partido Popular. Esto debido a que pudo formar parte de una ofensiva contra el independentismo catalán, dado que BPA mantenía vínculos financieros con sectores del entorno soberanista.

Ocho décadas de poder

Más allá de los litigios, los Cierco continúan siendo una pieza clave del engranaje económico andorrano. Su conglomerado empresarial, Grup Cierco, fundado en 1946 por Higini Cierco García, ha sobrevivido al escándalo y sigue activo. La familia ha logrado mantener una notable presencia en sectores como el inmobiliario, la distribución comercial y las telecomunicaciones.

Hoy, el grupo está dirigido por Roser Noguer y sus hijos Higini y Ramon Cierco Noguer, con una tercera generación que ya comienza a tomar posiciones en el liderazgo corporativo.

El legado empresarial de los Cierco es innegable. Su trayectoria simboliza la evolución del tejido económico de Andorra. Ha pasado de una economía basada en el comercio de frontera y el turismo de compras a un modelo más sofisticado, financiero y globalizado. Pero también refleja sus sombras.

Como muchas de las grandes familias del Principado, los Cierco no se han escapado de la leyenda negra que pesa sobre los clanes que dominaron Andorra durante el siglo XX. Acusados, a menudo sin pruebas, de haber construido sus fortunas gracias al contrabando o al expolio de republicanos que huían de la Guerra Civil española.

En la actualidad, la irrupción de los 'youtubers' y 'streamers' que han trasladado su residencia fiscal a Andorra ha alterado ligeramente el panorama de poder. Aunque lo han hecho sin desplazar por completo a las históricas familias. Los Cierco siguen ocupando un lugar destacado,  pero el aura de intocabilidad se ha roto.

El reto ahora es doble: limpiar su nombre en el ámbito judicial y reposicionar su legado empresarial ante las nuevas generaciones andorranas. Si lo consiguen, podrían transformar una década de crisis en una oportunidad de reinvención. Pero el camino está lejos de ser sencillo: la sombra del caso BPA sigue proyectándose sobre su apellido. Y aunque el tiempo y la absolución judicial juegan a su favor, la memoria pública no siempre se rige por la lógica de los tribunales.

Con casi 80 años de historia, el Grup Cierco busca hoy reafirmarse como un actor económico legítimo en un país que, como ellos, también ha tenido que reinventarse tras sus propias crisis. La pregunta que sigue en el aire es si el pasado les permitirá construir ese futuro.